Como sabemos, el reinado de Isabel II, a la altura de los años 60, y como resultado de la extrema corrupción, del agotamiento del modelo doctrinario de los moderados, así como de sucesos como la Noche de San Daniel, estaba finiquitado.
Así pues, desde el período de la Unión Liberal, los unionistas pretendieron ampliar la base electoral para hacer entrar en el juego a Prim y los progresistas. De hecho, el ministro de la Gobernación de O'Donnell, Rodríguez Vaamonde, presentó el 9 de enero de 1864 un proyecto de
Ley electoral, firmado el 9 de diciembre de 1863, pero no pudo ser porque siete días después cesaba
el Gobierno.
Este proyecto pretendió iniciar un camino intermedio entre la Ley electoral de 1837, progresista, la entonces vigente Ley de 1846 y el proyecto que se abortó en 1856, a raíz de la Constitución Non Nata.
Entre las causas de este proyecto encontramos la necesidad de adecuar la proporcionalidad del número de Diputados con la población real, que era, a la altura de la década de los 60, mayor que la que reflejaba el reparto de la Ley de 1846.
Otra causa era que al considerar que la Ley de
1837 falseaba los resultados y la de 1846 favorecía corrupciones y parcialidades
locales, resultaría conveniente ampliar los distritos más allá de los uniprovinciales, típico recurso de la manipulación electoral. Así pues, los nuevos distritos serían las provincias.
La proporción de Diputados sería de 1 por cada 40.000 habitantes
o más de la mitad, para que el número de Diputados no crezca excesivamente
respecto al actual. Teniendo en cuenta la proporción indicada, cada
distrito comprendería el equivalente de población con derecho a elegir
entre 3 y 6 Diputados.
Las poblaciones de 40.000 habitantes o más
formarían distrito propio, así como las provincias con menos de 120.000
habitantes o si tenían menos de 240.000 sin poblaciones de 40.000 habitantes,
es decir, que las provincias de 240.000 habitantes con pueblos de 40.000 habitantes tendrían que respetar el distrito de tales poblaciones,
aun en el supuesto de que no les correspondiesen a éstas, 3 Diputados.
En estos supuestos, se argumentaba que la población grande o una provincia
aún pequeña reunían las condiciones suficientes para que no imperasen
los localismos.
Las secciones se compondrían de 200 a 800 electores. La división
inicial de distritos la hace el Gobierno y las rectificaciones se hacen por
Ley, y respecto a las secciones, por el Gobierno, oído el Consejo de Estado
en pleno.
No obstante, este proyecto quedó en nada, y no consiguió frenar el proceso de descomposición de un régimen que no tenía suficiente con ampliar la base electoral. Su doctrinarismo era mucho más que ese elemento y, como consecuencia, provocó que el resto del arco político, desde los unionistas hasta los demócratas, crearan un frente común que se manifestó en el alzamiento del almirante Topete, en Cádiz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario