LA CUESTIÓN SOCIAL EN LA II REPÚBLICA. BREVES APUNTES.

Esta entrada versa, de forma muy somera y general, de la forma en la que se abordaron los problemas sociales en la II República. No se trata de realizar una descripción pormenorizada, sino de plantear algunas cuestiones que pueden quedar pendientes en las clases.

En este aspecto, deberemos comenzar por recordar cómo se abordaron los problemas sociales durante el sistema de la Restauración. Si partimos de la premisa de que se trató, como ya apuntó Joaquín Costa en su obra Oligarquía y caciquismo, de un sistema oligárquico y nada democrático, en el que la soberanía o poder de decisión política, residía de forma compartida en la Corona y en unas Cortes muy mediatizadas y adulteradas, deberemos suponer el escaso interés que se tomó el régimen a la hora de abordar el problema social.

Y era un problema muy serio. Recordemos que la estructura de la sociedad se caracterizaba por su acusada polarización. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió, como ya sabemos, a raíz de la subida de precios acaecida como consecuencia del incremento de la demanda, gracias a la neutralidad durante la I Guerra Mundial. Los obreros, tanto los industriales como los campesinos, vieron muy reducida su ya limitadísima capacidad adquisitiva. Recuérdese el cuadro que autores como Pérez Sánchez realizan de la situación de los trabajadores en el Valladolid de la Restauración. Y ello, pese a que la Comisión de Reformas Sociales y el posterior Instituto de Reformas Sociales ya habían propuesto ciertos cambios. Pese a estos proyectos, de carácter reformista y muy imbuidos por la Doctrina Social de la Iglesia, y pese a las medidas de Dato, Maura, Canalejas y otros (descanso dominical, jornada de ocho horas para los obreros industriales, ley de huelga de 1909...) la situación de los trabajadores de las fábricas y de los campesinos era realmente paupérrima: condiciones de trabajo lamentables, ausencia de subsidio de paro, un reclutamiento militar desigual (a la redención en metálico sucedió el soldado de cuota, que era un sistema que endulzó, pero no modificó, los privilegios de las clases adineradas a la hora de solventar el problema del servicio militar), una muy desigual distribución de los beneficios de las fábricas, paros estructurales y friccionales muy serios...

Durante la dictadura de Primo de Rivera, el régimen paternal del general trató, beneficiado por la positiva coyuntura económicas mundial, de paliar en parte estos problemas, y fomentó los comités paritarios, que se supone que iban a resolver los conflictos laborales entre los patronos y los trabajadores. Pero, en la práctica, éstos últimos iban a ver muy limitada su capacidad de influencia en el sistema.

Con el advenimiento de la II República, y el diseño del gobierno provisional y la victoria de la Conjunción republicano-socialista en las elecciones a Cortes de 1931, se abordó un amplio programa de reformas de talante reformista y democrático. El entonces ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, antiguo estuquista y persona muy experta dada su labor sindical durante la dictadura, emprendió el citado paquete de medidas. Entre ellas, caben citar las siguientes:
- Ley de jornada máxima de trabajo.
- Ley de accidentes de trabajo en la agricultura.
- Ley de contratos de trabajo.
- Ley de jurados mixtos (que vinieron a sustituir a los inoperantes e insatisfactorios, para los obreros, comités paritarios). Un problema, antes de desembocar en una huelga, debía pasar a resolverse en el jurado mixto.
- Ley de accidentes de trabajo en la industria.
- Ley de contratación laboral, de 21 de noviembre de 1931 (basada en varios proyectos del Instituto de Reformas Sociales). Esta medida abarcaba a todos los trabajadores, y abordaba todo lo relativo al pago de salarios, vacaciones pagadas (de una semana), responsabilidad patronal en las enfermedades profesionales... y la determinación de que la huelga y el paro patronal (lock out) no implicaban la extinción del contrato de trabajo. Por todo ello, fue la base de la ley de 1944, vigente durante muchas décadas.

Gran parte de estas medidas, sobre todo la última, fueron denunciadas como insatisfactorias por la CNT, y, en ocasiones, incluso por la UGT, lo que nos debe hacer pensar que no se trataba precisamente de medidas revolucionarias.

En este apartado, se debe hacer referencia al sistema de seguridad social. Éste se trató der regular mediante la ley de 1931,la ley de bases de accidntes de trabajo, la ley de enfermedades profesionales... Éstas determinaban que se tenía que crear una caja del seguro contra el paro forzoso. Recuérdese que, cuando un obrero se quedaba en paro, o en situación de baja laboral, era una mutualidad solidaria voluntaria y privada, la que corría con los riesgos. No era el Estado, que, al ser liberal, no intervenía en ciertos aspectos de la sociedad y de la economía, el que se encargaba de resolver estas situaciones sociales. Los obreros eran los que se encargaban de autoprotegerse, y, como mucho, recibían algunas subvenciones por parte del Estado.

La nueva legislación favorecía las aportaciones estatales a las mutuas de obreros. No obstante, planteaba ciertas restricciones a estas ayudas. Por ejemplo, sólo cuando la ayuda a los parados no excedía del 60% del sueldo ordinario, y no se concedía por un período superior a los sesenta días al año. Tampoco debía concederse a los obreros que percibieran un salario de 6.000 pesetas anuales, con lo que se excluían los trabajadores cualificados. Y, además, el trabajador, para beneficiarse de estas ayudas, debía cotizar al menos durante los seis meses anteriores a la percepción de la ayuda.

Como consecuencia de todo esto, se puede deducir que, en materia de previsión laboral, la legislación del primer bienio, no fue precisamente muy avanzada. De hecho, estuvo muy por debajo de los límites acrodados por la OIT. Los republicanos de derechas, por ejemplo, se negaron a la creación de seguros para combatir el paro forzoso.

En este punto, no obstante, hay que recordar, una vez más, que los políticos de la II República se vieron muy lastrados por las consecuencias económicas del crack de 1929, que, si bien no afectaron muy directamente a nuestro país, limitaron mucho las medidas que se programaron. No fue lo mismo que en la década anterior, en la que la relativa bonanza económica benefició la política paternalista de Primo de Rivera.