El tardofranquismo

Ya sabemos que en 1969 hubo un nuevo gobierno, en este caso homogéneo, que estaba controlado por el almirante Carrero Blanco aunque éste tardó tres años en llegar al cargo de Presidente del Gobierno (cargo que, por otra parte, se había separado de la Jefatura del Estado desde la LOE de 1967). 

Ahora bien, dentro del régimen empezaban a separarse los "inmovilistas", (el "búnker", mayoritarios en el Consejo del Movimiento Nacional) partidarios de instaurar una Monarquía pero con los principios y leyes del franquismo, y los "aperturistas" que, sin modificar las esencias autoritarias y católicas del sistema, permitieran la institucionalización de "asociaciones políticas" que no llegaran a partidos políticos. También defendían la ampliación de la base social del régimen mediante un sistema de elección sindical más abierto y un sistema de elección municipal con mayor participación del pueblo, pero siempre dentro del autoritarismo del régimen.  

Dentro de los aperturistas había un grupo más a la derecha, que era esencialmente continuista con la esencia del sistema, y un grupo más a la izquierda que pretendía una apertura futura a una democratización de parte de las estructuras políticas. 

En cuanto a los problemas a los que se tuvo que enfrentar el régimen, al estar esencialmente anclado en el sector más inmovilista, aparecieron movimientos sociales de oposición. 

Éstos fueron de varios tipos: en primer lugar, los obreros, que desde dentro de las fábricas pedían cada vez más cambios laborales, insatisfechos por el sindicalismo vertical. Pero es que a este movimiento se sumó también el de las comunidades de vecinos, y el de la Iglesia progresista. Y, por supuesto, los estudiantes y profesores No Numerarios de las universidades. 

El Gobierno, en aplicación de la LOE, recurrió al uso de la fuerza de orden público, militarizada. Entre 1969 y 1973 ocho trabajadores resultaron muertos por las acciones de la policía y en junio de 1972 era detenida la cúpula dirigente de las ilegales «comisiones obreras». Por su parte, los alumnos y los profesores interinos universitarios (PNNs) siguieron sufriendo el azote de las intervenciones policiales, las sanciones administrativas, las detenciones gubernativas y los asaltos de los nuevos grupos de extrema derecha tolerados por las autoridades (Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva,...).

Más dura fue la represión que se aplicó en el País Vasco y Navarra para hacer frente a la creciente actividad terrorista de ETA. En 1969, por ejemplo, fueron detenidas 1.953 personas, de las cuales 890 fueron maltratadas, 510 torturadas, 93 juzgadas por el Tribunal de Orden Público y 53 en consejos de guerra.

A finales de 1970 el gobierno decidió que un tribunal militar juzgara conjuntamente a 16 personas acusadas de militar en ETA (entre ellas dos sacerdotes) como medida ejemplarizante. Pero el efecto que se logró fue exactamente el contrario del que se pretendía, ya que el anuncio del juicio sumarísimo que finalmente se celebraría en diciembre en Burgos levantó una ola de solidaridad en el País Vasco y en Navarra que fue un revulsivo clave para que el nacionalismo vasco recuperara su implantación social —el gobierno en respuesta decretó el estado de excepción por seis meses—. Además, durante el proceso, ETA secuestró al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, dejándolo en libertad el 25 de diciembre. Al día siguiente el tribunal dictó la sentencia, condenando a 9 de los acusados a la pena de muerte y al resto a penas de prisión.

El que fue conocido como «juicio de Burgos» suscitó también una campaña internacional de solidaridad con el pueblo vasco y a favor del restablecimiento de las libertades democráticas en España. Como consecuencia de esta presión, el Movimiento Nacional organizó una gran manifestación de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente de Madrid. Era el mismo procedimiento que había seguido cuando la ONU decidió aislar al régimen, y que después ocurriría ante la presión internacional por los últimos fusilados, en 1975.

Asimismo, el «juicio de Burgos» supuso un nuevo episodio en el proceso de alejamiento entre la Iglesia Católica y el franquismo. En concreto, el Proceso de Burgos provocó la redacción de una pastoral conjunta de los obispos de San Sebastián y de Bilbao criticando la pena de muerte y en contra de que se juzgara a los acusados por la jurisdicción militar. Recordemos que ya existía el TOP, que, de alguna forma, sustituía el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y del Comunismo, y el resto de tribunales militares que habían estado aplicando la Ley de Responsabilidades Políticas. La vuelta a los tribunales militares con este proceso suponía una vuelta atrás en el proceso de pretendida apertura del sistema, y la Iglesia no lo iba a permitir. Así pues,  la Conferencia Episcopal Española se pronunció a favor de la clemencia y de las garantías procesales. 

Al final, en vista del eco despertado y de las numerosas peticiones de clemencia llegadas de todas partes, el general Franco conmutó el 30 de diciembre las nueve penas de muerte que había dictado el tribunal militar.

Tras el «juicio de Burgos» las tensiones entre el régimen franquista y la Iglesia Católica continuaron en ascenso, sobre todo después de que en mayo de 1971 fuera nombrado arzobispo de Madrid el Cardenal Tarancón, quien después ocupó la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, ya que Tarancón era partidario de acabar con el «nacionalcatolicismo» y con la «colaboración» con el régimen. De hecho, el Concilio Vaticano II ya había denunciado estas situaciones, y Tarancón no hacía más que aplicar los acuerdos de dicho concilio.

Franco, por su parte, recibió la defección de la Iglesia y su jerarquía con auténtico desconcierto y profunda amargura, estimándola en privado como una verdadera puñalada por la espalda. El almirante Carrero Blanco fue aún más lejos y se quejó en público, en diciembre de 1972, de la ingratitud eclesiástica hacia un régimen que, desde 1939, «ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento de culto, etc."». 

La tensión alcanzó un punto máximo a principios de mayo de 1973 con motivo del funeral de un policía que había sido apuñalado el 1 de mayo por una nueva organización terrorista antifranquista llamada FRAP. Durante la ceremonia grupos de extrema derecha dieron mueras contra los «curas rojos» y contra el cardenal Tarancón, al que gritaron «Tarancón al paredón», un improperio que sería repetido durante los años siguientes.

A mediados de 1973 era cada vez más evidente el fracaso político del «continuismo inmovilista» de Carrero y los «tecnócratas», lo que revelaba que el franquismo «había entrado una fase terminal de crisis estructural en virtud de su creciente anacronismo respecto al propio cambio social y cultural que había generado el intenso desarrollo económico de los años sesenta. En 1970 la sociedad española ya sólo era diferente de sus homólogas europeas por la peculiar y desfasada naturaleza autoritaria de su sistema político».