Con la muerte de Fernando
VII y la llegada al trono de Isabel II, se inicia, propiamente, el proceso de
construcción del Estado liberal. Es decir, desde 1833, definitivamente el
Antiguo Régimen va a ser derribado. No obstante, el resultado de este proceso
no va a ser la recuperación de las ideas de 1812, sino que se van a aplicar los
conceptos de Jovellanos y de otros teóricos como Donoso Cortés, más reticentes
a desarrollar la soberanía nacional. Por
ello, este proceso de construcción del liberalismo va a caminar hacia un modelo
de régimen que va a mantener una gran parte de herencias del régimen anterior,
si bien es cierto que experimenta importantes cambios estructurales.
Éste es el relato del proceso que terminó de desmantelar,
en principio, el régimen en el que la multiplicidad de situaciones jurídicas (privilegios) y el sistema de monopolio
de los medios de producción y de la
soberanía política. Hasta qué punto este proceso se completó, o, por el
contrario mantuvo permanencias del anterior es otra cuestión.
1-Pleito dinástico y opciones
políticas. La regencia de María Cristina
En 1830, tres años antes de la muerte de Fernando VII,
ya había tres opciones políticas preparadas para la sucesión del Rey:
- Liberales: fortalecidos por los
liberalismos europeos que estaban triunfando, como la Revolución de julio
en Francia.
Los liberales defendían un sistema de soberanía
nacional, un sistema de control de la Iglesia por el Estado, de libertades
económicas, de extensión de los derechos individuales y de las libertades
públicas, de homogeneización jurídica y de la reducción de privilegios de todo
tipo, etc.
Este modelo se había materializado, previamente, en la
obra revolucionaria de la Constitución de Cádiz y en el trienio liberal del reinado de Fernando VII, pero no había cuajado.
- Realistas-Carlistas: se apoyaban en don Carlos, el hermano menor
de Fernando VII, que estaban reforzados sobre todo desde la Revuelta
de los agraviados (o malcontents) de 1827.
Su discurso reivindicaba, sobre todo:
·
El
ultracatolicismo: se trataba de reponer a la Iglesia como estamento
privilegiado a nivel social y económico con la derogación de la legislación
liberal sobre desamortizaciones… pero, además, a nivel político con la entrada
de prelados en las instituciones consultivas del rey.
Con estas
medidas, don Carlos conseguía el apoyo de muchos obispos y de la Iglesia. Pero,
sobre todo, de los párrocos rurales empobrecidos con la legislación liberal.
·
La defensa de
los fueros: este aspecto ha sido muy controvertido, porque algunos, como Josep
Carles Clemente, defienden que don Carlos fue foralista desde el primer momento, y otros, como Jordi Canal, que
sólo cuando estalló la guerra y se generalizó, prometió recuperar los fueros. Así, don Carlos se distanciaba de los
burgueses liberales, más centralistas, y conseguía el apoyo de las minorías que
se beneficiaban de las particularidades forales y los privilegios.
·
El Antiguo
Régimen en lo político (monarquía de origen divino de talante absoluto con
apoyo de los estamentos privilegiados), en lo social y en lo económico
(propiedades vinculadas y amortizadas y privilegios de todo tipo). Así se
granjeaba el apoyo de los sectores nobiliarios absolutistas y de muchos
campesinos.
- Reformistas: eran todos aquellos que
pretendían reformar el sistema, pero superficialmente (elaborar presupuestos…)
o simplemente a nivel administrativo, sin afectar a la estructura de la
soberanía. Por ello, no luchaban por una apertura política, sino sólo administrativa.
Se trataba, como consecuencia, de racionalizar la gestión de los recursos y de
limitar la soberanía real, pero no eliminarla.
Eran los herederos de los afrancesados y de los liberales moderados doceañistas del trienio
liberal.
Como consecuencia de todo lo dicho, en la guerra no se
trataba de ventilar diferentes opciones dinásticas, sino políticas, ya que
detrás de cada candidato había una forma diferente de entender el Estado.
El asunto estalló tras los Sucesos de la Granja de
1832, cuando Fernando VII nombró un nuevo gobierno de moderados, técnicos y
herederos de la Ilustración que defendían reformas económicas y
administrativas, pero nada de reformas políticas.
Lo presidió Cea Bermúdez, quien
retomó la política del reformismo ilustrado del XVIII. Por ello, este
período fue una especie de Antiguo Régimen, pero reformado.
En 1833, muerto ya Fernando VII, la princesa Isabel
juró como heredera de la corona. No obstante, su tío don Carlos, amparándose en
la Ley Sálica, argumentó que las mujeres por tradición no podían suceder
si había un familiar cercano varón. Por ello, declaró ilegal la sucesión de su
sobrina y defendió sus derechos al Trono. Así se inició una guerra civil contra
María Cristina, quien había asumido la Regencia del país porque su hija era aún
menor.
La regente, con el título de Reina Gobernadora,
que tampoco era partidaria de un sistema de libertades políticas y económicas,
instauró un régimen mezcla del absolutismo monárquico y del reformismo
ilustrado. Este sistema estaba basado en el Estatuto
Real de 1834 como marco jurídico fundamental.
Con ello, la Regente se acercó a los liberales
conservadores, aunque sin caer en el liberalismo puro. Así pues, este nuevo
régimen político empezó a desmantelar las estructuras políticas del Antiguo
Régimen, pese a no alterar la estructura de la propiedad. Es decir, en este
sistema político la soberanía real se empezaba a limitar ya que, de acuerdo con
ese Estatuto, se convocaba una cámara
baja formada por representantes de un electorado muy restringido, pero
electorado al fin y al cabo. Ahora bien, por lo que respecta a otyras
cueestiones, como la centralización del Estado, el paple de la Iglesia, o la
separación de poderes, el tipo de liberalismo, de aceptarse ese liberalismo,
era muy conservador porque a las elites del Antiguo régimen, aunque les
despojaba de sus privilegios estamentales y jurisdiccionales, les concedía gran
parte del poder económico y político.
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