Un ejemplo de la política autárquica franquista: la SEAT y la relativa relajación

Como sabemos, en 1950, al hilo del intento de modernización económica y social, pero dentro de las estructuras autárquicas, había nacido la SEAT como una de las empresas estatales dependientes del INI. 

En concreto, fue el 7 de junio de 1949 el momento en el que por decreto el Gobierno encomienda al INI la creación de una empresa nacional de automóviles para conseguir introducir ese medio de transporte en el exiguo mercado de ocio y de utilitarios español. 

Para crear esta empresa se instauró una sociedad con un cierto capital, unos 600 millones de pesetas de la época que estaban sostenidos, en un 51%, por el citado INI. El resto, hasta un 42%, por la banca privada española y un pequeño porcentaje por la Fiat italiana que, además, aportaba las patentes. 

Su primera planta se instaló en la zona franca de Barcelona y comenzó produciendo el SEAT 1400. En 1957, por fin, se decidió por el SEAT 600, más asequible para el bolsillo de los españoles. No obstante, hemos de recordar que su precio en esos años oscilaba entre los 60.000 y las 90.000 pesetas, cuando el sueldo de un maestro nacional de zonas rurales (poblaciones de menos de 10.000 habitantes) no sobrepasaba las 10.000 pesetas al año. Pero apareció la "burguesía del 600"

LA CULTURA EN LA II REPÚBLICA

El período correspondiente al primer tercio del siglo XX, es decir, el período que abarcaba el reinado de Alfonso XIII y la II República se conoce como la Edad de Plata de la cultura. Esto se debía a que coexistieron los protagonistas de tres generaciones intelectuales como la Generación del 98, la del 14 y la del 27.

A la primer de ellas correspondían Pío Baroja, Antonio Machado, Ramón María del Valle-Inclán, Miguel de Unamuno o Ramiro de Maeztu. A la generación del 14 Juan Ramón Jiménez, Manuel Azaña, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón o Ramón Gómez de la Serna. Por su parte, en la Generación del 27 se pueden incluir Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Federico García Lorca o Miguel Hernández.

Además de estas figuras literarias, debemos destacar la arquitectura, con Lluís Domènech i Montaner, Antoni Gaudí, Puig i Cadafalch… y, en artes plásticas, a Mariano Benlliure, Ignacio Zuloaga, Pablo Picasso, Juan Gris, Joan Miró o Salvador Dalí. Asimismo, en cine destacaríamos a Luis Buñuel, y, en música, a Isaac Albéniz, Enrique Granados o Manuel de Falla. En ello vemos a coexistencia de tendencias musicales más tradicionales, con las vanguardias: el modernismo, el surrealismo, la experimentación pictórica, el cubismo, el postimpresionismo…. Todos ellos movimientos típicamente europeos.

Además de las artes, en la creación intelectual destacan en Medicina Santiago Ramón y Cajal o Severo Ochoa, y, en el pensamiento filosófico, José Ortega y Gasset o María Zambrano. Estas figuras se habían empezado a formar en España, pero, de la misma forma, habían completado sus estudios en Europa. Así pues, con ellos la cultura española traspasaba los Pirineos e introducía un mundo cultural diferente, lo que fue un apoyo importante para el desarrollo de un sistema democrático, el de la II República.

Como causas de esta eclosión cultural se pueden citar la creación de la Institución Libre de Enseñanza en los inicios de la Restauración borbónica, allá por 1876. Este establecimiento educativo, que inició su andadura con enseñanza superior pero acabó abarcando también la primaria y la secundaria,  defendió un sistema educativo basado en métodos inductivos y deductivos fundamentados en la observación de evidencias. Así pues, la consecuencia fue la formación del pensamiento crítico en los estudiantes. Estos estudiantes fueron los que maduraron en el primer tercio del siglo XX y se convirtieron en las figuras antes citadas.

Por otra parte, entre las figuras que dirigieron la Institución Libre de Enseñanza destacan Francisco Giner de los Ríos, su fundador, pero, más adelante, Manuel Bartolomé de Cossío. Bajo la dirección de este último la ILE inició el Museo Pedagógico Nacional, las colonias escolares de vacaciones, la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes, el Centro de Estudios Históricos o el Instituto-Escuela. Pero, además, en 1931 la ILE fomentó la creación de las Misiones Pedagógicas que fueron esenciales para extender la cultura entre las masas analfabetas españolas sobre las que era muy complicado establecer un sistema democrático.

Entre los pedagogos que se encargaron de llevar este proyecto adelante, y que se vinculó al control de la Iglesia, una Iglesia preconciliar, y a la extensión de una enseñanza sin dogmas destacaron varios. Lorenzo Luzuriaga, que defendió la escuela única, base para la creación de una sociedad sin diferencias entre hombres y mujeres, o Rodolfo Llopis, miembro del PSOE y director general de Enseñanza Primaria desde el Gobierno Provisional. Éste último, además, como maestro, conocía perfectamente la situación del Magisterio Nacional. Había pasado por la Escuela Normal de Cuenca, donde había impartido clases de Geografía en 1921 y sabía de primera mano la importancia que el magisterio tenía en la formación de las clases populares de la España rural. Así pues, fue una de las figuras que, desde el reformismo democrático, trató de sentar las bases de la democracia en una sociedad atrasada.

De todo lo comentado se deduce que esta eclosión cultural, que no se limitó a la alta cultura, se fundamentó en las medidas que habían escapado a los fundamentos del sistema liberal. En concreto, la cultura y la política de la II República provenían de la ILE de finales del XIX, pero, como sabemos, no se extendió. Por tanto, fue un intento de europeizar España, como había defendido Joaquín Costa a principios del siglo XX. Pero no pudo ser.

Tipos de fuentes textuales

Entre los tipos de documentos que se pueden encontrar podemos citar, ATENDIENDO A SU CONTENIDO, los siguientes:

- Políticos: discursos, tratados, declaraciones, manifiestos, crónicas, panfletos…todos aquellos que tengan un contenido político.

- Histórico- literarios: artículos de prensa, fragmentos de obras literarias, cartas… En este apartado deberemos especificar si el texto es periodístico, epistolar (una carta privada...) 

- Histórico- jurídicos: constituciones, tratados internacionales, concordatos, leyes, decretos, normas…

- Histórico-económicos: textos y documentos que tienen un contenido económico, como informes, gráficos, estadísticas…o el comentario de ellos.

- Histórico- sociales: son los documentos que hacen referencia a la estructura social. En este tipo se pueden incluir cartas, informes, etc.

- Histórico- culturales: serían los documentos que hacen referencia a aspectos relacionados con las manifestaciones culturales.

Ahora bien, ATENDIENDO AL ORIGEN DE LA FUENTE, también deberemos diferenciar entre: 

- Históricos, si se trata de fuentes primarias. 

- Historiográficos: son textos o fragmentos de obras de personas que reflexionan sobre los hechos acaecidos en el pasado.

Y, dependiendo del destinatario, entre: 

- Público, en el caso de que se dirija a un sector amplio de personas

- Privado, si se trata de una carta (documento epistolar...) u otro tipo de documento dirigido a una persona en concreto, pero con un cierto grado de intimidad. 

Estos aspectos, por tanto, sería conveniente incluirlos en ese primer párrafo o punto en el que trataríamos de presentar los documentos a los que nos enfrentamos.

Seguidamente deberíamos entresacar las ideas más importantes para determinar el proceso histórico al que hacen referencia las fuentes propuestas. Este proceso debe insertarse en uno de los ejes temáticos del temario. Por tanto, es muy importante conocer los títulos de los núcleos temáticos del programa, pero no basta con ellos para su ubicación cronológica, puesto que, como sabes, son muy amplios. Por ello la concreción cronológica debe realizarse desde las etapas más amplias (las que aparecen en el temario) hasta las más concretas. Ahora bien, como ya se ha señalado, se debe argumentar esta datación recurriendo a los documentos, para lo cual es muy útil numerar las líneas de 5 en 5, o basarse en un articulado si se trata de una ley. La cuestión es poder utilizar tanto la forma como el contenido de las fuentes propuestas.

El "desarrollismo"

En los años 60, sobre todo después de las protestas universitarias finales de los años 50 así como la aparición de movimientos de cristianos de base, las autoridades franquistas empezaron a notar que era necesaria una nueva legitimación. ya no era posible recurrir al fantasma del comunismo para justificar el autoritarismo del régimen.

Por todo ello, las autoridades del sistema político franquista desarrollaron un paquete de medidas económicas que tuvieron una consecuencia social, económica y, a largo plazo, política. La población empezó a salir en masa hacia los grandes núcleos de población, así como hacia los países más desarrollados de Europa Occidental, como Suiza, Francia y la República Federal de Alemania. 

Como consecuencia de ello, empezaron a afluir masas de capital extranjero que revitalizaron una nueva forma de hacer economía basada en la planificación. Planificación que se puso en práctica a través de los "planes de desarrollo". Este desarrollismo dejó atrás la autarquía, propia de sistemas políticos autoritarios y de sociedades atrasadas. 

Paralelamente, fue necesaria una nueva Ley de Orden Público y la creación del Tribunal de Orden Público que, en 1963, sustituyó el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y del Comunismo. 

Ésta es la historia

Brevísimas notas sobre la Llei de Contractes de Conreu de 1934

Tras la muerte de Francesc Macià el nuevo presidente de la Generalitat fue Lluís Companys, antiguo sindicalista de la Unió de Rabassaires, campesinos catalanes que trabajaban la tierra en régimen de arrendamiento. Ahora bien, este arrendamiento era un tipo de contrato adaptado a las especificaciones del mundo catalán. En concreto, el contrato de arrendamiento estipulaba que el campesino podía trabajar esa tierra hasta que la planta muriese. No obstante, a la altura de 1934 gran parte de las plantas estaba muriendo, con lo que el futuro de los campesinos estaba en el aire. 

Por otra parte, la Ley de Bases de la Reforma agraria de 1932 no afectaba a las propiedades minifundistas catalanas, con lo que Lluís Companys impulsó, como presidente de la Generalitat, una reforma de este sistema permitiendo a los campesinos que hubiesen cultivado las tierras durante 18 años, acceder a su propiedad. Y, en el caso de que el contrato de arrendamiento se hubiese iniciado, podrían disfrutarlo como mínimo durante seis años. 

Como se puede comprobar, era menos radical incluso que la Ley de Arrendamientos Rústicos, texto que permitía a los arrendatarios que hubiesen cultivado la tierra durante 12 años, el acceso a la propiedad. Y, además, este texto fue aprobado durante el período radical-cedista, con lo que se incluye dentro de la legislación rectificadora del primer bienio republicano pese a que, como sabemos, el ministro de Agricultura que la impulsó junto con la Ley de Yunteros y Pequeños propietarios de 1934, era un intelectual influido por la Doctrina Social de la Iglesia, por lo que iba a moderar considerablemente sus posiciones. 

La Llei de Contractes de Conreu fue considerada como anticonstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales, con lo que quedó una brecha abierta entre el Gobierno de Madrid y el de la Generalitat. Cuando en octubre de 1934 el PSOE promovió las Alianzas Obreras y la revolución contra la entrada de la CEDA en el Gobierno, Lluís Companys proclamó en Cataluña el Estado catalán, aunque dentro de una República federal española, lo cual superaba considerablemente lo previsto en la Constitución de 1931 y en el Estatut de Núria.  

La Autarquía española de los años 40 y 50

En estos videos observaremos una información complementaria de los apuntes sobre la autarquía. No obstante, recordaremos algunas ideas fundamentales de ese período. En ellas expondremos no sólo las cuestiones económicas, sino las medidas políticas y su relación con el contexto internacional. Por último, esbozaremos brevemente las características de la oposición. 

Durante los años 40 y hasta 1951, los gobiernos franquistas desarrollaron un tipo de política económica muy original: la autarquía.

Esta política consistía, básicamente, en una búsqueda del autoabastecimiento y en un fuerte dirigismo por parte del poder. De esta forma, el Estado trató de subsistir sólo, sin contar con el exterior, para lo cual se vio obligado a controlar lo que se producía, en qué cantidad, con qué calidad, y cómo se distribuía. Ahora bien, es imposible en un mundo de predominio capitalista que un estado se desarrolle económicamente estando solo.

Para conseguir subsistir, el Estado franquista nacionalizó empresas clave, controló los precios y fomentó la producción de determinados bienes y servicios mediante subvenciones y exenciones. Es decir, desarrolló un extremado nacionalismo económico del que se beneficiaron algunos sectores sociales, pero que perjudicó a otros.

1-a- Causas:

Sobre las causas del desarrollo de este original sistema económico, se ha debatido entre diversas posibilidades. Entre ellas podemos citar las siguientes:

-     Los desastres económicos de la guerra, que necesitaban una solución de emergencia obligada. Por ello, la autarquía sería una actuación coyuntural hasta que se lograse la normalización de la actividad económica.

-     La política económica propia de las potencias con las que el Franquismo se identifica por lo menos durante la Segunda Guerra Mundial: (Italia, Alemania, Portugal). Se basaba en el nacionalismo económico propio de los regímenes totalitarios o quasi totalitarios como consecuencia de la política iniciada a finales del XIX con el proteccionismo arancelario. Por tanto enlazaba con la política económica de los decenios anteriores (dictadura de Primo de Rivera, proteccionismo de los conservadores con Alfonso XIII…) ahora acentuada tras la crisis de 1929 (crisis mundial) y la Guerra Civil.

-     Pero, sobre todo, por una situación internacional proclive a este tipo de fórmulas económicas a raíz de las consecuencias materiales de la Segunda Guerra Mundial y de la política de una férrea dictadura política que entendió que el control de la actividad económica era un pilar básico de cohesión interna y de su fortaleza

1-b- La autarquía

Como sabemos, esta política consistió en una práctica económica basada en el autoabastecimiento de todo lo necesario, y en el aislamiento económico.

Para ello, el Estado debía controlar lo que se producía en cada sector económico, lo que se distribuía entre la población y entre las empresas, y cómo se hacía. Es decir, el Estado era el principal agente económico de un sistema que necesitaba de productos para abastecer a la población.

-                                                         Agricultura

En el sector agrícola el Estado intervino considerablemente a través del Servicio Nacional del Trigo. Mediante esta institución, controló tanto la producción como el almacenamiento y distribución del producto. También utilizó la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes para hacer llegar a la población la escasa producción española de ese período.

Las autoridades del Servicio Nacional del Trigo requisaban y compraban los productos alimenticios a precios de tasa, que luego distribuían entre los comercios. La población, para adquirir estos bienes, utilizaban las cartillas de racionamiento, que estuvieron vigentes desde 1939 hasta 1951. Mediante ellas, las autoridades controlaban la distribución de unos alimentos escasos de forma controlada ante la escasez.

Como consecuencia, se recortaron muchísimo los suministros de materias primas y energía, y, como era imposible obtener licencias de importación la población tuvo que recurrir al mercado ilegal (el estraperlo) o mercado negro, para conseguir completar su escaso abastecimiento. En él los productos se compraban a un precio dos y tres veces superior al de tasa, con lo que se enriquecieron muchos aprovechados. Además, en ocasiones, aunque era un delito el mercado negro, las autoridades conocían estos intercambios fraudulentos y, en ocasiones, se beneficiaban de él. 

-                                                         La industria

La industria española de la época seguía siendo muy débil, puesto que en la estructura económica predominaba el sector primario, tanto en números totales de trabajadores como en porcentaje de trabajadores respecto del total de la población activa (de hecho se habla de alrededor del 50% de la población activa en dicho sector), y en la aportación al PIB.

El régimen trató de levantar y fomentar el sector industrial a través de un fortísimo intervencionismo: leyes de la segunda mitad de 1939 por las que la instalación de cualquier empresa industrial precisaba del permiso previo ministerial (que era muy difícil y costoso de obtener) además de declarar industrias de interés nacional a todas las relacionadas con la defensa del país (lo que implicaba la protección financiera del Estado), o conceder ventajas para obtener licencias de importación, o incluso limitar la participación de capital extranjero al 25% de la empresa.

Estas medidas legislativas se completaron con la creación en 1941 del Instituto Nacional de Industria para llevar al máximo la política de sustitución de importaciones sobre todo en la defensa nacional. Esta institución aprovechó los territorios y tejidos industriales tradicionales y sentó las bases para el despegue futuro de nuevas regiones industriales. Por medio de ella el Estado hizo de empresario e inversor en el proceso de industrialización. Esto ya se había acometido con otras medidas durante la dictadura de Primo de Rivera, pero en este momento fue mucho más extremo.

Como consecuencia, no se pudieron establecer nuevas empresas ni se pudo invertir libremente. Además, el régimen favoreció el establecimiento de monopolios industriales de empresas que, sin competencia, no se preocupaban de la reducción de los costes ni de la diversificación de la producción.

En este punto conviene recordar que el régimen, mediante una política de obras públicas sostenidas con mano de obra procedente de las prisiones, consiguió acumular un capital con inversiones muy escasas. Esta mano de obra consistía en prisioneros políticos que, para reducir su pena, trabajaban gratis para el régimen. Así se construyeron obras como la Basílica del Valle de los Caídos, por ejemplo, entre otras obras públicas.

-              Sector bancario y política monetaria

El objetivo del régimen, en cuestiones de banca y política monetaria fue consolidar el sistema bancario que ya existía e impedir participar a la banca extranjera, algo lógico teniendo en cuenta las ideas ultranacionalistas del régimen en este momento.

En política monetaria, ante el aumento del déficit público, se emitió mucha Deuda Pública que se cambió por moneda circulante.

Como consecuencia aumentó la moneda que circulaba por el país y creció la inflación. Los precios subieron mucho pero no tanto los salarios (porque, como sabemos, el régimen se apoyó, principalmente, en los empresarios y propietarios de bienes y empresas) con lo que descendió la capacidad adquisitiva de la población y sus posibilidades de consumo.

-                                      Consecuencias para la población

Las consecuencias para la población fueron, en general, muy duras. Así pues, los grupos sociales menos pudientes fueron los que tuvieron que soportar el fuerte deterioro de la actividad económica.

El consumo se contrajo. Sobre todo, se redujo el consumo de determinados artículos básicos (trigo, patatas, azúcar, carne...) cuyos precios crecieron. Asimismo,  las horas de trabajo aumentaron porque los trabajadores estaban indefensos ante los empresarios pese a que el Fuero del Trabajo, teóricamente, defendía un trabajo digno.

Otra consecuencia fue la desnutrición: se alcanzó entre el 57´3% y el 79´9% de las necesidades calóricas mínimas. Había unos tremendos desequilibrios nutricionales causados en parte por la monotonía y pobreza de la dieta. Y eso que la mayor parte de los ingresos se centraba en la adquisición de alimentos. Además, el consumo de determinados productos generó ciertas enfermedades incurables.

Como consecuencia de lo anterior, el porcentaje de sueldo dedicado al ocio y la diversión como cine o fútbol, fue también mínimo. En esta década casi todos los ingresos se destinaban a la supervivencia: comida, vestido y vivienda prioritariamente.

No obstante, también algunos españoles se enriquecieron. Entre ellos destacan los que se beneficiaron de la concesión de licencias de importación o de licencias de apertura de empresas, o los que aprovecharon el mercado negro para vender la parte de la cosecha que escondieron de las requisas del gobierno.

2- Influencia de la coyuntura internacional en los años 40

2-a-La segunda Guerra Mundial

El conflicto mundial fue determinante para el régimen. Como consecuencia del conflicto, el Franquismo se fue redefiniendo en función de la evolución de la guerra. Dicha evolución afectó de la siguiente manera:

-1939/1942: No Beligerancia

La política de No beligerancia consistió en apoyar a las potencias del Eje (el III Reich e Italia, fundamentalmente), pero sin intervenir directamente en el conflicto. Así pues, aunque el régimen no participó abiertamente, se alineó junto a las potencias del Eje e incluso se llegó a plantear la intervención a raíz de la victoria alemana en Francia. Esto ocurrió desde abril de 1940 y el régimen español buscó ampliar su zona de influencia en el Norte de África.

No obstante, el hecho de que el país no estuviese preparado (a pesar de la proclividad al belicismo por parte de Serrano Súñer cuñado de Franco), además de lo desmesurado de las peticiones españolas frente a Alemania en el Norte de África y del interés de Hitler en Europa Oriental, hicieron que la entrevista de Hendaya de octubre de 1940 entre Hitler y Franco no desembocara en la intervención abierta.

Pese a ello, en 1941, con el ataque alemán a la Unión Soviética España ayudó a través de los voluntarios de la división Azul, que operó con 18.000 hombres hasta 1944.

- 1942/1945: neutralidad frente a la No Beligerancia por el retroceso del Eje

Tras mediados de la II Guerra Mundial, el régimen, en consonancia con la Ley de Cortes la Ley de Referéndum y el Fuero de los Españoles, se separó de las potencias fascistas y adoptó la neutralidad. No obstante, pese a esta última postura de neutralidad, mantuvo una división de voluntarios en el frente del Este, que luego quedó reducida a un pequeño contingente de soldados (la Legión Azul).

La adopción de esta política internacional conllevó una crisis fortísima dentro del franquismo, puesto que había sectores muy proclives a entrar en guerra a favor del Eje, como el general Muñoz Grandes y Serrano Súñer (que perdió el poder en 1942 tras los sucesos de Begoña, como sabemos) y otros opuestos a entrar, como el conde de Jordana.

2-b- La Postguerra mundial

En 1945 acabó la Segunda Guerra Mundial. Unos años antes, en  la Conferencia de San Francisco, se había creado la ONU con la idea de formar una organización de países que dirimiera sus diferencias sin llegar a la agresión bélica. Como consecuencia, todo estado que fuese similar a las potencias totalitarias que habían apoyado al III Reich, debía rechazarse.

De esta forma, México propuso que no se admitiera a los países que habían pertenecido al Eje, lo cual afectaba a España, a la que se veía como un residuo del totalitarismo centroeuropeo. Así pues, muchos embajadores extranjeros se retiraron de España y el país quedó aislado internacionalmente.

No obstante, desde 1947, cuando los antiguos aliados de la II Guerra Mundial empezaban a constatar las diferencias que había entre ellos, todo esto se empezó a suavizar. Por ello, el aislamiento político no fue total.

La causa del cambio fue que los aliados en la Segunda Guerra Mundial empezaron a chocar entre ellos por sus diferencias políticas. Algunos, como Gran Bretaña o Estados Unidos eran democracias occidentales, que estaban en el lado opuesto a los estados con dictaduras comunistas de partido único, como era el caso de la Unión Soviética.

Había también diferencias económico-sociales: propiedad privada en el caso de las potencias occidentales frente a nacionalización y estatalización de la propiedad en el caso de la Unión Soviética.

Ambas diferencias desembocaron en la política de bloques y en la Guerra Fría. Como consecuencia, las potencias occidentales, católicas y democráticas pluripartidistas, comenzaron a mirar a España de otra forma: el régimen del general Franco ya no era el residuo del totalitarismo, sino un baluarte contra el comunismo. Por ello, el régimen empezó a abrirse al mundo.

Esta apertura la inició Estados Unidos, el más preocupado por la posible extensión del comunismo por el mundo (doctrina Truman). Así, el franquismo se pudo acercar a Portugal, a algunos estados de Hispanoamérica y a los países árabes. Por tanto, en 1948 se firmó el Protocolo Franco-Perón con Argentina y Francia, por fin, reabrió la frontera. En 1950, una nueva resolución de la ONU revocó el aislamiento acordado en 1946.

Como consecuencia de esta apertura, la oposición que vivía en el exterior, sobre todo la comunista, empezó a perder las esperanzas de derribar a Franco mediante una acción bélica desde fuera del país (como veremos, ya había fracasado el intento de invasión desde el Valle de Arán) ya que el contexto internacional estaba cambiando. Proyectos como la invasión del Valle de Arán, fomentada por el PCE, o el recurso al maquis fueron un fracaso. El Franquismo empezaba a consolidarse. 

Cataluña y la II República

Cataluña y la II República

Con las revolución liberal y el afianzamiento de la monarquía isabelina , una monarquía constitucional, se consolidó el Estado centralista basado en ayuntamientos, diputaciones y, por último, Madrid.  Las leyes constitutivas del ejército, la aplicación de las reformas administrativas de Javier de Burgos, medidas educativas como el Plan Pidal y la Ley Moyano, la correspondencia entre diócesis y provincias y la aplicación de los gobernadores civiles (subdelegados del Minsterior de Fomento) contribuyeron a afianzar la división provincial . Como consecuencia,  existía una clara insatisfacción de los catalanistas culturalistas que defendían un respeto por sus tradiciones, costumbres y lengua. No obstante, el Estado liberal no iba a permitir que las regiones supraprovinciales tuviesen reconocimiento institucional, administrativo o, menos aún, político. Es decir, si ni siquiera se plantearon los políticos (excepto Moret , Santiago Alba o Antonio Maura) el reconocimiento administrativo suprarpovincial, menos aún vería la luz algún sistema de compartición de atribuciones legislativas (las Bases de Manresa no tuvieron respuesta positiva). 

Como respuesta, a principios del siglo XX, cuando el Estado liberal se planteó una modernización de sus estructuras sin abandonar su esencia doctrinaria y centralista, surgió un nacionalismo independentista, aunque minoritario. Así pues, cuando Alfonso XIII abandona España y se implanta un sistema de soberanía nacional,  en Madrid se proclama la REpública, así como en Barcelona. No obstante, Francesc Macià, el político independentista del Centre Català (germen de ERC) proclama la República, no proclama el nuevo régimen EN Barcelona, sino  DE  Cataluña, aunque dentro de una futura federación de pueblos ibéricos como repuesta a la proclama de Companys, más favorable a un Estado catalán pero no independiente, sino dentro de una repúbluca federal, como había sido el proyecto falllido de 1873. El discurso de Macià, más radical que el de Companys, fue el siguiente:  

     CATALANES:

Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que nos acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como estado integrado en la federación ibérica.

De acuerdo con el presidente de la República Federal Española Niceto Alcalá Zamora, con el cual hemos ratificado los acuerdos del pacto de Sant Sebastià, me hago cargo provisionalmente de las funciones del Gobierno de Catalunya, esperando que los pueblos español y catalán expresaran cual es en estos momentos su voluntad.

Haciendo esta proclamación, con el corazón abierto a todas las esperanzas, nos conjuramos y pedimos a todos los ciudadanos de Catalunya que se conjuren con nosotros para hacerla prevalecer por los medios que sean, incluso si fuera necesario sacrificar la vida.

Rogamos que cada catalán, así como cada residente en Catalunya, se haga cargo de la enorme responsabilidad que en estos momentos pesa sobre todos nosotros.

Todo aquel pues, que perturbe el orden del nacimiento de la República Catalana será considerado un agente provocador y un traidor a la patria.

Esperamos que todos sabréis haceros dignos de la libertad que nos hemos dado y de la justicia que, con la ayuda de todos, vamos a establecer. Nos apoyamos sobre cosas inmortales como son los derechos de los hombres y los pueblos, que ni muriendo perderíamos.

En proclamar nuestra República, hacemos llegar nuestra voz a todos los pueblos de España y del mundo, pidiéndoles que espiritualmente estén de nuestro lado y en contra de la monarquía borbónica que hemos abatido, y les ofrecemos aportar todo nuestro esfuerzo y toda la ilusión de nuestro pueblo renaciente para asegurar la paz internacional.

Por Cataluña, por los otros pueblos hermanos de España, por la fraternidad de todos los hombres y todos los pueblos, Catalanes, sabed haceros dignos de Cataluña.

Barcelona, 14 de abril de 1931

El President.

Se trataba, por tanto, de un federalismo basado en pactos sinalagmáticos, como el que había defendido Pi i Margall  en 1873.  Sin embargo, ni la propuesta de  Companys, menos radical, ni la de Macià, más independentista, respondían a lo que se había acordado en 1930 en el Pacto de San Sebastián entre los conspiradores republicanos contra la dictablanda de Berenguer y contra Alfonso XIII.  Además, pocos catalanes secundaban estas opiniones. Por ello, ERC se avino a un acuerdo con el Gobierno Provisional de Madrid y aceptó un sistema de autonomía en el que la soberanía la sostuviera la nación española y Cataluña disfrutase de una autonomía, de un "principio dispositivo" y no de soberanía.

No obstante, aun aceptando la autonomía, que se debía manifestar en un Estatuto,los políticos catalanes redactaron uno, el de Nuria, antes de que se redactase y aprobase la Constitución española republicana. Con ello condicionaba la definición y los límites de la autonomía en el seno de lo que se redactase, por lo que unas  nuevas negociaciones hicieron que tuviesen que recortar ese Estatuto y se postergase hasta que, finalmente, el 9 de diciembre de 1931 la nueva Constitución definiese el Estado español como producto de una soberanía,  pero integrado por Regiones Autónomas. El Estatuto de Nuria se debería recortar y adaptar a lo dispuesto en el texto constitucional.

España estaba constituida en un Estado “integral”, no federal, y  reconocía el derecho a la autonomía de las regiones que lo deseasen, siempre y cuando la mayoría de su población estuviese de acuerdo. Con todo ello, en 1932 fue aprobado el Estatuto de autonomía para Cataluña el cual, entre otros aspectos, oficializaba el uso del catalán en la región junto con el español.

En él quedaba recogida una amplia autonomía: derecho a la autodeterminación, la ciudadanía catalana, el futuro ingreso de nuevos territorios a Cataluña, amplias competencias, etc. Esto generó problemas, ya que imposibilitó la aprobación del estatuto tal y como estaba planteado al constituir un caso flagrante de inconstitucionalidad. Intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, así como los socialistas, se opusieron abiertamente a él. El estatuto emanado de Cortes españolas otorgaba a Cataluña una autonomía más amplia de la esperada en un principio, una realidad estrechamente relacionada con el fallido levantamiento contra el gobierno de la Segunda República protagonizado por el general José Sanjurjo (1932).

Esta intentona dio impulso al gobierno republicano-socialista presidido por Manuel Azaña (1880-1940), que hasta entonces había encontrado una fuerte oposición incluso entre los partidos de la izquierda. Pese a ello, se presentaron numerosas enmiendas encaminadas a retrasar la aprobación del estatuto y la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) mostró una gran oposición a la concesión de autogobiernos, al considerarlo antiespañol.  En busca de una mejor integración en la realidad política del momento, la Lliga Regionalista pasó a denominarse Liga Catalana. Tras el fallecimiento de Macià la presidencia de la   generalitat   recayó en manos de Lluís Companys.

 El estatuto resultante establecía, entre otros aspectos, el carácter de lengua cooficial del catalán, la preeminencia de las leyes del Estado sobre las leyes catalanas, etc. El Estado mantenía competencias como las Fuerzas Armadas, la recaudación de impuestos (aunque la generalitattambién tenía adquiría capacidades fiscales), la educación universitaria, no así la básica y preuniversitaria (aunque el Estado no renunciaba a su red educativa en Cataluña), y en obras públicas, aunque compartiendo esta competencia con la comunidad autónoma. 

La generalitat, por el presente estatut, se dotaba de un parlamento, un consejo ejecutivo y un presidente, así como competencias en justicia (destacando el tribunal de apelación denominado Tribunal de Casación). Las consecuencias de esta reforma territorial fueron ambiguas, porque, si bien es cierto que preservaba la soberanía nacional española, muchos nacionalistas españolistas vieron en el Estatuto un ataque a la unidad de España. Por otro lado, los nacionalistas catalanistas más radicales vieron en el Estatuto un sucedáneo que no les saisfizo. Ello explica su actitud en 1934 y en la Guerra Civil.  

En noviembre de 1933 la CEDA resulta vencedora en las Elecciones Generales, pero el miedo a un gobierno de derechas liderando la República motivó que su presidente, Niceto Alcalá-Zamora, diera la presidencia del gobierno a Alejandro Lerroux (1864-1949), líder del Partido Radical, pero sustentado por el apoyo parlamentario de la CEDA, que no entraba aún en el gobierno. Este partido mostraba abiertamente su oposición al reconocimiento de autonomías regionales considerando, por el contrario, que la Segunda República debía “españolizarse”. La oposición cedista a los autogobiernos se acentuó con la aprobación en Cataluña de la “Ley de Contratos de cultivos”, del 14 de abril de 1934, que fue llevada al Tribunal de Garantías Constitucionales y rechazada por esta institución. En realidad, no era muy diferente a leyes anteriores, pero el hecho de que fuese el Parlament de la Generalitat quien lo aprobase generó un conflicto de competencias entre el Estado central y la Generalitat catalana. De nuevo el sistema integral mostraba sus límites. 

El Estado Catalán de Lluís Companys (Octubre 1934)

La sublevación originada en Cataluña contra el gobierno de la Segunda República tuvo como principal detonante la entrada en el gobierno radical de tres miembros de la CEDA, partido de derechas que actuaba como garante de la estabilidad política en España. La noticia, difundida el 4 de octubre, de que se había permitido la integración en el gobierno a tres miembros de dicha formación política hizo pensar a muchas personas de izquierda que España se convertiría en un país bajo un régimen fascista similar a los implantados en Alemania e Italia, o bien que supondría la vuelta de la monarquía. Los principales focos de insurrección fueron sectores de la izquierda radicados en Asturias, Cataluña y Madrid. En Asturias, los acontecimientos desembocaron en una revolución socialista que acabó fracasando, mientras que en Madrid el desconcierto de la izquierda dio al traste con el movimiento antigubernamental. Es en este contexto en el que debemos enmarcar la proclama pseudoindependentista Companys.

Mientras en Madrid las fuerzas de izquierda armaban a sus partidarios para hacerse con el poder, en Barcelona ocurría lo contrario ante la firme oposición del Consejero de la gobernación de la   Generalitat, Josep Dencás  La proclama expuesta desde el   Palau   de la   Generalitat    suponía la ruptura de los lazos con el gobierno de la Segunda República hasta que la derecha no abandonase el poder, y decía así:

Catalanes: Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder. Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones (…).

En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica.

La consecuencia directa de la proclama de Lluís Companys fue la respuesta de la guarnición del ejército establecida en Barcelona, que logró hacerse con el control de la ciudad en pocas horas. 

La sublevación catalana concluyó con la victoria del gobierno de la República el día 7 de octubre y sin apenas muertos. Los principales responsables de este levantamiento, el presidente de la    generalitat      Lluís Companys, y el alcalde de Barcelona Carles Pi i Sunyer, fueron  recluidos junto a otros detenidos en el barco Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona y que hizo las veces de prisión provisional. Tras esos sucesos, fue decretada la suspensión de la   generalitat   de Cataluña (que no suprimida, como muchos habían deseados) aunque en el año 1936 volvería a ser presidida nuevamente por Lluís Companys. Tras la insurrección de octubre de 1934 fue establecido en Cataluña un gobierno militar de carácter temporal, retornando todas las competencias que había ostentado la   generalitat   nuevamente a manos del Estado  tuvo un resultado final de cuarenta y tres muertos, buena parte de los cuales sin una relación directa con las fuerzas políticas enfrentadas.

Companys y los demás detenidos fueron llevados ante un Consejo de guerra, el cual impuso a Companys una condena de treinta años de cárcel. En su defensa, Companys declaró que su actuación no fue separatista, sino que luchaba contra las fuerzas “inmovilistas” que se habían hecho con el control del gobierno republicano. La condena inicialmente impuesta a Companys quedó finalmente limitada a 17 meses de cárcel tras la victoria electoral del Frente Popular en Fenbrero de 1936, y que supuso el indulto para Companys y sus colaboradores. Este acontecimiento significó además su vuelta a la presidencia de la   generalitat. Durante los meses de gobierno del Frente Popular, Companys llevó a cabo una labor legislativa encaminada a continuar con los proyectos estancados durante el periodo del gobierno radical-cedista.