Como sabemos, en septiembre de 1923, el teniente general Primo de Rivera dio un golpe de Estado para purgar, de una forma regeneracionista, el sistema corrupto, inestable y peligroso para la Monarquía y para la unidad de España. que era el sistema liberal-conservador de la Restauración.
Inicialmente, su intención fue, durante 90 días, poner en cuarentena el sistema, disolviendo las instituciones representativas sustituyéndolas por el Ejército. Esto implicaba eliminar el gobierno precedente, sustituirlo por una especie de Directorio Militar formado por militares de alta graduación (pero menor que la suya, por lo que eran generales de bvrigada y un contraalmirante) que le deberían asesorar. Y, de forma complementaria, se disolvían el Congreso de los Diputados y aquellos senadores electivos.
Para que las órdenes fluyeran con facilidad, las diputaciones se sustituirían por militares de menor graduación, continuando con la escala jerárquica del Ejército, hasta las instituciones locales, donde se ubicarían, en sustitución de los ayuntamientos, oficiales menores.
No obstante, con el tiempo, este sistema se prolongó hasta 1925. Ese año, además, el Directorio Militar fue sustituido por un Directorio Civil que, dos después, convocó la reunión de una Asamblea Nacional, que era de carácter consultivo (y, por ello, no soberana) cuyo cometido debería ser, además de ejercer como pseudo-cámara legislativa, la redacción de una nueva Constitución.
Sea como fuere, el principio rector del sistema se fundamentó en lo que se conoce como corporativismo estatal. Es decir, una forma de organización del poder político, pero también económico y social en la que la idea de base era que las personas, agrupadas en órganos, desempeñaban una función específica en la sociedad.
Se supone que uno de los problemas del liberalismo conservador era que se basaba en intentar armonizar a grupos sociales, políticos y profesionales que poco o nada tenían que ver. Como resultado, por ejemplo, el sufragio no se podía ejercer y aparecía la figura del cacique, personificación de la adulteración y de la corrupción del sistema.
Como podemos comprobar, esta idea ya la había desarrollado Maura, cuando, desde un punto de vista muy conservador (porque no cuestionaba la organización social, evidentemente desequilibrada), trató de hacer que el sistema de voto, al menos para las instituciones locales, se autentificase y reflejase la realidad social. Por ello, cada grupo socio-profesional debería ejercer su voto de forma separada.
En el caso del sistema de Primo de Rivera, este corporativismo se puso de manifiesto en las instituciones locales y provinciales diseñadas en base al Estatuto Local y al Estatuto Provincial. Y, más adelante, cuando ideó la Asamblea Nacional, así como el poder legislativo en el Anteproyecto de Constitución de 1929 (que no se llegó ni a discutir).
Corporativismo se observaba también en los comités paritarios. Estos comités eran parte de una organización que pretendía resolver los conflictos laborales que surgían por las diferencias entre obreros y empresarios, dentro de una institución que estuviese formada por representantes de unos y otros. Estos comités, presididos por un presidente nombrado por el poder, debían ejercer de árbitros en las discusiones laborales.
La organización en cuestión fue la Organización Corporativa Nacional, creada en 1926 por el entonces ministro de Trabajo del Directorio Civil, Eduardo Aunós, político muy influido por la Doctrina Social de la Iglesia.
En esta organización Primo de Rivera permitió (más bien, ofreció) participar a la UGT socialista (no a la CNT anarquista) como representantes de los trabajadores. Incluso Largo Caballero, líder histórico del PSOE y de la UGT, formó parte del Consejo de Estado como representante del Consejo Superior de Trabajo Comercio en Industria (donde se había adscrito el Instituto de Reformas Sociales, al que ya pertenecía el líder sindical) en una actitud que reforzó considerablemente el régimen de Primo de Rivera de cara a los obreros.
La organización en cuestión fue la Organización Corporativa Nacional, creada en 1926 por el entonces ministro de Trabajo del Directorio Civil, Eduardo Aunós, político muy influido por la Doctrina Social de la Iglesia.
En esta organización Primo de Rivera permitió (más bien, ofreció) participar a la UGT socialista (no a la CNT anarquista) como representantes de los trabajadores. Incluso Largo Caballero, líder histórico del PSOE y de la UGT, formó parte del Consejo de Estado como representante del Consejo Superior de Trabajo Comercio en Industria (donde se había adscrito el Instituto de Reformas Sociales, al que ya pertenecía el líder sindical) en una actitud que reforzó considerablemente el régimen de Primo de Rivera de cara a los obreros.
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