Como sabemos, la crisis del Antiguo Régimen significó la crisis institucional, económica, política y social de ese sistema de relaciones de poder en lo político, en lo social, en lo económico y en lo territorial, que se basaba en los privilegios acumulados a lo largo de los siglos en virtud de las concesiones que el depositario de la soberanía, el monarca de derecho divino, concedía a sus vasallos a cambio de una cierta fidelidad que se juraba ante Dios.
Con la revolución liberal, este sistema de relaciones debía eliminarse y sustituirse por otro que se fundamentara en el derecho positivo, escrito, y fundamentado en la voluntad del nuevo depositario de la soberanía, la ciudadanía.
Como consecuencia de ello, que se sumaba a un intento de racionalizar un sistema de relaciones territoriales basado en la igualdad y en la racionalidad, los liberales trataron de sustituir el sistema anterior, irregular porque se había construido, de forma acumulativa, en base a privilegios territoriales y conquistas bélicas, por uno nuevo.
El primer intento de gestionar de esta forma el territorio, fue el ensayo de José I definido en torno a las prefecturas y en las subprefecturas, de 1810, que es el siguiente:
Como vemos, el concepto era el mismo, pero dejando muy claro que el cabeza de la provincia, el prefecto, era elegido por el monarca, con lo que se diseñaba, además de un sistema racional, un sistema centralizador.
Con posterioridad, en 1811, las Cortes de Cádiz que acababan de aprobar el decreto de supresión de señoríos de 1811, debieron acometer una reestructuración territorial basada en los principios liberales de igualdad territorial ante la ley.
Todas las provincias debían tener las mismas obligaciones, y derechos (por ejemplo, el derecho de voto), con lo que la legislación liberal se desarrollaba. Sin embargo, y esto ha sido criticado duramente desde la historiografía periférica y sensible con los nacionalismos centrífugos, esta división territorial no contemplaba el respeto por las regiones históricas, aunque se planteó, como base, el nomenclátor del conde de Floridablanca que se basaba en 32 provincias.
En 1813, las Cortes de Cádiz encargaron a Felipe Bauzá un nuevo proyecto, en este caso de 36 provincias, con 7 más subalternas, que sí que consideraban también los criterios históricos, aunque no se llegó a aprobar. La llegada del absolutismo y de los privilegios territoriales del Antiguo régimen en 1814dejó estos intentos homogeneizadores en el suspenso. Así, en 1817 el territorio de la Monarquía fue dividido en 29 intendencias y 13 consulados.
Más adelante, durante el trienio liberal, los liberales, de nuevo en el poder, desarrollaron en siguiente proyecto, en este caso en 52 provincias:
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