BREVES OBSERVACIONES SOBRE EL PROBLEMA RELIGIOSO EN LA II REPÚBLICA

EL PROBLEMA RELIGIOSO EN LA II REPÚBLICA.

Los dirigentes de la II República se plantearon, desde el inicio, la asunción de una serie de medidas que resolvieran los diferentes problemas que lastraban a la España de la época, y que la apartaban de la modernización que encarnaba el continente europeo. Por tanto, eran los herederos de la tradición intelectual inaugurada por los masones, luego continuada por personas de la talla de Emilio Castelar (recordemos la primera cuestión universitaria, allá por 1865) y seguida por los krausistas depurados a raíz de las medidas de Orovio, que dieron lugar a la Institución Libre de Enseñanza, así como de regeneracionistas en la línea de Joaquín Costa. De esta forma, se trataba de burgueses e intelectuales que trataban de modernizar y democratizar el país en todos los órdenes.

Esta democratización no se diseñó desde una perspectiva radical, sino simplemente reformista, como hemos defendido en otras entradas. Desde este planteamiento, los dirigentes de la II República decidieron solucionar el, en su opinión, excesivo peso de la Iglesia, como estructura de poder y como elemento coaccionador y modelador de conciencias.

Así, ya desde la redacción de la Constitución, tras las elecciones a Cortes Constituyentes, se planteó esta importante cuestión. La Iglesia en España, desde la construcción del Estado liberal, había pervivido como estructura de poder político, económico, social y cultural. Es cierto que ya no conservaba los privilegios inherentes a un estamento del Antiguo Régimen, pero la forma en la que se construyó el sistema político liberal le permitió disfrutar de una considerable influencia en amplios órdenes de la vida.

A nivel social, el control de los matrimonios, de las defunciones, de las diferentes publicaciones (poder conferido por el Concordato de 1851, por las sucesivas leyes de imprenta, por las medidas de Orovio…), de las costumbres, de la moralidad, e incluso de gran parte de la enseñanza, pertenecía a la Iglesia.

A nivel económico, esta institución, dispuso de importantes recursos. Leyes como la de dotación de culto y clero de 1845, la anulación de la desamortización eclesiástica, o los sucesivos artículos que reconocen la oficialidad de la religión católica, y que consagran la obligación del Estado de mantener las manifestaciones religiosas y los profesionales del culto, desarrollaron este principio de mantenimiento económico de la Iglesia, pese a que las desamortizaciones antes citadas le amputaran parte de su patrimonio.

Así fue como se diseñó el sistema político liberal-doctrinario imperante durante la mayor parte del siglo XIX y el primer tercio del XX (con las salvedades del Sexenio democrático, pese a la relativa vigencia del Concordato, o el Bienio Progresista). Un sistema liberal con grandes reminiscencias del Antiguo Régimen.

El resultado de todo ello era la pervivencia de una institución, políticamente muy conservadora, que legitimaba la forma en la que se regulaban las relaciones laborales y sociales entre los diferentes grupos (saliendo perjudicadas las clases trabajadoras), que defendía a la Monarquía como forma de estado, que revindicaba la unidad de España…y que disponía de multitud de medios para seguir ejerciendo su influencia. El primero de ellos, la educación, desarrollada por multitud de instituciones educativas (en la enseñanza primaria, por medio de las escuelas parroquiales; en la secundaria, a través de las órdenes religiosas, y en la universitaria, mediante universidades como la Universidad Comercial de Deusto, o el Instituto Católico de Artes Industriales, el ICAI), y la deseducación, puesto que el analfabetismo favorecía la no aplicación del sufragio universal, y el control de las conciencias y de las posturas políticas de la población.

Contra esta situación clamaron los políticos de la II República. Como la Iglesia observó cuál iba a ser la actitud de los republicanos, el cardenal Segura, a la sazón primado de España, firmó la declaración de 7 de mayo de 1931, en la que de alguna manera se pronunciaba a favor de la monarquía. Asimismo, los miembros del Círculo Católico Independiente se manifestaron en contra del nuevo régimen. La reacción no se hizo esperar: algunos anticlericales extremistas salieron a las calles y el 11 de mayo se dedicaron, en Madrid y otras ciudades importantes, a incendiar conventos e iglesias.

A consecuencia de estos hechos, dentro del Gobierno Provisional surgieron voces que clamaron contra estos exaltados, como Miguel Maura. De igual forma, gran parte de la sociedad denunció la pasividad de las autoridades republicanas, con lo que el régimen empezó a ganarse enemigos declarados. Por ello, el 14 de mayo monseñor Segura fue conminado a salir del país, y el vicario general de Vitoria, monseñor Echeguren, fue detenido.

Estos hechos fueron ahondando la brecha que ya existía, entre las fuerzas católicas conservadoras, y el régimen de la II República. La aprobación de los artículos 24, 25 y 26 de la Constitución de 1931 terminaron de marcar las diferentes posiciones. Incluso algunos ministros, como el citado Miguel Maura, o el propio presidente, Niceto Alcalá Zamora, se vieron obligados a dimitir por cuestiones de conciencia.

¿Qué pretendían las autoridades republicanas de centro-izquierda y de izquierda, durante esta primera etapa de la II República? En primer lugar, y como objetivo prioritario, separar la Iglesia del Estado, por lo que se denunció el Concordato de 1851. Y en esta línea, la absoluta libertad de confesión religiosa.

Otro objetivo era el control, por parte del Estado, de todo tipo de organización eclesiástica, para laicizar el Estado. Y asimismo, nacionalizar parte de las propiedades de la Iglesia, eliminar del presupuesto la partida de culto y clero, secularizar los cementerios (muy importante, porque los niños muertos sin bautizar, los fallecidos por suicidio, o los ateos, no tenían acceso al cementerio, a raíz de lo cual estaban sometidos a las presiones de las autoridades eclesiásticas locales), igualar a todos los hijos ante la ley (no como antes, cuando los hijos naturales eran eliminados de los testamentos…).

Como medidas concretas, sobre todo en el primer período, el bienio azañista, nos encontramos el decreto de 24 de enero de 1932, de disolución de la Compañía de Jesús, y de confiscación de sus bienes. Se trataba de una orden religiosa que explícitamente obedecía al Papa, y que disponía de numerosas instituciones educativas. No obstante, esta medida no se llegó a aplicar en su totalidad, porque muchas de sus propiedades, sobre todo sus inversiones, no se tocaron. Además, gran parte de sus instituciones educativas no se podían nacionalizar, ya que dejaban un importante vació en la prestación de esta función, que el Estado republicano no podía asumir.

Otra medida fue la ley de 2 de junio de 1933 sobre congregaciones religiosas. En ella, y en línea de lo planteado en el párrafo anterior, se llegó a fijar la fecha de 1 de octubre de 1933 como tope para el ejercicio de tareas educativas por parte de las órdenes religiosas, y de las escuelas parroquiales. Sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente, el Estado no estaba preparado para asumir esta función en su totalidad.

En enero de 1932 se aprobaron las leyes de matrimonio civil, de divorcio, de secularización de cementerios… con ello se intentaba separar el Estado de la Iglesia. En principio, con ello incluso se autentificaría la práctica religiosa en España, pero la mentalidad excesivamente conservadora de determinados sectores, convirtió la actitud de los gobiernos de centro-izquierda, en uno de los motivos de la belicosidad de las derechas, y de la progresiva polarización política de la sociedad española. El desenlace, de todos conocido, tuvo lugar el 17/18 de julio de 1936.