Breve comentario de Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender

Hace unos minutos he terminado de leer una novela muy interesante. Se titula Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender, y que está publicada por Ediciones Destino.

Se trata de una obra muy breve, de 106 páginas, aspecto que sospecho que interesará a mis alumnos (por desgracia, claro está). A lo largo de ellas, el escritor muestra lo acontecido durante la guerra civil española en una pequeña localidad rural del interior peninsular. Para ser más exactos, el autor nos muestra cómo el del pueblo, Mosén Millán, se prepara para oficiar una misa de réquiem por un campesino de la localidad, Paco el del Molino, a quien llegó a bautizar e incluso casar. El sacerdote empieza a recordar los diferentes episodios de la vida del campesino, hasta que es por fin ejecutado por los franquistas.

En la obra aparecen interesantes elementos que nos proporcionan datos del tipo de vida del interior rural peninsular en la España de los años treinta. Por ejemplo, se comentan las faenas típicas del campo, como la trilla (pagina 11) o el tipo de zapatos que solían calzar los trabajadores del campo (página 11). También aspectos como las costumbres religiosas (páginas 17, 28, 29...) o la mentalidad (páginas 20, 28...), así como la edad de primera visita a la escuela (página 22). Entre los elementos relacionados con las diferencias socioeconómicas, aparecen en la obra la pobreza del pueblo bajo y las formas de morir (páginas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39...), la situación de los terratenientes (página 43) o el apoyo de la Iglesia a la desigualdad social (página 44). También se hace referencia al sistema de reclutamiento mediante quintas y el coste que tenía para las familias mnenos pudientes (página 47).

Respecto a la contextualización histórica, este libro de Ramón J. Sender se inserta en los últimos años de la Dictadura de Primo de Rivera, pero sobre todo en la entrada de la II República y en la Guerra Civil. La obra muestra el entusiasmo con el que las masas populares acogieron el advenimiento del segundo régimen republicano de nuestra historia, y las esperanzas sociales que suscitó entre las gentes de más baja extracción social (páginas 55, 56, 57, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77...) per también la resistencia que supuso para su implantación la pervivencia de una mentalidad muy arraigada y que tendía a mantener la polarizada estructura social vigente entonces (página 58), pese a que se observaba un larvado y no manifestado anticlericalismo (página 61...).

En la obra el autor muestra la actitud de la Iglesia, que justificaba el mantenimiento de ciertas medidias y costumbres de dudosa legitimidad ética, como los derechos de la nobleza a percibir determinadas rentas por determinadas propiedades, aunque no hubiera papeles que lo justificaran (pagina 75).

En la novela, el autor refleja asimismo cómo se hacía la guerra en la retaguardia, cuando los franquistas iban ganando terreno y asentando su poder, e iban desarrollando y aplicando emdidas tendentes a restablecer los privilegios de las clases pudientes, que habían disfrutado y crecido con el régimen de la Restauración, pero que habían visto que el sistema político republicano había intentado limar mediante medidas reformistas, que no revolucionarias (paginas 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91...).

La obra concluye con el relato de la confianza que tiene la familia del personaje central, Paco el del molino, que acaba por confesar de forma accidental su paradero cuando éste se ha escondido al entrar en la aldea los falangistas que vienen de la ciudad. El párroco, pensando que hace lo correcto, acaba por confesar a las autoridades el secreto que, confiadamente, la familia de Paco le ha confiado, y éstas, faltando a la promesa que le hacen al religioso, de procurarle un juicio justo, lo asesinan cuando no ha hecho nada, en la tapia del cementerio.

Esta novela, sencilla y descarnada, de muy fácil lectura, muestra el tremendo dramatismo de la Guerra Civil que destrozó nuestro país entre 1936 y 1939...y que en realidad podría extenderse hasta que el sistema político cambió, dando entrada en su seno a TODOS los españoles, y no sólo a los que la ganaron.

No hay separación en capítulos, ni epígrafes, ni distinciones de ninguna clase. El lector se enfrenta a la prosa desnuda, sencilla, directa, sin barroquismos ni excesivos giros estilísticos. Una prosa tan sobria y austera como la vida de los campesinos españoles de la época, los verdaderos protagonistas de nuestra historia reciente. Por ello, nos encontramos ante una obra de importancia no sólo literaria, sino histórica y, por supuesto, y por encima de todas las cosas, humana.

Por todo ello, desde mi humilde punto de vista, creo que se podrían dedicar un par de horas a su lectura y su posterior reflexión. Algo podríamos aprender de nuestro pasado, que se revive en boca del narrador de unos hechos que sacudieron nuestro país. Unos hechos y un conflicto que aún persiste, lamentablemente, fuera de las aulas de la Universidad y de los centros de investigación histórica.

Opino honestamente que ciertos aspectos pertenecen al patromonio de todos los españoles, y por ello debería ser de sentido común la defensa del conocimiento de lo que ocurrió, y la reparación de los hechos. Ningún partido político debería abanderar la defensa de una u otra postura, sino que la necesidad y la urgencia de la reparación de las víctimas debería estar por encima de las diatribas de la política actual.

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE EXAMEN.

Concordato entre España y la Santa Sede, 27 de agosto de 1953.
“En el nombre de la Santísima Trinidad.
La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular un Concordato que […] constituya la norma que ha de regular las reciprocas relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española […].
Artículo I. La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española […].
Artículo VI. […] los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado […].
Artículo XIX. 1. La Iglesia y el Estado estudiarán de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.
Artículo XXlX. El Estado cuidará de que en las Instituciones y servicios de formación, de la opinión pública en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa […]”.

-. Julián Casanova, La Iglesia de Franco, 2001, p. 285.
“Cuando [la] armonización entre catolicismo y fascismo no podía defenderse ya tan alegremente en el extranjero, la dictadura de los vencedores tuvo que desprenderse de sus apariencias fascistas y resaltar la base católica, la identificación esencial entre el catolicismo y la tradición española […]. El ‘totalitarismo divino’ se hizo también humano y la jerarquía eclesiástica y los católicos entraron de manera oficial en el Gobierno y en los órganos consultivos del Estado”.

El objetivo del siguiente texto es redactar un escrito de reflexión histórica basándonos en las dos fuentes propuestas. Como es evidente, no es la única forma de hacerlo, pero podría ser una orientación sobre cómo reflexionar utilizando la información proporcionada por dos fuentes. No obstante, debemos incidir en que perfectamente se puede hacer de otra forma, y que en otro momento podríamos escribir de forma muy distinta. Aún así y todo, hoy proponemos el siguiente escrito.

A lo largo de este texto es importante establecer referencias a los documentos presentados, pero no transliterando información. Si de forma literal utilizamos alguna idea, deberemos especificar en qué partes del documento la encontramos, y entrecomillarla o utilizar la letra cursiva. Si decidimos utilizar simplemente la idea expresada, con especificar la fuente en la que nos hemos basado puede ser suficiente.
Por otra parte, este recurso a las fuentes propuestas no debe ser permanente ni exhaustivo. Sí puede ser recurrente, pero no en exceso. Encontrar el equilibrio entre una actitud y otra es algo que sólo debe hallar el que decida enfrentarse a una hoja en blanco. De todas maneras, también en este aspecto deberemos incidir en que en otro momento podríamos realizarlo de otra manera, de forma que ésta es tan sólo una posibilidad de solución ante el dilema que hallamos frente a nosotros, pero no la única forma de hacerlo.

Respecto a nuestro escrito, en un primer momento presentaremos las citas fuentes y expondremos el contenido de las mismas. De su lectura deduciremos a qué problema o proceso histórico hacen referencia y seguidamente trataremos de ubicar dicho problema o proceso histórico en uno de los grandes ejes temáticos del programa. Pero también deberemos exponer de forma muy somera las características generales del núcleo temático en que hemos incluido el problema o proceso histórico que nos ocupa.

Más adelante, trataremos de explicar el problema o proceso histórico planteado teniendo en cuenta las características del eje temático identificado, nuestros conocimientos y el contenido de las fuentes propuestas. Para ello deberemos establecer referencias continuas a ellas con tal de justificar y sostener nuestras afirmaciones. En este apartado deberemos utilizar y seleccionar sólo los aspectos que conocemos pero que consideremos que nos ayudan a explicar el problema o proceso histórico que consideramos que se plantean entre las dos fuentes propuestas. No se trata de vomitar información, sino de seleccionar aquélla que consideramos más relevante.

Por último, concluiremos nuestro texto con una valoración histórica del problema planteado. Sobre todo en este caso hay que incidir en que se trata de un apartado muy libre, pero que deberemos justificar recurriendo de nuevo a las fuentes y a los datos y aspectos que conocemos. Recordemos, para finalizar esta presentación, que en ningún momento utilizaremos epígrafes o títulos, sino que redactaremos nuestro escrito sin interrupción, aunque dejando entrever las diferentes partes del mismo.

Al iniciarlo, comenzaremos por una presentación de las fuentes. De ellas, la primera es un texto histórico o fuente primaria, de naturaleza jurídico-política, ya que a primera vista constatamos la existencia de una serie de artículos. La segunda, por su parte, es un documento historiográfico o de naturaleza secundaria, ya que se trata de un texto de Julián Casanova, un historiador, sobre ciertos aspectos del Franquismo.

En cuanto a las ideas fundamentales de cada una de ellas, mientras que la primera, que es el Concordato con la Santa Sede de 1953, nos plantea desde un punto de vista jurídico la obligatoriedad y oficialidad del catolicismo, así como el control de todos los medios de formación de conciencias por parte de la Iglesia y la elevación de rezos y preces por parte de los sacerdotes en todas las ceremonias eclesiásticas en honor al Jefe del Estado, la segunda, el citado texto historiográfico de Julián Casanova, nos expone que ante la imposible armonización de falangismo y catolicismo (por la voluntad totalizadora del primero y por la evolución de la coyuntura internacional) el Franquismo empezó a resaltar la cara católica del régimen para así hacerse más tolerable en la escena internacional, sobre todo teniendo en cuenta la debacle de las potencias fascistas en la II Guerra Mundial. Como consecuencia, los elementos católicos del franquismo empezaron a ocupar las más altas instancias del poder. sin embargo, es justo recordar que no por ello los falangistas quedaron por completo postergados, sino que perdieron su papel preponderante.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, podemos deducir que el problema o proceso histórico a que hacen referencia las fuentes es el progresivo afianzamiento del nacionalcatolicismo. Y esto se dio prioritariamente durante el Franquismo.

Por tanto, es dentro de este sistema político donde el nacionalcatolicismo se impone. Un sistema nacido dentro de la Guerra Civil, en las zonas controladas por los sublevados, sobre todo a raíz de la designación del general Franco como Generalísimo de todos los ejércitos y como Jefe del Gobierno del Estado, a principios de octubre de 1936. Nacía así un régimen fundamentalmente militar ya que, a diferencia de los sistemas y movimientos fascistas o parafascistas de la Europa de Entreguerras más importantes (el rexismo belga, el nacionalsocialismo alemán y austriaco, el fascismo italiano…) el franquismo adoptó el nombre de su fundador (como asimismo ocurrió con el Estado Novo salazarista de Salazar en Portugal), básicamente un militar, y, sobre todo, un militar africanista.

Este nuevo sistema político, de contornos ideológicos imprecisos, se fundamentó en la existencia de su fundador, y vivió de él. Como él, a nivel de ideología política era un conglomerado de imprecisiones y de contradicciones. Un sistema, por tanto, diseñado para adaptarse a la realidad cambiante tanto en el interior como en el exterior. Un sistema camaleónico aunque con unas premisas muy básicas y muy elementales muy claras. Estas eran:

Se caracterizaba en primer lugar por la afirmación de unos cuantos principios muy vagos e imprecisos pero muy arraigados en la mentalidad tradicional del país, y también se apoyaba en la idiosincrasia simplista de los militares africanistas. Así, se negaba la herencia racionalista de la Ilustración, la sociedad moderna y el liberalismo político y económico. El régimen también rechazaba la separación de la Iglesia y el Estado y todos los elementos heredados de la revolución liberal burguesa del siglo XIX. Por supuesto, repudiaba frontalmente todo elemento que mínimamente implicara un sistema de convivencia democrática, como el sufragio universal, el pluripartidismo o la libertad sindical, los derechos individuales tales y como los entendemos dentro de un sistema constitucional, el estado de derecho y la separación de poderes. Y, por supuesto, el marxismo, el anarquismo y demás ideologías políticas de extrema izquierda eran absolutamente proscritas. No obstante, se las incluía dentro de un totum revolutum, dentro del mismo saco, sin establecer las evidentes distinciones entre ellas. Algo lógico, por otra parte, en la mentalidad simplista de los que fundaron el régimen, los militares africanistas, como hemos apuntado anteriormente.

Otro elemento ideológico que se defendió dentro del franquismo fue el nacionalismo españolista radical. Un españolismo que conllevó la eliminación de las lenguas autóctonas de los territorios periféricos de la administración, de la enseñanza y de las publicaciones oficiales a nivel cultural y de enseñanza, pero que a nivel económico implicó la asunción de medidas proteccionistas extremas, como fue la autarquía de los años cuarenta y cincuenta. Y era el ejército el garante de la defensa de la españolidad. Así, se seguía una línea iniciada con la crisis de 1898 y que continuó con la Ley de Jurisdicciones y con la Dictadura de Primo de Rivera.

Un elemento también muy importante y muy conectado con la tradición fue el catolicismo exacerbado. Un catolicismo que, según algunos autores fue tan radical por la persecución que sufrió la Iglesia dentro de la II República y durante la Guerra Civil. No obstante, hay que recordar que la jerarquía eclesiástica apoyó al poder establecido desde muy atrás, y que de alguna manera venía a personificar la dominación que sufrían las clases más depauperadas de la población. Recordemos que estamos hablando de una sociedad con muchísimas diferencias de clase, muy polarizada, y que estaba legitimada tal y como se había diseñado, por la jerarquía eclesiástica. No debe extrañar, por tanto, que ocurrieran hechos como la Semana Trágica de Barcelona de 1909, o la quema de conventos de mayo de 1931. De todas formas, lo que sí es cierto es que el régimen manifestó una clara preponderancia y una vuelta a los privilegios sociales e incluso jurídicos de la Iglesia.

Estas ideas básicas se plasmaron en muchas medidas legislativas y económicas, como la autarquía de los años cuarenta y cincuenta (con matices), las Leyes Fundamentales franquistas, la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, la Ley de Responsabilidades Políticas, las leyes educativas, etc.

Respecto al problema histórico reflejado en las fuentes, el nacionalcatolicismo, que hemos incluido dentro del régimen del general Franco, el término fue acuñado por primera vez por el Padre Álvarez Bolado para designar la identificación que hacía el régimen de españolismo con catolicismo. Para otros autores, el término fue acuñado por católicos antifalangistas o por falangistas católicos, para acentuar la especificidad del régimen franquista y diferenciarlo del nacionalsindicalismo fascista o del nacionalsocialismo alemán. Pero sobre todo este término se usó en los años sesenta para diferenciar el catolicismo oficial, que apoyaba al régimen, del catolicismo disidente, que se enfrentaba a él.

La consecuencia de la identificación entre catolicismo y españolismo era muy sencilla: un buen español debía ser católico a la fuerza, y todo individuo no católico estaba faltando a la esencia de España, y por tanto estaba traicionando a la Patria. Así se recogía, por ejemplo, en el propio Preámbulo del Concordato con la Santa Sede de 1953, la primera fuente propuesta, cuando afirma que La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española […]. Por tanto, está haciendo referencia al bien del Estado español y de la fe católica como elementos indiferenciables e inseparables. Ello implicaba la radical confesionalidad del Estado, como se puede observar en su artículo I de dicho documento, Artículo I. La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española […]. Asimismo, como aparece en otros artículos, el Estado se comprometía a sufragar el culto y el clero, y proporcionaba a la Iglesia la capacidad de censurar publicaciones impresas y emisiones radiofónicas y televisivas. Evidentemente, la institución eclesiástica estaba recobrando un papel dentro del Estado que había perdido durante la II República, y que le confirió la capacidad de modelar conciencias e influir notablemente en la vida social de los españoles.

Pero, ¿cuándo empezó la Iglesia a adquirir este poder? No fue a raíz de la firma del Concordato, sino mucho antes. De hecho, como nos dice la segunda fuente, el texto de Julián Casanova, cuando fue imposible mantener la asociación entre el régimen y el fascismo, como ocurrió durante la primera parte de la II Guerra Mundial, el régimen decidió cambiar su imagen al exterior. Recordemos que desde la caída del III Reich en Stalingrado Hitler empezó a perder la contienda. Como consecuencia, Franco, aunque continuó manteniendo la División Azul como apoyo a los nazis, se desmarcó progresivamente de las potencias fascistas. Para ello, además de la adopción de la neutralidad como principio básico de política exterior en sustitución de la no beligerancia, empezó a designar miembros de la Iglesia para cargos importantes dentro de la estructura del Estado, y empezó a potenciar el aspecto católico del régimen. Era necesario, ante la eventual derrota de las potencias del Eje, dar una imagen alejada del fascismo para las potencias de Europa Occidental, que estaban regidas por regímenes más o menos democráticos.

Como consecuencia de este cambio de postura, a nivel oficial tuvieron lugar una serie de medidas que tenían como objetivo barnizar el régimen con una pátina de catolicismo. Así, aunque en 1939 se había restablecido la dotación del Estado al clero español, y pese a que el Gobierno en 1941 se comprometió a ayudar en la reconstrucción de las iglesias destruidas en la Guerra Civil, no fue hasta 1942 con la salida de Serrano Súñer del Gobierno cuando se empieza a constatar ya claramente el cambio de postura de la dictadura. Serrano Súñer, cuñado de Franco, era ministro de Asuntos Exteriores, y deseaba un acercamiento al III Reich y a Falange. Evidentemente, su presencia en el Ejecutivo, como la de muchos otros falangistas, implicaba que el régimen tenía un importante componente fascista. Interesaba dar otra imagen, y por ello, si exceptuamos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Justicia, el resto cambió de manos de falangistas a los católicos. De esta forma entraron políticos católicos como Martín Artajo, que dieron al régimen una imagen de mayor liberalización, pero sin llegar, en absoluto, a una democratización de las estructuras políticas.

Paralelamente, a nivel de legislación, aparecían leyes fundamentales como la Ley de Cortes de 1942, el Fuero de los Españoles de 1945 (que en su artículo 6 expresaba la protección oficial del catolicismo), la Ley de Sucesión de 1947 (que en sus artículos 1 y 4 hablaba de un Consejo de Regencia y de un Consejo del Reino donde los eclesiásticos formaban parte importante), o incluso el Fuero del Trabajo de 1938, que ya hablaba en su preámbulo de la tradición católica del régimen franquista.

Estos elementos tuvieron como consecuencia la acentuación oficial del catolicismo del régimen. Pero no sólo a nivel institucional, puesto que este aspecto católico se reforzó desde antes del Concordato con otros elementos importantes. Por ejemplo, a las órdenes religiosas se les devolvió el estatus jurídico de que disfrutaban antes de que la legislación republicana les eliminase sus privilegios. Así, el Gobierno devolvió a la Iglesia el control de los cementerios y por ello volvió a separar los cementerios civiles de los canónicos. Pero, además, la Ley de Bases de la Enseñanza Media de 1938 obligó de nuevo a enseñar la materia de Religión en las aulas, y a tener muy en cuenta los preceptos religiosos a la hora de enseñar contenidos de otras áreas. Esto se amplió en 1945 con la Ley de Educación Primaria, que además confería a la Iglesia el derecho a inspeccionar lo que se impartía en todos los niveles de la enseñanza. Incluso la Universidad debía adecuarse a los preceptos religiosos. La enseñanza de la Historia, por ejemplo, debía desarrollarse teniendo muy en cuenta todo esto. Así, se imponía la idea de que el motor de la Historia no eran los intereses económicos y estratégicos, sino fundamentalmente los religiosos, se imponía como obligatorio el Catecismo Patriótico del padre Menéndez-Reigada en las escuelas, se reimplantaba el crucifijo en las aulas, se reintroducía el creacionismo como doctrina explicatorio del origen del ser humano…

A raíz de todo ello, no fue el Concordato con la Santa Sede el inicio del nacionalcatolicismo, sino que este elemento se estaba implantando desde hacía mucho antes. Pero, ¿qué fue en realidad el Concordato que aparece en la primera fuente propuesta, y qué significó?

En primer lugar, hay que destacar que el sistema de Concordatos había sido muy usado por la Iglesia católica desde mucho tiempo atrás. Consistía en una serie de acuerdos con un Estado en virtud de los cuales se les concedía ciertos privilegios, como el derecho de presentación o ciertos privilegios honoríficos, a cambio de la adopción de medidas oficiales a favor de la Iglesia católica, como una dotación del Estado para la celebración del culto y para el mantenimiento del clero.

En segundo lugar, recordemos el aislamiento al que estaba sometido el franquismo tras el final de la II Guerra Mundial, cuando se le denegó la entrada en los organismos internacionales más importantes, como la ONU, así como la ayuda necesaria para la reconstrucción de Europa, como el Plan Marshall. El régimen necesitaba dar una imagen de cierta liberalización, como ya hemos afirmado. Para ello decidió dar un claro protagonismo a los elementos católicos del país, ya que uno de los partidos políticos que había ayudado a la recuperación de Europa en aquellos momentos habían sido los partidos de carácter democristiano. No es que en España se respetaran otros partidos más allá del Movimiento Nacional, sino que, como dice el texto de Julián Casanova, había que dar cotas de poder a la familia católica del régimen, puesto que dentro del franquismo no existía el pluralismo político oficial, pese a que a nivel extraoficial todos supieran muy bien qué diferentes corrientes coexistían dentro del sistema. Y los falangistas debían quedar fuera.

Este fue el ambiente más propicio para lograr la firma de ese Concordato que de cara al exterior iba a plasmar la importancia que tenía no sólo la religión católica, sino el clero católico, dentro del sistema político y social franquista. Un Concordato que culminaba una larga historia de acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede y que ayudaba a incluir a España en la escena internacional. No obstante, como ya hemos señalado, ya había habido con anterioridad ciertos intentos de acercamiento entre el Estado español y el clero que habían facilitado y anticipado la firma posterior. Además de la promulgación de ciertas Leyes Fundamentales del franquismo, como pasos previos a la firma del Concordato se pueden citar la ley de 2 de febrero de 1939 que anticipó la confesionalidad del nuevo Estado franquista y que derogaba la legislación tolerante en materia religiosa de la II República. También destaca que en 1941, el 7 de junio, el Estado español logró del Papado el derecho de presentación de candidatos para cubrir las sedes episcopales que hubiesen quedado vacantes, y en 1946 el Estado español concedió subvenciones a diferentes seminarios y universidades de estudios eclesiásticos.

Con todo ello, en 1951 se llegó a un proyecto de Concordato que sustituiría al de 1851, que había estado vigente durante la época isabelina y la Restauración, pero que se había suspendido durante la II República. El nuevo proyecto fue preparado por el embajador de España en el Vaticano, Joaquín Ruiz Giménez, aunque él no lo firmaría, ya que fue designado ministro de Educación Nacional. Quien lo firmó fue Martín Artajo, uno de los católicos más relevantes del franquismo, en la línea de lo que Julián casanova, en su texto en las líneas 6 y 7 defiende.

Como resultado final de las negociaciones tuvo lugar la firma de un documento compuesto por 36 artículos y un protocolo final que consagraba la oficialidad del catolicismo, ya que el Estado franquista eximía de pagar impuestos a la Iglesia (artículo XX), se comprometía al mantenimiento del culto y del clero, subvencionaría la construcción de edificios religiosos e indemnizaría a la Iglesia por las desamortizaciones desarrolladas durante la revolución liberal (artículo XIX), o por ejemplo facilitaría la enseñanza de la religión católica en los diversos niveles educativos, tanto en la pública como en la enseñanza privada (artículos, del XXVI al XXXI). Por tanto, este documento materializaba y consagraba lo que ya se estaba practicando dentro del país, pero a nivel oficial de cara al exterior, con lo que el régimen ofrecía una imagen menos fascista y más católica, muy útil sobre todo teniendo en cuenta, como ya hemos afirmado, que en Europa Occidental los partidos políticos pertenecientes a la Democracia Cristiana estaban siendo muy importantes para la recuperación de los sistemas políticos de los diferentes países europeos. Así el franquismo mostraba que había más similitudes que diferencias y mostraba su candidatura a entrar en los diferentes organismos internacionales.

Pese a todo esto, hay autores que defienden que este Concordato no fue tan importante para la apertura exterior, sino los acuerdos con Estados Unidos, firmados ese mismo 1953. Además, tampoco implicó una verdadera liberalización del régimen, como más adelante veremos.

Más adelante, los principios plasmados en este Concordato fueron ratificados en leyes como la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, en su principio II, redactada por otro católico, Laureano López Rodó, otro ejemplo de lo que plantea la segunda fuente.

Respecto al nacionalcatolicismo imperante en el período franquista y que aparece plasmado en las fuentes propuestas, debemos destacar que esta ideología no es exclusiva de este régimen, sino que viene de antes. De hecho, algunos autores defienden que tiene su origen en la Contrarreforma del siglo XVI. Otros plantean que en realidad tiene su origen en la reacción contra el régimen secularizador que intentó implantar José I con el apoyo de Napoleón tras 1808, pero principalmente del tradicionalismo carlista y del doctrinarismo conservador de autores como Donoso Cortés en el período isabelino.

La identificación entre nacionalismo español y catolicismo seguiría en la Restauración con Menéndez Pelayo, aunque el tradicionalismo carlista entraría en crisis. Este pensador estableció una relación directa y una identificación muy fuerte entre españolismo y catolicismo, siguiendo la línea marcada por el doctrinario Donoso Cortés. Asimismo, en este período Eugenio d’Ors continuó la línea de Menéndez Pelayo.

En la II República, la identificación entre catolicismo y españolismo fue continuada por la revista Acción Española, así como por pensadores como Ramiro de Maeztu, quien calificó como ajenos al espíritu español ideologías políticas de izquierda como el socialismo y el anarquismo, pero también el liberalismo. Por ello, cuando estalló la Guerra Civil ya había un precedente intelectual sobre el nacionalcatolicismo. Los sublevados el 18 de julio de 1936 tenían unos referentes a los que echar mano. Y así, en agosto de 1936, antes incluso de que Pío XII apoyara el levantamiento franquista, Tomás Muñiz, obispo de Santiago de Compostela, ya hablaba de la Guerra Civil como cruzada contra las ideas extranjerizantes invasoras, ejemplificadas por el régimen republicano.

En septiembre de 1936 se publicó, en la línea de lo anterior, una pastoral del obispo Pla i Deniel que afirmaba que el catolicismo ya existía en el pueblo español cuando se levantó contra los franceses en 1808, pero que había sido postergado por la legislación extranjerizante de las Cortes de Cádiz. Esta idea fue reforzada en 1937 por el cardenal Gomá, quien en febrero de 1937 publicó una pastoral titulada Cuaresma de España.

Por todo ello, podemos afirmar que el problema histórico planteado por las fuentes no fe, de ningún modo, originado por el Concordato con la Santa Sede, sino que incluso no era exclusivo del franquismo, ya que tenía antecedentes anteriores muy importantes.

Por otra parte, dentro del franquismo esta identificación entre catolicismo y españolismo no fue aceptado por toda la Iglesia, sino que hubo muchas disensiones. Entre ellas cabe destacar la actitud de obispos como monseñor Múgica, de Vitoria y Vidal i Barraquer, de Tarragona, que no llegaron a firmar la Carta colectiva de los obispos a favor del alzamiento de julio de 1937. Más adelante, el cardenal Gomá en una pastoral de septiembre de 1939 mencionó la supremacía del individuo sobre el Estado y la libertad de elegir de los católicos. En esta línea de oposición de la jerarquía eclesiástica al nacionalcatolicismo hay que citar la actitud del cardenal Segura, arzobispo de Sevilla, opuesto a que Franco entrase en lugares sagrados bajo palio, como hacían los monarcas españoles, y llegó incluso a amenazarle de excomunión, o incluso el obispo de Valencia, monseñor Olaechea, que llegó a no votar en el referéndum de 1947 y a pedir a sus feligreses que no lo hicieran, puesto que no estaba de acuerdo con el derecho de presentación y la capacidad del Gobierno de intervenir en la designación de los obispos.

Otros elementos dentro del régimen opuestos al nacionalcatolicismo fueron los falangistas más puros, que deseaban la implantación de un régimen fascista con ausencia de la Iglesia en las estructuras de poder del Estado. Por tanto, defendían una postura más laica que la que defendían ciertos jerarcas de la Iglesia, que, como hemos visto antes, no aceptaban la intromisión de los gobernantes en los asuntos eclesiásticos. En este caso los falangistas más puros defendían, claro está, una censura, pero ejercida desde la ideología falangista, no por los obispos para defender la doctrina católica.

Además, el Concilio Vaticano II contribuyó a crear una corriente de opinión opuesta al nacionalcatolicismo dentro de la Iglesia. Este Concilio desechó la práctica existente hasta entonces de acordar derechos de presentación de los obispos en los Concordatos firmados con Estados católicos. Por ello, en España se creó la figura de los obispos auxiliares, designados por el Vaticano sorteando la injerencia del Estado español, para contrarrestar el control del Estado franquista sobre la Iglesia. Pero no sólo en este aspecto. En muchos otros Franco no estuvo de acuerdo con el Concilio, ya que defendía la libertad de elección de los creyentes y se molestó enormemente cuando Pablo VI fue elegido Papa. Obispos muy relacionados con el Concilio como el cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal desde 1972, fueron muy importantes para el desarrollo de la Transición a la democracia.

Otros elementos opuestos dentro de la Iglesia al nacionalcatolicismo fueron los sacerdotes de base, los párrocos de parroquias de barrios obreros y marginales, que no compartían las ideas del régimen y que adoptaban una postura muy diferente ante los problemas de la sociedad, tras releer los evangelios. En varias encuestas muchos de ellos se manifestaban en contra de la identificación de catolicismo con españolismo, a favor de la libertad de elección y a favor de un cierto socialismo.

En línea con estos sacerdotes, en España había un movimiento muy importante de apostolado obrero que clamaba contra las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. De esta forma, adquirieron un papel muy importante en las huelgas de 1951 y 1956. Era el caso de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), o las Juventudes Obreras Católicas (JOC), que desde los años cuarenta desarrollaban una importante labor a favor de los trabajadores llegando incluso a participar abiertamente en las huelgas de Asturias de 1965, o la editorial ZYX, fundada en 1963, que establecía un interesante contacto entre el catolicismo y la reivindicación social, aunque no se les puede calificar de revolucionarios. No obstante, en los setenta muchos de ellos evolucionaron abandonando el apostolado e ingresando en movimientos de extrema izquierda, como diferentes movimientos de carácter maoísta.

Dentro de una oposición católica más moderada, en 1963 apareció la importante publicación Cuadernos para el Diálogo, fundada por Joaquín Ruiz-Giménez, que sería un importante vivero de intelectuales católicos opuestos al régimen de Franco. Caso del FLP, de la revista El Ciervo, etc. Muchos de ellos ayudaron a crear movimientos de oposición al franquismo y, desde corrientes próximas a la Democracia Cristiana, desembocaron en diferentes movimientos socialistas.
En otra línea opositora habría que hablar de los sacerdotes de ideología nacionalista, como los catalanes y los vascos. El caso de éstos últimos es muy paradigmático, ya que algunos sacerdotes vascos ayudaron enormemente al desarrollo de ideologías nacionalistas radicales, como ETA, facilitando cobertura y pisos francos. Incluso en el Proceso de Burgos de 1970 la Iglesia estuvo implicada en los acusados.

De todo lo dicho se deduce que el problema histórico planteado por las fuentes, el nacionalcatolicismo, ni era exclusivo del franquismo, ni fue tan importante para la apertura exterior, ni implicó a todos los católicos. Importantes movimientos de oposición desde dentro del catolicismo facilitaron enormemente la caída del régimen, ya que estaban incluidos en todos los movimientos opositores, desde los más radicales a los más moderados, pasando por los nacionalistas. De hecho, para algunos autores la Transición política fue posible porque, entre otros factores, la Iglesia ya había hecho su transición desde mucho antes.

POSSIBLE RESOLUCIÓ D'EXAMEN DE PAU.

ASSAIG D’EXAMEN DE SELECTIVITAT.

DOCUMENT 1: FRAGMENT DE LA CONSTITUCIÓ DE 1845.
Na Isabel II. Per la gràcia de Deu i de la Constitució de la Monarquia espanyola, Reina de les Espanyes […], SABEU: […] que la intervenció que les seues Corts han tingut […] modificant […] la Constitució […] de 1837, hem vingut, en unió i d’acord amb les Corts […] en decretar i sancionar la següent CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Art.11 La Religió de la Nació espanyola és la Catòlica, Apostòlica i Romana. L’Estat s’obliga a mantenir el culte i els seus ministres.
Art.12 La potestat de fer les lleis resideix en les Corts amb el Rei.
Art.13 Les Corts es composen de dos Cossos Colegisladors, iguals en facultats: el Senat i el Congrés dels Diputats.
Art.26 Les Corts es reuneixen tots els anys. Correspon al Rei convocar-les, suspendre-les i tancar les seues sessions i dissoldre el Congrés dels Diputats, però amb l’obligació, en aquest últim cas, de convocar altres Corts i reunir-les dintre de tres mesos. […]

DOCUMENT 2: CARLOS MARICHAL, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844, Madrid, Cátedra, 1980, pàgs. 169-170.
Durant el període que va de 1837 a 1840 els partits polítics Progressista i Moderat van tenir un notable desenvolupament. La seua creixent força va fer esclatar al mateix temps l’antagonisme entre ells, manifest en enconades batalles electorals i disputes parlamentàries, tot i que estaven lluny de ser partits de masses en el sentit modern. Essencialment eren partits oligàrquics que cercaven amb afany fiançar el seu poder i promoure els interessos materials dels grups relativament restringits que representaven.

La lluita pel poder no es limitava exclusivament a la pugna per controlar el parlament [...] També s’estenia al terreny municipal [...] els governs municipals controlaven l’organització de la Milícia Nacional, el reclutament per a l’exèrcit i tenien àmplies facultats amb respecte a la recaptació d’impostos. L’objectiu dels moderats era subordinar aquestos poders “democràtics” i “federals” a l’autoritat del govern central. En canvi, els progressistes veien en la relativa autonomia municipal un instrument fonamental per a aconseguir el suport popular necessari per a dur a terme les reformes encara pendents.

[...] Els progressistes donaren suport als sectors de la burgesia comercial i professional, de la petita burgesia i dels artesans que reivindicaven els seus drets a participar en l’exercici del poder polític. Els moderats estaven més identificats amb aquells sectors de les classes altes que s’oposaven a les reformes avançades.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’EXAMEN.

Com ja sabem, l’examen de selectivitat transcorre al voltant dels següents punts: un primer, d’ubicació espacial i temporal, així com d’identificació de les fonts d’informació, del problema o procés històric plantejat entre les dues, així com del període en què es pot incloure; un segon punt, d’explicació del problema històric plantejat entre les dues fonts; i un tercer, en què s’haurà d’establir una valoració històrica de la informació proposada per les fonts, i els canvis i les permanències que el problema històric ha vingut plantejant en la història.

En un primer apartat, haurem de precisar que una de les fonts proposades, la selecció d’articles de la Constitució de 1845, és una font històrica, i per tant ens proporciona una informació de caire primari. La segona, per la seua banda, és una font secundària perquè és un fragment d’una obra de Carlos Marichal que reflexiona sobre els partits polítics en el període isabelí i per tant ofereix el plantejament de l’esmentat autor sobre el particular. Ambdues, per altra banda, són fonts de tarannà polític perquè la informació que ens donen és política i jurídica (la Constitució de 1845).

De la lectura de les dues podem concloure que el contingut de la primera ens mostra les característiques del liberalisme doctrinari, això és, un sistema en què la Corona disposa d’àmplies quotes de poder, així com l’Església, que encara que ha perdut gran part dels privilegis de què disposava en l’Antic Règim (com a estament nobiliari privilegiat), continua gaudint d’un estatut a banda del gruix de la societat.

El segon document ens parla de les característiques fonamentals dels partits polítics més paradigmàtics del regnat d’Isabel II, el Progressista i el Moderat, entesos com a partits d’elits, restringits, que defenien els interessos dels grups socials que els donaven suport (la petita burgesia al Progressista i l’alta burgesia, alta Església i noblesa al Moderat). Per tant, no es diferenciaven estructuralment en massa aspectes, tot i que en assumptes com ara l’autonomia municipal sí que plantejaven considerables diferències.

Com a conclusió de la lectura i exposició del contingut de les fonts proposades, es pot deduir amb facilitat que el problema o procés històric a què fan referència entre les dues és la construcció de l’estat liberal a Espanya, que segueix un model molt concret de sistema polític. És a dir, es tracta de la construcció del doctrinarisme, que es generalitza fonamentalment en el període isabelí.

Pel que fa al sistema polític doctrinari en particular, podem començar per explicar de forma molt somera les diferents etapes en què es pot dividir aquest període, per a després passar a explicar la seua essència, tot recorrent a les fonts proposades. És aquesta una forma de fer-ho, però s’ha de insistir en el fet que no és l’única.

Per tant, referent a les etapes de la construcció de l’estat liberal a Espanya, a banda dels tímids intents d’imposar la Constitució de Cadis de 1812 al llarg del regnat de Ferran VII, tots ells fallits, en morir aquest monarca va esclatar una guerra entre els partidaris d’un sistema ambigu i incoherent, l’absolutista foralista defensat pel pretendent Carles Maria Isidre, i els partidaris de la successió de la branca isabelina.

Aquestos últims en realitat no eren partidaris d’un sistema liberal. De fet, en un principi, en declarar-se la guerra el 1833, els primers col·laboradors de la regent Maria Cristina van ser els últims ministres de Ferran VII. És veritat que constituïen una tercera via entre l’absolutisme més radical i tradicional representat per Carles Maria Isidre i pels hereters dels malcontents, així com de ministres com ara Calomarde, però tampoc eren liberals convençuts. Ara bé, quan la regent va observar que es feia necessari obtenir el suport dels liberals, va tractar d’obrir el règim mitjançant la designació de Martínez de la Rosa, que va traure endavant l’Estatut Reial, una mena de Carta Atorgada. Per tant, doncs, no podem parlar encara d’un règim liberal.

Per tant, mentre que la guerra carlista estava dibuixant-se, així mateix les característiques del nou règim començaven a plantejar-se. Un nou règim, doncs, caracteritzat per una resistència al canvi. De fet, en un primer moment, l’esmentat Estatut Reial, com a Carta Atorgada que era, dissenyava un sistema polític més obert, és veritat, que el règim absolutista, però encara no plantejava un canvi estructural (inexistència de la sobirania nacional, no especificació de la relació entre el Govern i les Corts, bicameralisme radical, etc.). Sols quan el 1836 els sergents que estaven acantonats a La Granja de Sant Ildefons es van revoltar contra la política de la regent (la designació del massa moderat Istúriz com a cap de Govern), va llevar-se de la circulació l’Estatut Reial i va tornar-se a la Constitució de 1812. Una Constitució que va durar molt poc, ja que les Corts noves, en modificar-la per a adaptar-la als nous temps, en realitat van redactar una de nou, la de 1837, primer epígraf del doctrinarisme (sufragi censitari, veto absolut del monarca, i, tot i el preàmbul, sobirania compartida, entre altres elements).

Amb aquest nou règim sí que es va encetar el procés de canvi estructural de les estructures de l’antic règim: desamortització, desvinculació, abolició de drets senyorials i dels residus jurídics de l’antic règim...però, quan la guerra es va guanyar i el liberalisme va consolidar-se, el 1840 la branca moderada va guanyar les eleccions i va encetar la seua resistència: una nova llei de règim local de 1840 permetia el control de les institucions locals. Però, encara així i tot, els progressistes (la branca més esquerrana del liberalisme, identificat amb la sobirania nacional i la resta dels principis inspiradors de la Constitució de 1812) van tenir l’oportunitat de revoltar-se, enderrocar la regent i imposar en el càrrec al seu líder, el general Espartero. Estava, en principi, salvaguardada la sobirania (compartida?), l’autonomia municipal...No obstant, no hem d’enganyar-nos, perquè va ser un breu parèntesi: el 1843 un alçament moderat ajudat per alguns progressistes oposats a Espartero el va enderrocar i va alçar Isabel II al trono. Així es va iniciar un règim, el moderat, exemplificat en la Constitució de 1845, un fragment de la qual tenim com a font d’informació. El moderantisme s’estava implantant.

Pel que fa a les característiques del moderantisme que es varen plasmar en les fonts proposades, el sistema moderat que es configura inicialment en el període de les regències però que es materialitza en el regnat isabelí, es basa en el següents fonaments:

En primer lloc, el paper de la Corona, que, com apareix en el preàmbul de la Constitució de 1845, Na Isabel II. Per la gràcia de Deu i de la Constitució de la Monarquia espanyola, Reina de les Espanyes […], SABEU: […] que la intervenció que les seues Corts han tingut […] modificant […] la Constitució […] de 1837, hem vingut, en unió i d’acord amb les Corts […] en decretar i sancionar la següent CONSTITUCIÓ ESPANYOLA. Per tant, es tractava d’una sobirania compartida. Era, doncs, un pas intermedi entre la sobirania reial de l’antic règim, i la sobirania nacional del liberalisme teòric, ingenu i inicial de la Constitució de 1812.

Conseqüència del principi anterior, era la conformació del Parlament, que, per descomptat, no gaudia en exclusiva del poder legislatiu, ja que la Corona també disposava de competències legislatives a través del dret de veto absolut (és a dir, que si un projecte de llei no li convenia al monarca, podia negar-se a signar-lo, a sancionar-lo, amb la qual cosa el assumpte sobre el qual versava la llei en qüestió no podia discutir-se en la legislatura) i de la iniciativa legislativa i de l’article 12 (La potestat de fer les lleis resideix en les Corts amb el Rei.), a més de la possibilitat del govern de legislar mitjançant decrets. Però, a més, podia intervenir en el poder legislatiu mitjançant la designació lliure de la segona cambra, el Senat (Art.13 Les Corts es composen de dos Cossos Colegisladors, iguals en facultats: el Senat i el Congrés dels Diputats.), i de la dissolució de les Corts i la lliure designació dels ministres, que, dut a la pràctica, implicava la designació d’un determinat govern, la posterior dissolució de les Corts i la convocatòria de noves eleccions per part del nou gabinet, que, a través d’una convenient xarxa d’influències, podia adulterar el procés electoral i aconseguir la formació d’unes Corts afins. Però, a més, això es veia afavorit per lleis com la de 1846 de sufragi censitari, que a més a més determinava que els districtes electorals havien de ser uninominals i per votació majoritària, amb la qual cosa es feia més fàcil encara la influència en el resultat electoral.

L’executiu, per tant, que era prerrogativa en exclusiva de la Corona, era el poder que determinava la formació del legislatiu, i no a l’inrevés. D’aquesta manera, la Corona disposava d’un poder constitucional teòric, i a més a més, en la pràctica electoral, molt ampli. La divisió de poders, d’aquesta manera, no estava molt clara. Recordem que en els sistemes democràtics moderns, els representants del poble han de controlar la resta d’institucions, que a més no han de gaudir de les competències de les institucions representatives. En cas contrari, el caire del sistema polític gira perillosament cap a la dreta, cap a l’autoritarisme.

Els partits polítics, per a la qual circumstància el segon document ens proporciona una informació molt valuosa, eren principalment el Moderat i el Progressista (encara que, a causa del progressiu doctrinarisme d’aquest últim, va escindir-se la branca esquerra, que va configurar el Partit Demòcrata). Cap d’ells eren partits de masses, i és més apropiat afirmar que eren en realitat partits de notables (línia 4 del text 2), tot i les seues diferències teòriques pel que fa a l’extracció social, com s’especifica en l’últim paràgraf del document 2. És a dir, que la pertinença a l’un o a l’altre depenia més d’amistats i filiacions personals que a diferències doctrinals o socials. No obstant, sí que és veritat que, en principi, i com especifica el segon document, els progressistes pertanyien a una burgesia més baixa, i pretenien una major autonomia municipal, així com un sufragi més obert (que no universal, ja que la llei electoral progressista, de 1837, plantejava que votarien aquells propietaris masculins majors de 25 anys, que pagaren una renda anual mínima de 200 reials).

Per últim, cal destacar la importància que en el període va assolir l’Església, en el sentit que el doctrinarisme, com sistema polític en què les llibertats personals eren més limitades (així es constata en la declaració de drets individuals i llibertats públiques de la part dogmàtica de la Constitució de 1845), l’Església, com representant d’una presa de postura a nivell ideològic i de pensament, cobra més importància. De tota manera, cal destacar que, a nivell internacional, i com a conseqüència a nivell de consolidació interna, el règim isabelí va necessitar el reconeixement del Vaticà en contra de l’opció carlista. Per assolir aquest objectiu van aprovar-se una sèrie de mesures legislatives que van iniciar-se amb la llei de dotació de culte i clergat, amb l’atur de la desamortització i amb el compromís de l’Estat de sufragar el culte i els eclesiàstics ja des de l’article 11 de la Constitució de 1845 (La Religió de la Nació espanyola és la Catòlica, Apostòlica i Romana. L’Estat s’obliga a mantenir el culte i els seus ministres.). El cúlmen d’aquest procés de consolidació de l’estament eclesiàstic va ser la signatura del Concordat amb la Santa Seu en el període de Bravo Murillo. Un concordat que va respectar-se en els períodes doctrinaris, i en els que el doctrinarisme es matisava o s’eliminava, se suspenia.

Tots aquestos elements van ser els pilars del procés de construcció de l’estat liberal a Espanya, que es va confeccionar d’una forma clarament doctrinària i amb moltes concessions a les antigues elites de l’Antic Règim. Aquest sistema es va reforçar amb mesures com la creació de la Guàrdia Civil, element a mig camí entre una milícia ciutadana civil i l’exèrcit; l’esmentada llei electoral de 1846 (basada en les idees de Donoso Cortés); la llei d’impremta, clarament restrictiva i que responia al dret de llibertat d’expressió de la Constitució de 1845; la llei d’ajuntaments, que arreplegava els principis del projecte de 1840 que va provocar l’enderrocament de Maria Cristina; la reforma tributària de Mon (basada en la pervivència d’impostos indirectes, com els consums, que van gravar prioritàriament les classes populars i així no van redistribuir la riquesa); o el Pla Pidal d’ensenyament.

El doctrinarisme moderat va desenvolupar-se prioritàriament al llarg de la Dècada Moderada, ja que la revolució de 1854 en principi va comportar l’arribada d’un nou sistema. No obstant això, i tot i mesures com ara la desamortització de Madoz, el Bienni Progressista en realitat va implicar només un canvi de govern, ja que molt prompte va adoptar-se mesures moderades de caire doctrinari. De fet, el 1856 va tornar-se a la Constitució de 1845 amb un Acta Adicional que la matisava, i aqueix 1856, definitivament a la Constitució de 1845 sense l’Acta Adicional. La resta del regnat d’Isabel II va ser típicament doctrinària, tot i l’assaig de la Unió Liberal (des de 1858 a 1863).

El doctrinarisme va ser eliminat per fi el 1868 arran de la Revolució Gloriosa de 1868, però, tot i encetar-se un nou període, el regnat d’Amadeu I, encara que es basava en els principis democràtics de la revolució, en la seua pràctica va ser un sistema doctrinari en part (hem de recordar la tornada a les circumscripcions uninominals). Ara bé, el sistema doctrinari com a tal va recuperar-se el 1875, amb la Restauració dels Borbons. La nova Constitució, de 1876, encara que era més oberta que la de 1845, en realitat en essència es basava en els mateixos principis (recuperació de l’Església, sobirania compartida, divisió de poders molt matisada, sufragi censitari en virtut de la llei de 1878, partits polítics burgesos i de notables, etc.).

En el fons, el poble no va recuperar la seua voluntat fins 1931, amb la II República. Amb aquell sistema, la sobirania va ser realment popular i els territoris que conformaven l’Estat espanyol van tenir l’oportunitat d’establir un sistema d’articulació territorial en què les aspiracions de les regions amb una cultura i un sentit diferenciat del castelanocentrisme pogueren realitzar-se. Per tant, podem afirmar que la tònica general va ser un conjunt de sistemes polítics que van dissenyar-se de forma que les antigues elites de l’Antic Règim pervivien d’alguna manera. La sobirania, en general, no va ser propietat del poble espanyol fins 1931, i va ser-ho per molt poc de temps. I, per fi, fins la Transició, no vam ser els propietaris dels nostres destins.

ESQUEMA-RESUMEN DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL FRANQUISMO

Aquí tenéis un esquema-resumen de las Leyes Fundamentales del franquismo. Me parece que en él encontraréis de forma muy sintética y completa el contenido fundamental de dichas leyes. Al igual que el esquema-resumen anterior, sobre la política económica durante el franquismo, lo he extraído de un blog de un compañero profesor de historia (danielylosquince.blogspot.com). Espero que ambos os sean útiles.

ESQUEMA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DURANTE EL FRANQUISMO

Aclaración sobre los tipos de fuentes.

Estoy corrigiendo los exámenes y hay algunos de vosotros que soléis confundir los tipos de fuentes textuales. Partimos de la premisa de que los textos nos proporcionan una información histórica sobre momentos pasados, Pero, cuando hablamos de textos históricos no es lo mismo que cuando hablamos de textos historiográficos. Un documento es HISTÓRICO cuando ha sido redactado en un momento pasado, y por tanto, su contenido, la información que de él se puede extraer, es directa. No se trata de la interpretación que un historiador hace de un momento pretérito, sino que, como ha sido redactado directamente hace tiempo, la información, repito, es de primera mano. Por tanto, se trata de fuentes primarias.

Un ejemplo de textos históricos son las leyes, manifiestos, cartas, artículos de periódico, etc, que utilizamos muchas veces en clase. Se trata de documentos que fueron redactados en aquellos momentos, y que no tenían como objetivo transmitir una información de tipo histórico, sino que tenían otras finalidades. Pero nosotros, con habilidad, debemos ser capaces de hacerles preguntas y extraer conclusiones para conocer aspectos y hechos en aquella época. De eso se trata.

No es lo mismo que si nos encontramos ante textos que han sido redactados por historiadores o pensadores, reflexionando sobre lo que ocurrió antes de que ellos escribieran. En este caso, se textos HISTORIOGRÁFICOS, porque son escritos redactados por alguien que reflexiona sobre hechos acaecidos ANTES de que ellos redactaran. De esta forma, la información que proporcionan no es de primera mano, sino que se trata de interpretaciones del pasado. Son reflexiones que plantean estas personas después de leer documentos primarios. Por ello, se trata de lo que ellos piensan después de analizar las fuentes de primera mano, y la información que nos proporcionan ya no es directa, sino que ha pasado por el filtro de su mente. Por ello son fuentes secundarias. De hecho, la información que nos proporcionan sí que tiene como finalidad informar sobre la Historia.

A la hora de valorar la información que nos proporcionan las fuentes, no debemos olvidar esta importante diferencia. No será lo mismo analizar una carta del general Franco, que lo que opina un historiador sobre esa carta del general Franco.

DESARROLLO DE LA GUERRA CIVIL A TRAVÉS DE MAPAS HISTÓRICOS

Justamente después de estallar el golpe, éste triunfó en algunas zonas, pero no en otras. De esta manera, los insurrectos consiguieron sus objetivos básicamente en las zonas que se observan en el mapa 1. En ellas se deshizo todo lo que de revolucionario o reformista hicieron los gobiernos republicanos. En las zonas donde no triunfó, el poder, a nivel general, se fragmentó, ya que en algunas áreas las opciones políticas más radicales tuvieron la oportunidad de ensayar sus tesis (abolición del dinero, colectivizaciones de tierras en diferente grado y de diferente signo, cooperativas agrarias e industriales, nacionalizaciones, etc.). Es el caso de la creación del Consejo de Aragón, que con sede en Caspe, ensayó en ciertas zonas aragonesas el comunismo libertario gracias al apoyo de las milicias anarquistas que marcharon hacia Madrid para defenderla del avance nacionalista.

También en esta época se observa la ayuda internacional a los insurrectos. Esta ayuda tuvo lugar desde el inicio, por parte, prioritariamente, de Alemania, Italia y Portugal. Pero no sólo, ya que el avión que trasladó a Franco desde Canarias al Norte de África, el Dragon Rapide, estaba subvencionado por dinero británico, y la Texas Oil americana ofreció a los rebeldes combustible a crédito.

Después de embarcar hacia el norte de África, el general Franco, que era tan sólo uno más de los sublevados, contó con el apoyo de esos cuerpos de Ejército que tan bien conocía y que en parte había ayudado a crear, la Legión y los Regulares. Además, se trataba de la elite del ejército español, muy acostumbrada a la terrible guerra colonial. Por ello, tuvo muy fácil la conquista de muchas localidades del sur peninsular. Como consecuencia, el general Franco empezó a revelarse como un puntal de los sublevados. Su prestigio fue progresivamente aumentando y así sus compañeros tomaron la decisión de concentrar en él todos los poderes, tanto los militares (el título de Generalísimo) como civiles (jefe de la Junta Técnica del Estado, especie de embrión de gobierno en la zona controlada por los insurrectos), sobre todo teniendo en cuenta que el Jefe natural de la sublevación, el golpista general Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal, murió en un accidente de aviación al viajar a España para encabezar la revuelta.

Con la ayuda italiana y alemana, el general Franco consiguió traladar esas tropas de elite a la peníncula, hecho que condicionó considerablemente el desarrollo de la guerra. De esta forma, pudo avanzar con mucha facilidad por la parte occidental de Andalucía, y subir hacia el norte por Badajoz. Cáceres se había sumado antes a la insurrección militar, con lo que en poco tiempo había unificado gran parte del occidente peninsular.

El siguiente objetivo era Madrid, donde los insurrectos no habían conseguido imponerse (recuérdese lo que ocurrió en el tristemente célebre cuartel de la Montaña). No obstante, y esto se ha valorado de forma muy diversa por los diferentes historiadores, se desvió hacia Toledo, donde tampoco los insurrectos habían conseguido hacerse con la ciudad, y estaban aislados y sitiados en el Alcázar. Con este des´vío, el general Franco dio tiempo a los madrileños a organizar la defensa de la capital con garantías, y al Gobierno (ahora de Largo Caballero) a huir hacia Valencia, tras dejar una Junta de Defensa al mando del general Miaja. Además, varias divisiones de las Brigadas Internacionales y la columnda anarquista de Durruti (que a su paso por Aragón fue obligando a los camepsinos aragoneses a implantar colectividades anarquistas y a practicar el comunismo libertario) tuvieron tiempo de llegar a la capital.

Como resultado, los militares rebeldes no pudieron tomar la capital, aunque batallas posteriores como la del Jarama o Guadalajara, ya en marzo de 1937 ( a manos de los italianos), tuvieron como objetivo un nuevo intento de cercarla.

A principios de marzo de 1937 la zona nacionalista había aumentado con la toma de Málaga (por parte de los italianos del Corppo di Truppe Volontarie), y algunos enclaves más. En ese 1937, en mayo, los sucesos de Barcelona supusieron un grave revés en la política interna del bando republicano, ya que los enfrentamientos entre el POUM y demás opciones políticas revolucionarias, contra el gobierno de la Generalitat, conllevaron la dimisión de Largo Caballero, que se negó a ilegalizarlo pese a las presiones de los comunistas.

Paralelamente, estaba teniendo lugar la Batalla del Norte. No obstante, en este punto debemos dejar claro que, aunque teóricamente en esta zona las fuerzas gubernamentales estaban dirigidas por un mando común, el general Llano de la Encomienda, en realidad la Asturias republiucana estaba gobernada, y dirigida, por el Consejo de Asturias y León, en Santander existía una Junta delegada, y en el País Vasco un Gobierno autonómico (desde la aprobación del Estatuto a finales del verano de 1936).

El general Mola inició las operaciones en la primavera de 1937 (31 de marzo) con el apoyo de la Legión Cóndor alemana, lo cual le reportó indudables beneficios, ya que los alemanes estaban empleando nuevas formas, muy modernas, de realizar la guerra aérea (como resultado, los bombardeos de Guernica y de Durango, por ejemplo).

Las operaciones duraron casi todo 1937, con el resultado de la caída del norte en manos de los rebeldes, como vemos en el siguiente mapa.

La consecuencia fue una importante reducción del territorio controlado por el gobierno legal, que, pese a tímidas ofensivas como la de Brunete y Belchite para aligerar la presión de los insurrectos en sus objetivos principales, en realidad no hizo otra cosa que retrasar la apisonadora nacionalista.

A finales de 1937, por ejemplo, tuvo lugar una tímida ofensiva republicana en Teruel, que produjo la toma provisional de la ciudad aragonesa por parte de las tropas gubernamentales. Pero duró poco, ya que enseguida los franquistas la recuperaron, aunque no fuera en sí un objetivo militar clave. Tras esta refriega, los militares insurrectos emprendieron la gran ofensiva hacia el Este, que les hizo tomar el resto de Aragón, además de cruzar el Ebro, partir la zona gubernamental en dos con la toma de Gandesa, y acometer la ofensiva sobre Cataluña.

El resultado, antes de la toma de Cataluña, es el que observamos en el siguiente mapa. Tras la toma de Aragón, los dirigentes militares gubernamentales decidieron emprendser una ofensiva a gran escala en la zona del Ebro. Para ello concentraron el grueso de las fuerzas militares y decidieron atacar en el verano de 1938. En principio consiguieron avanzar, pero tras tres meses de dura contienda, las tropas franquistas reconquistaron el terreno perdido y obligaron a las tropas gubernamentales a replegarse.

Inmediatamente después (entre el 23 de diciembre de 1938 y el 2 de febrero de 1939), los sublevados iniciaron la ofensiva sobre Cataluña. Las elites políticas e intelectuales abandonaron el país e incluso el grueso de las tropas republicanas, que se refugiaron en Francia. Incluso Azaña dimitió de su cargo de presidente de la República el 24 de febrero.
No obstante, la consigna del entonces presidente del Gobierno, Juan Negrín, continuaba siendo aguantar y aguantar. Sospechaba que la política exterior alemana, aliada de Franco, iba a provocar el estallido de una guerra general en Europa, al estilo de la Gran Guerra del 14 (la I Guerra Mundial), en la cual entrarían potencias democráticas que estaban atenazadas hasta ese momento por el pacto de No Intervención. Asaí, tendrían alguna oportunidad. No obstante, muchos no compartían este punto de vista. De hecho, el 5 de marzo estalló un golpe de Estado protagonizado por el coronel Casado, en Madrid.

El 1 de abril de 1939 el general Franco emitía el último parte de guerra. Pero, pese a la propaganda franquista, con el final de la contienda no advino la paz, sino la Victoria, como muy bien sabemos. Y no es lo mismo. Ni fue lo mismo.