COMENTARIOS SOBRE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Video sobre la I República

2012-01-18T03:25:00.000-08:00

Este video, que he encontrado en http://www.youtube.com/watch?v=ltisYGYv1TU, nos habla del inicio de la I República. Es muy somero, pero refleja algunos elementoos básicos, como las diferentes etapas del primer período republicano español, así como la referencia a determinados proyectos federalistas. Como consecuencia, comenta el estallido del movimiento cantonal.

También relata el período del general Serrano, muy centralista, y que representa un giro a la derecha del sistema republicano. Esto es así, hasta el hecho de que algunos autores lo consideran como un período aparte. Y, por supuesto, hace referencia a la oposición a los revolucionarios del sexenio, como era la postura de Cánovas, que va preparando el terreno para la vuelta de los Borbones, en enero de 1975, tras el golpe del general Martínez Campos en Sagunto.

El Bienio progresista

2011-11-30T02:52:00.000-08:00

En este video se exponen las causas y los hechos de la Revolución de 1854, que comportó la sustitución de los moderados por los progresistas, al frente del Gobierno. Es muy interesante.

Propuesta socialista de nuevo sistema electoral

2011-07-10T05:18:00.000-07:00

Como sabemos, nuestro sistema electoral para el Congreso de los Diputados (y para Ayuntamientos y Cámaras legislativas autonómicas) es el sistema d'Hondt. Actualmente, desde determinados sectores sociales y corrientes de opinión, está siendo muy criticado. Pues bien, ayer sábado, el nuevo candidato del PSOE para las elecciones generales de 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció algunos cambios importantes.

Uno de estos cambios es la modificación del citado sistema electoral, en algunos puntos. Para ello, propone como modelo el determinado por la legislación alemana, que es el descrito, a grandes rasgos, en este artículo que ha aparecido en la edición digital de EL PAÍS, de hoy, día 9 de julio de 2011.

Más allá del cumplimiento de las promesas electorales, es importante observar que uno de los puntos a desarrollar para hacer efectivo un cambio en el sistema político, debe ser el sistema electoral. Pero, con este modelo, ¿realmente se hace efectiva la democracia? Además, en Alemania existe una organización territorial del Estado que sigue el modelo federal, por lo que debe existir una cámara más o menos proporcional, y otra, la que representa a los territorios que forman el Estado, mayoritaria. Por tanto, ¿es factible implantar un modelo así en España, donde el federalismo clásico no existe?

Por otra parte, ¿se trata de una consecuencia del movimiento del 15-M? Siendo así, este movimiento podría haber ejercido una cierta presión sobre los poderes establecidos: Pero, ¿esta propuesta recoge, al menos en esencia, las peticiones y reivindicaciones de los movilizados? ¿o se queda, más bien, en un parche para que todo cambie para que todo siga igual, como diría Lampedusa?

Reflexionemos sobre estos puntos.

Sobre el Movimiento del 15-M

2011-05-22T15:08:00.000-07:00

A lo largo de estas líneas, tan sólo pretendo reflexionar sobre lo que dice cierto intelectual de altura acerca del 15-M. No se trata de expresar si estoy de acuerdo o no, con lo que se plantea en el documento visual, sino conseguir que los alumnos reflexionen sobre el mundo que les rodea.

Este vídeo, en el que aparece el catedrático José Luis Sampedro, nos habla del 15-M.

¿De qué nos habla el vídeo? Denuncia aspectos muy importantes. Por ejemplo, denuncia el bipartidismo. Pero, ¿qué es eso del bipartidismo? En este testimonio se afirma el poder de la educación. El problema es que, para entender este testimonio se necesita precisamente eso: conocimientos. Y esos conocimientos no se adquieren por ciencia infusa, sino mediante el esfuerzo. Un esfuerzo que el sistema educativo no siempre incentiva.

También se denuncia la Ley electoral. Pero, ¿qué dice esa ley? ¿Por qué, según Sampedro, desemboca en el citado bipartidismo? Eso implica molestarse y leer dicho texto legislativo. Sampedro, de hecho, denuncia el poder de los medios de comunicación en el sistema político, y defiende que el ciudadano debe tener formación para evitar ser manipulado. Pero, repito, esa formación no ns viene del cielo, sino de unos conocimientos adquiridos mediante el esfuerzo. Un esfuerzo que no es teórico, sino que se refleja en capacidades tan básicas como la lectura. El problema es que la lectura cuesta, y, además, es ABURRIDA.

Sampedro también denuncia la crisis de valores. El problema es que esta sociedad sí que sigue unos valores. Pero son unos valores muy asociados al consumismo (esto ya es exclusivamente reflexión mía), a la inmediatez, a la facilidad en la obtención de las recompensas. Unos valores que no hacen que el ciudadano madure psicológicamente, sino que se acostumbre a realizar tareas tan sólo cuando está estimulado. Es cierto que el estímulo redunda en un mayor beneficio, pero hay cosas que se deben hacer sólo porque se DEBEN HACER (en mi humilde opinión, claro está).

Evidentemente, no se puede desarrollar una postura crítica cuando no se es independiente en la formación de opiniones. Pero esa independencia conlleva un precio, y ese precio es la formación. Una formación en conceptos económicos, políticos, sociales... que son ABURRIDOS. Por ese motivo, por el desinterés, por el fomento del estudio de materias que tan sólo desembocan en la obtención de un trabajo productivo, es difícil formar ciudadanos críticos, y los medios de comunicación tienen más facilidades para inculcar los conceptos que deseen.

Podría afirmar muchas más cosas, pero excederían estas líneas. Ahora bien, invito al que lo desee a debatir sobre el vídeo que propongo, que es éste:

La redefinición del PSOE

2011-05-16T02:56:00.000-07:00

Este texto muestra el proceso de redefinición ideológica del PSOE, partido que fue abandonando las tesis más radicales (el marxismo-leninismo, la revolución...) a cambio de la inserción en un sistema democrático de partidos que pudieran concurrir a las elecciones en libertad.

[…] debate del XXVIII Congreso.

«1. El PSOE tiene un texto fundamental: su programa máximo, el cual […] constituye la base de todo nuestro pensamiento y acción y debe ser un elemento esencial en la divulgación de lo que es nuestro partido. Pero, para facilitar precisamente dicha divulgación, parece conveniente concretar ideas de dicho texto en una serie de explicaciones claras y accesibles.
2. El PSOE se define como socialista porque su programa y su acción van encaminados a la superación del modo de producción capitalista mediante la toma del poder político y económico y la socialización de los medios de producción, distribución y cambio por la clase trabajadora. Entendemos el socialismo como un fin y como el proceso que conduce a dicho al fin, y nuestro ideario nos lleva a rechazar cualquier camino de acomodación al capitalismo o a la simple reforma de este sistema.
3. Declaramos que la sociedad socialista que preconizamos tendrá que ser autogestionaria. Las nacionalizaciones y la planificación no suponen necesariamente el socialismo. Queremos construir un modelo de sociedad […] en el que todos los hombres sean dueños de su trabajo y su conciencia, en el que el poder de decisión y los beneficios sociales pertenezcan solidariamente a la comunidad, y no a minorías dominantes, cualquiera que sea su signo.
[…] se exige levantar una democracia a socialista democracia en los partidos y sindicatos en todos los órganos de poder y decisión, que han de ser elegibles y revocables. Se exige la más amplia libertad de creación y crítica. En resumidas cuentas, el control y la autogestión de los trabajadores en todos los terrenos.
4. El PSOE reafirma su carácter de partido de clase y, por tanto, de masas, marxista y democrático. Somos un partido de clase en cuanto que defendemos y luchamos por el proyecto histórico de la clase obrera: la desaparición de la explotación del hombre por el hombre y la construcción de una sociedad sin clases. Somos un partido marxista porque entendemos el método científico de conocimiento de transformación de la sociedad capitalista a través de la lucha de clases como motor de la historia. Entendemos el marxismo como un método no dogmático, que se desarrolla y que nada tiene que ver con la traslación automática de los esquemas teóricos o prácticos de las experiencias determinadas del movimiento obrero. Aceptamos críticamente las aportaciones de todos los pensadores del socialismo y las distintas experiencias históricas de la lucha de clases. Nos definimos como un partido democrático por estar conformados como una organización con la más escrupulosa democracia interna y de funcionamiento, a semejanza de la sociedad nueva que queremos construir, cuya mayor garantía está en la estructura democrática de las organizaciones que luchan por ella.
5. El PSOE propugna un método dialéctico de transición al socialismo que combine la lucha parlamentaria con la movilización popular en todas sus formas, creando órganos democráticos de poder de base (cooperativas asociaciones de vecinos, comités de pueblos, barrios, etcétera), que busque la profundización del concepto de democracia mediante la superación del carácter formal que las libertades políticas tienen en el Estado capitalista y el acceso a las libertades reales; que señale las reivindicaciones de cada momento, así como las alianzas que fueran precisas, conectadas con la perspectiva de la revolución socialista, ya que no puede existir libertad sin socialismo, ni socialismo sin libertad. Hasta que se cubra ese objetivo final de la sociedad sin clases, con la consiguiente desaparición del Estado, […] existirá una etapa transitoria de construcción del socialismo en la que serán necesarias intervenciones enérgicas y decisivas sobre los derechos adquiridos y las estructuras económicas de la sociedad burguesa. Consistirá en la aplicación real de la democracia, y no en su abolición. El grado de presión a aplicar deberá estar en función de la resistencia que la burguesía presente a los derechos democráticos del pueblo, y no descartamos, lógicamente, las medidas de fuerza que sean precisas para hacer respetar los derechos de la mayoría haciendo irreversibles, mediante el control obrero, los logros de la lucha de los trabajadores.
6. El PSOE es un partido internacionalista y antiimperialista que concibe que la liberación de los trabajadores sólo será efectiva cuando se realice a escala universal, y lucha por esta emancipación mundial; el PSOE se mostrará siempre solidario con la lucha de liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo económico o político de otras potencias.
7. […] su concepción de la sociedad sin clases y de garantía de la libertad real del hombre hace que para el PSOE sea principio esencial de su doctrina la lucha por la conquista del poder político como palanca para la construcción del socialismo y la adopción de los medios del Estado a nuestros propios fines de las libertades, su defensa y protección y su desarrollo más auténtico. Cada libertad conquistada históricamente es un hito en la lucha de clases y sirve de indudable apoyo en la siguiente conquista, debiendo ser defendida sin otra limitación que la que se deriva de la prioridad de las necesidades sociales y solidarias sobre las individuales o egoístas.

La legalización del PCE

2011-05-16T02:54:00.000-07:00

En el procedimiento instruido por este Ministerio para cumplimiento de la sentencia dictada en 1 de abril de 1977 por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Justicia, […] resultando que el 11 de febrero de 1977 tuvieron entrada en este departamento acta notarial y estatutos del Partido Comunista de España (PCE) para su inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas y recabando dictamen de la asesoría jurídica […], se dictó acuerdo con fecha 22 de los mismos mes y año, en el que, con suspensión de la inscripción en el aludido registro, […] se ordenaba la remisión de la documentación presentada al Tribunal Supremo de Justicia.

Resultando que en relación con el expediente arriba mencionado, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentencia con fecha 1 de abril de 1977. (Cuyo fallo decía: "Fallamos: Que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta de jurisdicción de esta sala, para conocer de las presentes actuaciones, relativas a la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas de la promovida con la denominación de Partido Comunista de España; debemos anular y anulamos el acto del Ministerio de la Gobernación de fecha 22 de febrero del presente año […] que ordena la remisión del expediente administrativo a este Tribunal, acordando por tanto, su devolución a dicho Ministerio […].

Resultando que con fecha de hoy, el fiscal del Reino, oída y de conformidad con la junta de fiscales generales dice:

Primero. Que de dicha documentación no se desprende ningún dato, ni contiene ninguna manifestación, que determine de modo directo la incriminación del expresado partido en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su reciente redacción.

Segundo. Que el solo hecho de solicitar la inscripción o legalización de un partido, aunque éste pueda resultar ilegal y se deniegue la solicitud, no acarrea responsabilidad penal para los solicitantes, ni puede fundar la presunción de comisión de delito, sin perjuicio de ejercitar las acciones penales en cuanto existan conductas o actos que puedan ser tipificados en el Código Penal, o evidencien la ilicitud de los fines del partido, conforme al ya citado artículo 172 del Código Penal.

Tercero. A los efectos que fueren procedentes el Ministerio Fiscal hace constar la existencia de procedimientos en tramitación contra dirigentes y miembros del denominado Partido Comunista Español. (...).Considerando que como consecuencia de lo anteriormente expuesto […] resulta evidente que para el debido cumplimiento del mismo había de darse traslado al Ministerio Fiscal […]

[…] una vez que el fiscal del Reino, de conformidad con el parecer de la junta de fiscales generales, manifiesta que no ha encontrado base fáctica ni jurídica para el ejercicio de las acciones penales a que aluden los preceptos antes citados, en relación con el Partido Comunista de España, sin que, por otra parte, se dedujera en su momento oportuno el tanto de culpa correspondiente, a los mismos efectos, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, resulta claro que la duda o presunción de ilicitud penal surgida en vía administrativa durante la tramitación del expediente queda desprovista de fundamento y contenido como causa determinante del acuerdo de suspensión de la inscripción en el Registro, acuerdo que, en definitiva, debe ser dejado sin efecto para proceder a la inscripción solicitada por haber desaparecido el único obstáculo legal que en su día se opuso a la misma, decisión que no impide el que, si en un futuro se traspasaran los límites del derecho de asociación, puedan y deban incriminarse las conductas eventualmente merecedoras de sanción penal.

Por todo lo cual, este Ministerio, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 1 de abril de 1977 y a la vista del dictamen del fiscal del Reino, ha tenido a bien disponer que se deje sin efecto la suspensión de la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas de la denominada Partido Comunista de España (PCE), suspensión acordada con fecha 22 de febrero del corriente año, y que se proceda a la inscripción en el referido Registro de la citada asociación.

Madrid, 9 de abril de 1977.

Este texto, como hemos visto, nos muestra la legalización oficial del PCE. Se trató de uno de los hechos más importantes de la Recuperación democrática, puesto que, tras la Ley para la Reforma Política auspiciada por el gabinete de Adolfo Suárez, era capital la inclusión en el proceso electoral previsto en dicho texto, a los comunistas.

No obstante, este proceso de legalización fue muy complicado. Recordemos que, unos meses antes, había tenido lugar la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, por parte de pistoleros de la ultraderecha. Esta matanza había podido provocar a los comunistas, pero en el entierro de los fallecidos los militantes del PCE demostraron un sentido del estado encomiable. Así, mostraron a la sociedad española que su partido podía legalizarse.

Sin embargo, la legalización generó una oposición frontal del búnker y de los sectores de las Fuerzas Armadas más nostálgicos del Franquismo. Así, en 1978 tuvo lugar la Operación Galaxia, que fue abortada, y, en 1981, el intento más serio de golpe de Estado.

Sobre el carácter fascista del sistema franquista

2011-05-03T02:33:00.000-07:00

Esta entrada tiene como objetivo continuar con la aproximación a la conceptualización del sistema franquista. Para ello, proponemos este texto, breve pero muy ilustrativo.

EL FASCISMO, INSATISFECHO

Pregunta: ¿Es en la actualidad España Una, Grande y Libre?
Respuesta: Todavía no, porque no hemos podido alcanzar la plenitud de nuestra fortaleza
P: ¿Lo seremos alguna vez?
R: Si conseguimos hacer nuestra revolución, desde luego.
P: ¿Los partidos de derechas eran, entonces, [durante la Segunda República], amigos de Falange?
R: Tampoco…, su gusto hubiera sido que la Falange no hubiera aparecido nunca.

FUENTE: Formación política. Lecciones para las Flechas. Manual de educación de los hijos de las organizaciones fascistas, año 1951.
LAZO, Alfonso. (2008). Una familia mal avenida. Falange, Iglesia y Ejército. Madrid. Síntesis. P 308.

Hacia una definición del Franquismo II

2011-04-12T04:11:00.000-07:00

El siguiente texto es un fragmento de la Ley de Cortes de 1942. Se trata de una de las Leyes Fundamentales del Régimen, y viene a ser uno de los elementos de una teórica parte dogmática de la Constitución franquista.

DOCUMENTO 8: ARTICULADO DE LA LEY DE CORTES DE 1942.

Art 1 Las Cortes son el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es misión principal de las Cortes la elaboración y aprobación de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que corresponde al Jefe del Estado.

Art 2 I. Las Cortes se componen de los Procuradores comprendidos en los apartados siguientes:

a) Los miembros del Gobierno. […]

d) Ciento cincuenta representantes de la Organización Sindical.

e) Un representante de los Municipios de cada Provincia, elegido por sus Ayuntamientos entre sus miembros, y otro de cada uno de los Municipios de más de trescientos mil habitantes y de los de Ceuta y Melilla, elegidos por los respectivos Ayuntamientos entre sus miembros; un representante por cada Diputación Provincial y Mancomunidad Interinsular canaria, elegido por las Corporaciones respectivas entre sus miembros y los representantes de las Corporaciones locales de los territorios no constituidos en provincias, elegidos de la misma forma.

f) Dos representantes de la familia por cada Provincia, elegidos por quienes figuren en el censo electoral de cabezas de familia y por las mujeres casadas, en la forma que se establezca por Ley. […]

j) Aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar o administrativa, o por sus relevantes servicios a la Patria, designe el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino, hasta un número no superior a veinticinco.

II. Todos los Procuradores en Cortes representan al Pueblo español, deben servir a la Nación y al bien común y no estar ligados por mandato imperativo alguno. […]

Art 10 Las Cortes conocerán, en Pleno, de los actos o leyes que tengan por objeto alguna de las materias siguientes: a) Los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Estado. b) Las grandes operaciones de carácter económico y financiero. […] m) Las demás Leyes que el Gobierno por sí o a propuesta de la Comisión correspondiente decida someter al Pleno de las Cortes. Igualmente el Gobierno podrá someter al Pleno materias o acuerdos que no tengan carácter de Ley. […]

Art 16 El Presidente de las Cortes someterá al Jefe del Estado, para su sanción, las leyes aprobadas por las mismas, […]

Art 17 El Jefe del Estado, mediante mensaje motivado y previo dictamen favorable del Consejo del Reino, podrá devolver una ley a las Cortes para nueva deliberación. […]

En esta ley, por tanto, se crea una institución muy interesante: las Cortes. No estarían formadas por representantes directos de los ciudadanos, si exceptuamos los procuradores por el tercio familiar, sino una especie de representantes de la nación, quien los elige de acuerdo con la forma en la que se reparte la soberanía. Por ello, es el dictador el que, de una forma más directa (los procuradores por prerrogativa) o indirecta (los representantes de los colegios profesionales, de los ayuntamientos...) influye en su designación. Además, como especifica el artículo 16, el Jefe del Estado dispone de derecho de veto.

El resultado de la creación de esta institución es evidente: basándose en el ejemplo del Anteproyecto de constitución de 1929, el Régimen crea una institución que sirve para maquillar o matizar el autoritarismo del sistema, pero no implanta una verdadera democracia. Sí para los franquistas, que defienden que el régimen es una democracia a la española, una democracia orgánica en la que la ciudadanía expresa su soberanía a través de los cauces naturales del verdadero Estado.

Como consecuencia, no se puede hablar de un régimen totalitario, pero, conceptualmente, la soberanía reside en el dictador, por lo que sería un sistema muy similar, por ejemplo, al de Trujillo.

Hacia una aproximación sobre la estructura política del franquismo I

2011-04-08T01:52:00.000-07:00

Los textos que aparecen a continuación expresan algunas diferencias fundamentales entre el régimen que se está construyendo en el bando sublevado, y el que simultáneamente se desarrolla en el republicano. ¿Qué opináis sobre ello?

DOCUMENTO 24: EL DECRETO DE UNIFICACIÓN

Llegada la guerra a un punto muy avanzado y próxima la hora victoriosa, urge ya acometer la gran tarea de la paz, cristalizando en el estado nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra Revolución Nacional. Unidos por un pensamiento y una disciplina común, los españoles todos han de ocupar su puesto en la gran tarea. Esta unificación (...) precisa tener en cuenta que (...).

Falange Española y Requetés han sido los dos exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional iniciado por nuestro glorioso Ejército el diecisiete de julio.

Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene fuerza nueva. Falange Española aportó con su programa masas juveniles, (...) los Requetés [aportaron], junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la tradición española (...). Por todo lo expuesto, DISPONGO:

Artículo 1º. Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Esta organización, intermedia entre la sociedad y el Estado, tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad (...). Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos.

Artículo 2º. Serán órganos rectores de la nueva entidad política el Jefe del Estado, un Secretariado o Junta Política y el Consejo Nacional (...)

Artículo 3º Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional las de Falange Española y de Requetés, conservando sus emblemas y signos exteriores (...). La Milicia Nacional es auxiliar del Ejército. El Jefe del Estado es el Jefe Supremo de la Milicia (...).

Dado en Salamanca a diecinueve de abril de mil novecientos treinta y siete.-

FRANCISCO FRANCO, Boletín Oficial del Estado (Burgos), 20 de Abril de 1937.

DOCUMENTO 25: EL NUEVO ESTADO.

Si en el bando rebelde la estructura política real, desde el momento mismo del alzamiento, se limitaba al poder dictatorial de los militares, no estuvieron ausentes de él los problemas políticos de la consecución de la hegemonía y de la definición de los objetivos de guerra.

Las fuerzas que colaboraron al alzamiento militar, aunque socialmente homogéneas, no lo eran políticamente por cuanto reproducían el espectro anterior, monárquicos, carlistas, derecha corporativista de tradición primorriverista, militares sin clara definición política, etcétera, formaban un conglomerado difícilmente amalgamable.

El poder se adjudicó, en principio y fugazmente, a una Junta de Defensa Nacional, instalada en Burgos, integrada exclusivamente por militares y estructurada con arreglo a fuero militar: grado y antigüedad. Tras ello estaba la mano y el juicio político que de la situación se hace Emilio Mola. Su presidente fue el general más antiguo, Miguel Cabanellas. El 28 de julio declaraba el estado de guerra.

Hubo dos hechos con poderosa influencia sobre el curso político de los sublevados: los éxitos militares del Ejército al mando de Franco y los condicionamientos políticos derivados de la decisiva ayuda de las potencias fascistas.

En función de lo primero, advino el nombramiento de Franco para ejercer el mando supremo, a raíz de las célebres reuniones en los alrededores de Salamanca a fines de septiembre, con una fórmula que agrupaba el poder militar y político de manera dictatorial. Ahí empezaba el proceso que llevaría a la estructuración del Nuevo Estado.

Los altos dirigentes de la sublevación divergían en cuanto al futuro político y el régimen a establecer. Los había, como Mola, que ni iban más allá de un directorio militar transitorio; los había proclives a la Monarquía con mayores o menores ropajes corporativistas; los había fascistas de estricta observancia. La Monarquía legitimista o carlista contaba con muchas menos posibilidades.

Investido de todos los poderes, Franco nombró una Junta Técnica de Estado, ahora con miembros militares y civiles, que funcionaba como un gabinete ministerial, aunque bajo estricto control, mientras Franco operaba desde su Cuartel General. Sin embargo, desde enero de 1937, empezaron las maniobras políticas que, ante una guerra previsiblemente larga, emprendieron los grupos existentes.

Falange Española y la Comunión Tradicionalista eran los que más habían contribuido a canalizar una gran masa de combatientes hacia la rebelión. La elaboración de una solución política capaz de dar algún contenido ideológico a la guerra y estructurar las diversas influencias se hizo sobre el modelo fascista de Partido Único (este fue el segundo hecho influyente de los señalados) y se debió a Ramón Serrano Súñer.

La Unificación, de 19 de abril de 1937, creaba el partido FET de las JONS, cuya jefatura se atribuía a Franco con el título de Caudillo. La clase dominante tradicional, bajo un nuevo ropaje político, aseguraba su autoperpetuación.

ARÓSTEGUI, Julio (1983) “La Guerra Civil en España” en DE LA TORRE, Rosario; GIL PECHARROMÁN, Julio, y otros. La guerra civil española. Madrid: Historia 16. Págs. 96-98.

DOCUMENTO 29: MILITARIZACIÓN DE LA VIDA EN EL BANDO NACIONALISTA.

Artículo primero: Los jefes superiores de las columnas y fuerzas que operan en las zonas en contacto con el enemigo podrán nombrar, con carácter interino, las Autoridades civiles de las ciudades, pueblos y provincias que ocupen para que, a las órdenes directas de la Autoridad militar de ocupación, atiendan los problemas de orden civil que se planteen y cooperen con aquélla en cuanto les ordenase a la resolución de los problemas de alojamiento y avituallamiento de las fuerzas.

Artículo segundo: Al quedar asegurada la ocupación de la provincia o plaza y haber dejado de constituir su territorio o zona parte de la de vanguardia del Ejército, se observarán las siguientes reglas:

a) La Autoridad militar será la Autoridad superior, pasando a la competencia directa de las Autoridades civiles y administrativas, todas las cuestiones que le son peculiares, con exclusión de las referentes al orden público. Sin perjuicio de ello, la Autoridad civil podrá desempeñar aquellos cometidos que la Autoridad militar de quien dependa le delegue de modo expreso.

(Boletín Oficial del Estado, 19 de febrero de 1937).

MORADIELLOS, Enrique (2004). 1936: los mitos de la Guerra Civil. Barcelona: Península Atalaya. Págs. 113-114.

DOCUMENTO 34: PROHIBICIÓN A USAR EN EL COMERCIO CON PAÍS VASCO, OTRA LENGUA DIFERENTE AL CASTELLANO.

Seguramente más por inercia de costumbre que con el ánimo de mantener sentimientos ciertamente desaparecidos para siempre y que sólo eran alentados por una audaz minoría, que ha sido vencida y ha huido de la España Nacional, todavía algunas Sociedades Cooperativas de las Provincias Vascongadas mantienen […] sus Estatutos o Reglamentos redactados en el lenguaje vasco, si bien casi siempre figura unida su traducción castellana.

Y siendo absolutamente necesario que el sentimiento nacional y españolista se manifieste sin dudas ni vacilaciones de género alguno y de modo especialísimo en el espíritu y en los actos de las entidades relacionadas con el Estado, hecho éste que no pugna con el respeto que pueda merecer el uso de dialectos en las relaciones familiares privadas, […] , he dispuesto lo siguiente:

1º. Queda terminantemente prohibido el uso de otro idioma que no sea el castellano en los títulos, razones sociales, Estatutos o Reglamentos y en la convocatoria y celebración de Asambleas o Juntas de las entidades que dependan de este Ministerio.

2º. Las entidades a que afecta esta disposición procederán a efectuar las modificaciones oportunas de los referidos nombres, Reglamentos o Estatutos […]

(B.O. de 26 de mayo de 1937).

FUENTE: DÍAZ PLAJA, Fernando (1969): La guerra de España en sus documentos. Ediciones G.P. págs. 269-270.

DOCUMENTO 35: UNIFICACIÓN DE LAS MILICIAS EN LA ESPAÑA NACIONAL.

Con el objetivo de reglamentar el servicio de las milicias nacionales y las fuerzas auxiliares, que tan valiosa cooperación vienen prestando a las fuerzas del Ejército en la defensa de la patria, y para determinar las relaciones de dependencia, obligaciones y deberes del personal perteneciente a las mismas,

DISPONGO:

Art 1º. Todas las milicias y fuerzas auxiliares movilizadas quedan sujetas al Código de Justicia Militar en todas sus partes.

Art. 2º. Las fuerzas auxiliares a que se refiere el artículo anterior que guarnezcan frentes o provincias, estarán a las órdenes de las autoridades militares.

Art. 3º. Una fuerza auxiliar o milicia que se movilice, no podrá ser desmovilizada sin permiso o autorización expresa del general jefe, no pudiéndose retirar del puesto donde presten servicio, sin la previa autorización de la autoridad militar de que directamente dependa.

Art. 4º. Todas las formaciones o agrupaciones militares armadas de las milicias o fuerzas auxiliares estarán mandadas y encuadradas por jefes y oficiales del Ejército, y oficialidad de complemento del Ejército, o formada en las escuelas militares de él dependientes. […]

Art. 6º. Las fuerzas auxiliares que presten servicios de orden público, en pueblos o localidades de retaguardia, quedarán sujetas en sus procedimientos a la cartilla de la Guardia Civil, […].

Art. 9º. En las distintas escuelas militares establecidas para la habilitación de alféreces de campaña, se reservará un número de plazas para el personal de las milicias que aspire al ejercicio de dicho empleo, los que al término con aprovechamiento de sus estudios y prácticas, tendrán preferencia para cubrir las plazas de su empleo en las milicias de procedencia.

Art. 10º. Los destinos de jefes y oficiales de fuerzas auxiliares o milicias armadas, serán otorgados por la Secretaría de Guerra, a solicitud de las organizaciones respectivas, o en destino forzoso por guerra, si se considera necesario.

Dado en Salamanca a veinte de diciembre de mil novecientos treinta y seis.

FRANCISCO FRANCO.

Boletín Oficial del Estado, 21-XII-1936

FUENTE: DÍAZ PLAJA, Fernando (1969): La guerra de España en sus documentos. Ediciones G.P. págs. 190-191.

Elementos del Nacional-catolicismo

2011-04-08T01:49:00.000-07:00

Aquí tenéis algunos textos sobre elementos fundamentales del Nacional-catolicismo. Como veréis, se trata de textos representativos. ¿Qué pensáis de su contenido? ¿Qué relación creeís que tiene con el concepto de franquismo que estamos intentando perfilar?

DOCUMENTO 36: EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA ESPAÑA DE FRANCO.

La Junta de Defensa Nacional restableció la enseñanza religiosa en las escuelas nacionales, por su Orden número 168. Ansiosamente pedía esta reforma la España nacional. Imperiosamente lo exigían las necesidades educativas de la infancia española.

Este restablecimiento no quiere decir tan sólo que el maestro se limite a dedicar una o varias sesiones semanales a la enseñanza del Catecismo e Historia Sagrada. Esto es indispensable; pero de mucha mayor necesidad ha de ser lograr que el ambiente escolar esté en su totalidad influido y dirigido por la doctrina del Crucificado.

El restablecimiento del Crucifijo en las escuelas, con tanta solemnidad celebrado en todos los pueblos de las regiones reconquistadas por nuestro glorioso Ejército no significaría tan sólo que a la Escuela laica del régimen soviético sustituya nominalmente el catolicismo de la Escuela Nacional. Es preciso que en las lecturas comentadas en la enseñanza de las Ciencias, de a Historia, de la Geografía, se aproveche cualquier tema para deducir consecuencias morales y religiosas. La enseñanza de la Religión tiene que formar niños cristianos, con ideas claras, con normas concretas para el presente y para sus futuras actuaciones.[…] Consecuencia de este ambiente religioso, que ha de envolver la educación en la Escuela, ha de ser la asistencia obligatoria en corporación de todos los niños y maestros de las escuelas nacionales, en los días de precepto, a la misa parroquial, fijada la hora conveniente de acuerdo con la autoridad eclesiástica. El santo Evangelio será leído con frecuencia, e ineludiblemente todos los sábados, explicando la dominica del día siguiente. La doctrina social de la Iglesia, contenida en las encíclicas RERUM Novarum y Quadragesimo Anno, ha de servir para inculcar en los niños la idea del amor y confraternidad social hasta hacer desaparecer el ciego odio materialista, disolvente de toda civilización y cultura.

FUENTE: DÍAZ PLAJA, Fernando (1969): La guerra de España en sus documentos. Ediciones G.P. pág. 380.

DOCUMENTO 37: DEPURACIÓN DE MAESTROS EN LA ESPAÑA NACIONAL.

Innecesario resulta hacer presente a los señores vocales de las Comisiones depuradoras del personal docente la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos vivido contemplando estos años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del Magisterio en todos sus grados, está dicho todo.

El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles, que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen el mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. no compete a las Comisiones depuradoras el aplicar las penas que los Códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada esta facultad a los Tribunales de Justicia, pero sí proponer la separación inexorable de sus funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado Frente Popular. Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que a través de instituciones como la llamada Libre de Enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus engaños.

Tres propuestas pueden formular las Comisiones depuradoras, conforme a la Orden de 10 de noviembre, a saber:

1º. Libre absolución para aquellos que puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos de haber cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario.

2º. Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado con los titulados partidos nacionalista vasco, catalán, navarro, gallego, etc. sin haber tenido participación directa ni indirecta con la subversión comunista-separatista.

3º. Separación definitiva del servicio para todos los que hayan militado en los partidos del Frente Popular o Sociedades secretas, muy especialmente con posterioridad a la revolución de Octubre y de un modo general, los que hayan simpatizado con ellas u orientado su enseñanza o actuación profesional en el mismo sentido disolvente que las informa.

Las Comisiones depuradoras, al dirigirse a cualquier autoridad o particular en demanda de informes, deberán hacerles presente la gravísima responsabilidad en que incurren para con Dios y con la Patria ocultando determinados extremos, cuando no llegando a falsear los hechos, valiéndose de reprobables reservas mentales o sentimentalismos extemporáneos. También se ha de combatir y hacer público, para perpetua vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra el nombre de quienes aleguen indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que se interesan los informes. Sería indigno que al heroísmo de nuestros oficiales, soldados y voluntarios que en las líneas de fuego desafían a la muerte soñando con una España mejor, correspondieran con la cobardía y la falta de valor cívico las personas que gozan de la paz de las retaguardias.

Si todos cuantos forman parte de las Comisiones depuradoras se compenetran de esta forma de pensar y la transmiten en patriótico contagio a aquellos que han de coadyuvar a su labor con informes, es cosa segurísima que antes de mucho tiempo, en esta España que hoy contemplamos destruida, empobrecida y enlutada, una vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro para la gloria de la Cristiandad de la Civilización y de España.

(B.O.E. de 10 de diciembre de 1936).

FUENTE: DÍAZ PLAJA, Fernando (1969): La guerra de España en sus documentos. Ediciones G.P. págs. 166-168.

D.José Maria Manrique:Las Armas de la Guerra Civil Española

2011-03-23T12:20:00.000-07:00

Aquí hay otro video sobre las armas que se pudieron utilizar en el conflicto bélico acaecido entre 1936 y 1939.
http://www.youtube.com/watch?v=SSS-3sgJJfI&feature=related

Armas extranjeras en la Guerra Civil

2011-03-23T12:18:00.000-07:00

Para los curiosos, os propongo el análisis de este video (http://www.youtube.com/watch?v=Rimw04s3kPk&feature=relmfu).

Las operaciones militares de la Guerra Civil de 1936 a 1939

2011-03-23T12:15:00.000-07:00

Este video (http://www.youtube.com/watch?v=3C5ScyIU_6U&feature=related) explica, de forma muy somera, las operaciones militares de la Guerra Civil.

Causas de la Guerra Civil

2011-03-23T12:13:00.000-07:00

Aquí tenéis un video sobre las causas de la Guerra Civil española en http://www.youtube.com/watch?v=k-sq2vlFz14

Según este testimonio, las causas del conflicto fueron las duras condiciones de vida de las clases más pobres de la sociedad. Es decir, sería la polarización social y el apoyo que la Iglesia prestó a esta situación, lo que ahondó en las diferencias entre unas clases y otras.

También hace referencia a la oposición de los estamentos castrenses a las reformas (limitadas) de Azaña, y, por supuesto, el planteamiento de Estado integral auspiciado por los políticos reformistas de la II República.

Pero, sobre todo, un elemento muy importante sería la insatisfacción de las clases más pobres acerca de las medidas de los políticos burgueses. Y, por descontado, la insatisfacción igualmente de los propietarios, que veían en estas reformas el fin de su secular predominio político, social y económico.

Clara Campoamor y Victoria Kent

2011-03-11T03:26:00.000-08:00

Este video nos habla de Clara Campoamor y de Victoria Kent, y del sufragio femenino. Ese sufragio que ya se había reconocido en la Constitución de 1931, pero que necesitaba de una ley electoral nueva para implantarse definitivamente.

Estas dos mujeres fueron muy diferentes en sus posturas sobre este tema. Mientras Clara Campoamor defendía el derecho femenino a este sufragio, Victoria Kent pensaba que la mujer aún no estaba preparada para votar.
De ello se deduce la importancia de la formación intelectual y personal a la hora de implantar efectivamente una democracia. Este sistema, por tanto, no se puede desarrollar de forma institucional, desde arriba, sino de forma estructural, desde abajo.

No obstante, se debe recordar que ya Primo de Rivera había planteado un sufragio femenino inserto en el sistema electoral mixto que había previsto para los ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, y para la Asamblea Nacional.

Sobre las consecuencias políticas de la implantación definitiva de este sufragio, cabe destacar que en las elecciones de 1933 ganaron los partidos de centro, de centro-derecha y de derecha posibilista, como el Partido Republicano Radical o la CEDA. Y Victoria Kent y Clara Campoamor perdieron sus actas de diputado.

Éste es otro video sobre la cuestión femenina. Evidentemente, el apartamiento de la Iglesia de la vida pública tuvo su relación con ello. Y con muchas más cosas. Como consecuencia, es importante entender las diferentes medidas que se acometieron como diferentes manifestaciones de un planteamiento ideológico e intelectual común. La relación con el krausismo y con la ILE es más que evidente.

Los sindicatos en la II República

2011-03-11T03:17:00.000-08:00

Este video, que he encontrado en http://www.youtube.com/watch?v=4RhAGIEkYuU&feature=fvwrel, nos ilustra, de forma muy sintética, acerca de las organizaciones sindicales durante la II República española.

Como veréis el modelo sindical es muy diferente en función de la zona. Algo tendrán que ver las medidas agrarias de la revolución liberal, es decir, las desamortizaciones y las aboliciones de señoríos que tuvieron lugar en el XIX.

Sobre la Revolución de Asturias de 1934

2011-03-11T03:08:00.000-08:00

Este video sobre la revolución de Asturias de 1934, que he encontrado en http://www.youtube.com/watch?v=yznm1Jq-ToY, es una interpretación de esos hechos. No obstante, pese a su indudable interés, sería conveniente que dedujéramos la ideología política que subyace en él.

Si observáis, los conflictos de 1934 no se circunscriben únicamente a Asturias, sino también a Cataluña. En este último caso, se entrecruzan el problema social con el generado por el modelo de organizaciónn territorial del Estado.

Visiones sobre el segundo Bienio de la II República

2011-03-11T00:46:00.000-08:00

Acabo de encontrar este artículo sobre el segundo Bienio, o bienio radical-cedista. La página es http://www.clasecontraclase.org/spip.php?article163.

Me parece muy interesante, ya que ofrece una visión concreta sobre este período de la Historia de España. Pero no sólo, sino que de su lectura se puede deducir una visión general del segundo ensayo republicano.

¿Qué os parece? ¿Qué línea interpretativa pensáis que sigue?

Esta otra página, http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/EntreRep/2Republica/BienioNegro/Negro.htm , también me parece muy interesante.

Ley de defensa de la República

2011-03-04T04:06:00.000-08:00

Aquí tenéis el texto de la Ley de Defensa de la República de 1931. ¿Qué aspectos consideráis democráticos, y cuáles no? ¿Pensáis que supone un cambio estructural sobre el modelo anterior?

Ley de Defensa de la República española de 1931 (21 de octubre de 1931) Artículo 1.- Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley:

. La incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad;
. La incitación a la indisciplina o al antagonismo entre Institutos armados, o entre éstos y los organismos civiles;
. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público;
. La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedades, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación a cometerlos;
. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado;
. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras;
. La tenencia ilícita de armas de fuego o de substancias explosivas prohibidas;
. La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante;
. Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley especial, las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación;
. La alteración injustificada del precio de las cosas;
. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.

Artículo 2.- Podrán ser confinados o extrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números I al X del Artículo anterior. Los autores de hechos comprendidos en el número XI serán suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones.
Cuando se imponga alguna de las sanciones previstas en esta ley a una persona individual, podrá el interesado reclamar contra ella ante el señor Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro horas.
Cuando se trate de la sanción impuesta a una persona colectiva, podrá reclamar contra la misma ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días.
Artículo 3.- El Ministro de la Gobernación queda facultado:

. Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública;
. Para clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan a la realización de actos comprendidos en el Artículo 1 de esta ley;
. Para intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier entidad de las definidas en la Ley de Asociaciones; y,
. Para decretar la incautación de toda clase de armas o substancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente.

Artículo 4.- Queda encomendada al Ministro de la Gobernación la aplicación de la presente ley.
Para aplicarla, el Gobierno podrá nombrar Delegados especiales, cuya jurisdicción alcance a dos o más provincias.
Si al disolverse las Cortes Constituyentes no hubieren acordado ratificar esta ley, se entenderá que queda derogada.
Artículo 5.- Las medidas gubernativas reguladas en los precedentes Artículos no serán obstáculo para la aplicación de las sanciones establecidas en las leyes penales.
Artículo 6.- Esta ley empezará a regir al día siguiente de su publicación en la Gaceta. (Gaceta, 22-X-31.)

Sobre la reforma militar de Azaña

2011-03-04T04:00:00.000-08:00

Acabo de encontrar este texto, sobre la reforma militar de Azaña, en el blog. Me parece interesante su lectura. Debemos reflexionar sobre el contenido de esta entrada. ¿Os parece que fue un cambio estructural de calado respecto de medidas anteriores como las regeneracionistas de Polavieja o Canalejas? Hablemos de ello.

El 25 de abril, el ministro Manuel Azaña inicia su reforma militar con un famosísimo decreto que concede el pase a la situación de segunda reserva, con el mismo sueldo que disfrutaban en la escala activa, «a todos los oficiales generales del Estado Mayor general, a los de la Guardia Civil y Carabineros y a los de los Cuerpos de Alabarderos, Jurídico Militar, Intendencia, Intervención y Sanidad», así como a los oficiales de las distintas armas y cuerpos, que así lo solicitasen. Ésta fue la piedra angular de la reforma de Azaña y buscaba, claramente, resolver el problema clave del ejército español, que era la abundancia de jefes para tan poco indio. Una vez iniciado este proceso, Azaña comenzó la reforma del ejército propiamente dicha.

Quedan para la Historia los nombres de quienes asesoraron al ministro en esta labor: comandante de Artillería Juan Fernández Saravia; comandante de Caballería Germán Boaso Román; comandante de Artillería Antonio Vidal Lóriga; comandante de Infantería Andrés Fuentes Pérez; comandante de Estado Mayor Ángel Riaño Herrero; comandante de Ingenieros Enrique Escudero Cisneros; comisario de guerra de segunda José de Armas Chirlanda; capitán de Caballería Juan Ayza Bergoños; capitán de Artillería Pedro Romero Rodríguez; y capitán de Intendencia Elviro Ordiales Oroz.

Estos once hombres no sé si sin piedad (contando Azaña) realizaron una poda en la estructura del ejército español que cabe señalar de espectacular. Su objetivo era modernizar la estructura de las fuerzas armadas y llevarlas a una proporción razonable de aproximadamente un militar por cada cien civiles.

En consecuencia, se dividió el país en ocho divisiones orgánicas y se estableció la dotación que habrían de tener, que en cada caso era:

- 2 brigadas de infantería, formadas cada una por dos regimientos, asimismo formados por dos batallones, y teniendo cada batallón 4 compañías de fusileros, una de ametralladoras y una sección de especialistas.

- 1 escuadrón de caballería, con una sección de armas automáticas y otra de infantería ciclista.

- 1 brigada de artillería ligera.

- 1 batallón de zapadores-minadores.

- 1 grupo de transmisiones.

- 1 sección de iluminación.

- 1 escuadrilla de aviación.

- 1 unidad de aeroestación.

- 1 parque divisionario para municionamiento, armamento y material.

- 1 grupo divisionario de intendencia, con una compañía montada de víveres, una compañía automóvil de panadería y dos compañías de servicios.

- 1 grupo divisionario de sanidad, con una sección de ambulancias, una columna de evacuación y un grupo de desinfección.

- 1 sección móvil de evacuación veterinaria.

Además de esta estructura, por así decirlo, por defecto, había unidades más independientes, como dos brigadas mixtas de infantería de montaña, 2 regimientos de carros ligeros de combate, 7 regimientos más de infantería, 1 división de caballería, 4 regimientos de artillería pesada, 4 regimientos de artillería de costa, 3 grupos mixtos de artillería, 2 grupos de defensa contra aeronaves, 4 parques de artillería de cuerpo de ejército, 1 regimiento de zapadores-minadores, 1 parque central de automovilismo, 1 batallón de pontoneros, 1 regimiento de ferrocarriles, 2 grupos autónomos mixtos de zapadores y telégrafos en Baleares, otros dos en Canarias, sendas compañías de intendencia y sanidad en ambas islas, un regimiento de aeroestación, 3 grupos de información de artillería y 1 depósito de ganado.

Parece mucho y, probablemente, lo es a los ojos de muchas personas que se sientan pacifistas. Y es interesante recordarlo porque, aparte de reivindicarse con ello la verdad, también viene bien porque a veces, dentro de las visiones entre románticas e interesadas de la República, se quiere ver en la reforma de Azaña algo así como un desmantelamiento del ejército, fomentado por presuntas ideas antimilitaristas del ministro que luego sería primer ministro y, después, presidente de la República.

Para disgusto de alguno de sus hagiógrafos y/o admiradores, Azaña estaba muy lejos de ser lo que hoy consideraríamos un pacifista. Era, eso sí, una persona obsesionada con que el presupuesto militar se gastase bien, es decir no importase una peseta más de lo necesario, pero tampoco una peseta menos. Sus palabras donde deben pronunciarse, esto es en la sede parlamentaria, son éstas:

El Ejército en España no es mejor ni peor que la Universidad, o que los ingenieros de caminos, o que el Ateneo, o que cualquier otra institución. Lo que pasa es que dentro del funcionamiento del Estado, la institución militar y, por consiguiente, los gastos que acarrea, o son perfectos o son estériles; no hay término medio. Y es por el carárter contencioso del Ejército. El Ejército, en tiempo de paz, no tiene más misión que instuirse para la guerra; pero cuando llega la guerra, si la organización del Ejército no es todo lo perfecta que cabe en lo humano, no sirve para nada, y todo lo que se ha venido gastando y produciendo y trabajando en los años de paz es absolutamente perdido; esto no pasa en ninguna otra institución del Estado.

No parece que una persona que declara que su deseo es un ejército todo lo perfecto que cabe en lo humano pueda considerarse ni pacifista, ni partidario del desarme, ni enemigo del monopolio legal de la violencia.

Eso sí. La larga lista de unidades que conformaban el ejército de la República no debe esconder el bosque del importante adelgazamiento del mismo. Azaña y sus asesores suprimieron 37 regimientos de infantería, cuatro batallones de montaña, nueve batallones de cazadores, 17 regimientos de caballería, un regimiento de ferrocarriles y dos batallones de ingenieros. Un decreto de 16 de junio reorganiza las áreas militares y suprime las categorías de capitán general y teniente general (que Franco resucitó y, por lo que sé, resucitadas siguen); y luego tomó otra serie de medidas, entre las cuales, quizá, la que más se conoce es la decisión de clausurar la Academia Militar de Zaragoza, que entonces era dirigida por el general Franco.

Los diez militares que hemos citado formaban el llamado Gabinete Militar, conocido en muchos cuartos de banderas de aquella época como Gabinete Negro. Emilio Mola, el general que se alzaría con Franco en el 36 desde Pamplona, es la fuente que más escritos ha dejado por parte de, por así decirlo, la oposición a la reforma. Según esta versión, el Gabinete Negro tuvo como principal función delimitar quién debía ascender y acceder en cada caso al mando en las tropas. Es, ya lo digo, la versión de Mola; pero resulta difícil de creer a la luz de los acontecimientos, a menos que presupongamos a los asesores de Azaña un desconocimiento total de las cojeras ideológicas de los compañeros a los que ascendieron o mantuvieron.

Los autores de los panegíricos franquistas tras la guerra, como Arrarás, hablan sin ambages de mutilación al referirse a las medidas de Azaña. Sin embargo, unos seis meses después de comenzada la reforma, Azaña pudo ir a las Cortes y vanagloriarse de que las oposiciones habían sido nimias; y no mentía. No obstante, no son pocos los indicios de que lo que pasó realmente es que los militares habían quedado, tras la proclamación de la República, en cierto estado de incertidumbre que les impidió organizarse y reaccionar. Lo cierto es que los hechos acabaron por demostrar que no eran pocos de ellos los que estaban radicalmente en contra de la reforma y, de hecho, aquellos pocos militares que además eran diputados (caso de Fernández Castillejo, Joaquín Fanjul o Tomás Peire) combatieron diversos proyectos de Azaña todo lo que pudieron. No fueron los únicos que combatieron la reforma. También lo hicieron las derechas patronales, las cuales rechazaban una de las medidas de la reforma: la creación del Consorcio de Industrias Militares, que consideraban era una competencia desleal contra las industrias privadas. El Consorcio englobaba a la Fábrica Nacional de Toledo, la Fábrica de Artillería de Sevilla, la Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Granada, la Fábrica de Pólvora de Murcia, la Fábrica de Armas Portátiles de Oviedo y la Fábrica de Cañones de Trubia. Fue disuelto en 1935, durante el bienio de las derechas.

Si avanzamos en la lectura de quienes opinaron sobre estas reformas, encontramos que no se cuestiona su origen principal. El propio general Mola, por ejemplo, admite que, acabada la guerra de Marruecos (tras el desembarco de Alhucemas que, según cierto periódico, fue realizado por 10.000 españoles de nacionalidad francesa) «no sólo la oficialidad profesional era excesiva, sino también el propio ejército permanente era demasiado aparato bélico para las necesidades de la nación». No obstante, si podemos considerar a Mola portavoz de los militares (o, por lo menos, de ciertos militares, que no eran pocos en los cuartos de banderas) dicha reducción fue excesiva. Mola calculaba en 1933, en este sentido, que en caso de movilización (es decir, si se deshacía la situación de paz) harían falta 4.000 oficiales más de los que había dejado Azaña; y debo decir que en este punto parece que llevaba razón, puesto que, una vez iniciada la guerra civil, es obvio que el ejército republicano quedó huero de oficiales (y los improvisó a partir de los milicianos de partidos políticos y sindicatos); y en el bando franquista, mucho más dotado, aún así hubo que «tirar» de Falange, de los requetés y de cuerpos como los alféreces provisionales. Y esto era así a pesar de que el ejército se había deshecho de entre 10.000 y 12.000 militares.

Otro de los elementos de la reforma de Azaña que fue, a todas luces, imperdonable por parte de los militares que un día serían golpistas, fue la racionalización de los ascensos. Azaña tenía muy claro que el núcleo de la oposición desde el Ejército estaba en las unidades africanas; y si alguna duda le quedaba, en agosto de 1932 la disiparía cuando viese que el general Sanjurjo, héroe de Alhucemas, le montaba un golpe de Estado. Así las cosas, dentro de los dos grandes bandos de las fuerzas armadas españolas, es decir escalafonófilos [esta palabra me la invento yo para no llamarlos chusqueros] y africanos, optó por los primeros y, en palabras de Mola, hizo que los militares que estaban acostumbrados a ascender por méritos de guerra «marcasen el paso en el escalafón per saecula saeculorum».

En el diario de Azaña hay una entrada de 1933 que es muy reveladora del daño que hizo a los africanos esta medida y que es, además, muy sintomática a la luz de los acontecimientos posteriores. Dice Azaña:

He recibido en el Ministerio al general Vera, que manda la Octava División. Me dice que el general Franco está muy enojado conmigo por la revisión de ascensos. De hacer el número uno de los generales de brigada ha pasado a ser el veinticuatro. Es lo menos que ha podido ocurrirle. Yo creí durante algún tiempo que aún descendería más.

Por si fuera poco, esta medida se complementó con una ley, de 9 de marzo de 1932, con la que, en mi opinión, Azaña terminó por firmar su divorcio con los militares.

Merced a esta ley, los miembros del Estado Mayor General del Ejército en activo podían ser puestos en situación de reserva mediante decreto gubernamental si: llevaban más de seis meses en situación de disponible; y durante ese tiempo se hubiese provisto algún destino de los correspondientes a su categoría. ¿Qué significa esto? Pues venía a significar que, tras los pases a la reserva voluntarios de 1931, ahora el gobierno se abrogaba el derecho a pasar a la reserva a los oficiales, pues era dueño de dicho pase y también de las condiciones que lo hacían posible. Es decir: para quitar de en medio a un militar, le bastaba con tenerlo seis meses haciendo pasillos.

En resumen o, cuando menos, mi resumen: en realidad, buena parte de los problemas de la República que se hicieron patentes en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 estaban ahí desde el principio, y aún más allá. El problema militar es uno de ellos. Como la reforma agraria, la reforma militar me parece a mí un ejemplo más de una medida bienintencionada y adecuadamente enfocada (como he escrito, hasta los más acendrados enemigos de Azaña y su reforma no osan cuestionar las bases de ésta) pero errónea en sus plazos. Un ministro de defensa socialista, Narcís Serra, haría, medio siglo después, cosas relativamente parecidas (al menos en lo que se refiere a los pases voluntarios a la reserva), pero midiendo los tiempos considerabilísimamente mejor que don Manuel, a quien muchos tienen por político genial pero yo reputo un poco excesivamente pagado de sí mismo, lo cual equivale a decir que le costaba admitir y admitirse que tal vez estaba equivocado tomando tal o cual medida.

Igual que el orden público, igual que la defección revolucionaria a izquierda y derecha del sistema, el problema militar se mostró prácticamente desde el primer momento de existencia de la República, y ya no le abandonó. La República, merced a las reformas tan profundas que comenzó a realizar apenas una semana después de haberse proclamado, se granjeó la oposición de amplias masas de militares, y ya nunca recuperó plenamente su afecto; de hecho, para disponer de cuerpos armados cercanos, tuvo que improvisar unos cuerpos de seguridad, sobre todo los guardias de asalto, que le fuesen afines.

La reforma militar de Azaña, no obstante, se hizo para construir un ejército moderno. Cuando uno lee las críticas de Mola no puede evitar la sensación de notarlas preñadas de cierto tufo a antiguo y a corporativista. Mola carga contra Azaña por considerarlo sectario y, por mucho que en parte pueda tener razón, al hacerlo obvia el principio fundamental de que un ejército no es una realidad propia que se rige por sus propias reglas, sino una institución al servicio de la legalidad constitucional. En eso el general finalmente golpista, pese a las amargas palabras que le dedica a las juntas de defensa, viene a aplicar precisamente la visión de las cosas que éstas propugnaban: dejad a los militares que resuelvan los asuntos de los militares.

Pero Azaña se equivocó. En esto como en tantas cosas, quiso hervir la rana viva echándola a una olla de agua hirviendo. Y, cuando se trata de gobernar, todo el mundo sabe que la única forma de hervir una rana viva es meterla en una olla de agua fría, poner la olla sobre un fuego muy muy suave, y luego ir subiéndolo muy despacio. El gran defecto de este político imperfecto fue considerar que por llevar la razón ante la Historia, los obstáculos habrían de echarse a un lado. De hecho, es justo al revés: cuanta más razón nos da la Historia, más difícil es llevar a cabo lo que pretendemos.

Azaña, por último, cometió un error más. No él sólo, sino el conjunto de los gobiernos republicanos, casi sin excepción. He dicho antes que la proporción buscada era la lógica para cualquier país, es decir un militar por cada cien civiles. Pero eso es así en países donde los civiles no están armados y/o no están usando esas armas para subvertir el orden. A Emilio Castelar, presidente que fue de la I República española, le preguntaron, poco tiempo después del fracaso de aquel ensayo y la vuelta de la monarquía, si seguía siendo republicano. Y contestó: Sí, República, sí; República, siempre. Pero con más Ejército, con más Marina, con más Guardia Civil.

En el fondo, la racionalización, es decir adelgazamiento, de un ejército monárquico, clasista y acostumbrado a intervenir en política, todo ello sin traumas ni enfrentamientos, sólo habría sido posible si dicho ejército hubiese dado por dominada la subversión. Lejos de ello, la República se mostró débil y tornadiza frente a dicha subversión, tanto de las izquierdas cuando gobernaron éstas, como de las derechas cuando llegaron éstas a a mandar. En la España de 1931 a 1933 y de 1936, la violenta oposición cenetista no fue atacada con todo el peso de la ley; en la España del bienio de las derechas, la ultraderecha floreció exenta de obstáculos, lo cual se puede pensar que encantó a los militares, pero no es así porque colaboró para la radicalizar a los viveros de izquierdistas en las Fuerzas Armadas, concentrados sobre todo en el cuerpo de Asalto. Dicho de una manera muy basta, podemos decir, debemos decir, que la intervención del ejército en los destinos políticos de España fue entonces lo que sería ahora: un hecho deleznable; pero lo que no fue es sorpresivo, porque cualquier ejército golpista encontrará la disculpa perfecta para sacar los tanques a la calle en un país en el que los edificios privados son quemados impunemente por alborotadores sin que las fuerzas del orden muevan un dedo; y eso ocurrió cuando la República no tenía ni un mes de vida.

Y el principal defensor de que así fuese, de que así se no-actuase fue, precisamente, el ministro don Manuel Azaña. Azaña, que tuvo mucho poder en aquellos gobiernos republicanos, derrapó demasiadas veces en la misma curva: en la quema de conventos, en las semanas inmediatamente anteriores a Casas Viejas y en el 36, en la escalada de sucesos que culminaría con el asesinato de Calvo-Sotelo. En esas condiciones, su reforma militar, que sobre el papel cabe calificar, a mí me lo parece, de más que bien tirada, se demostró incapaz para evitar, una vez más, el divorcio entre los militares y el pueblo al que pertenecen.

Sobre los móviles

2011-03-02T02:02:00.000-08:00

En http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap179.pdf he encontrado este texto. Me voy a permitir el lujo de copiarlo tal y como lo he leído. Os propongo, encarecidamente, su lectura.

Probablemente te hayas sentido bombardeado por la publicidad de teléfonos móviles cada vez más nuevos, más pequeños y con más funciones que seguramente nunca utilizarás. ¿Has podido resistir?
En este escrito te ofrecemos algunas informaciones que a menudo no tenemos en cuenta en nuestras decisiones de consumo.

Están centradas en la microelectrónica como producto, a pesar de que muchas de ellas son generalizables a otros productos. Esperamos que nos ayuden a caminar hacia un consumo más responsable.

¿Cuál es el coste de un móvil? Los orígenes materiales del móvil

Un teléfono móvil estándar pesa unos 100 gramos (batería aparte) y está compuesto por un 40-60% de plásticos, un 20- 40% de metales, y sobre un 20% de materiales.

Su estructura es compleja y contiene entre 500 y 1000 componentes distintos, todos ellos de composición variada.

Entre los compuestos mayoritarios, son destacables las proporciones de cobre (10-20%), de hierro (2-10%) y de aluminio (hasta un 10%) Entre los compuestos minoritarios, es destacable la presencia de elementos como el antimonio (como retardante de llama), tantalio (en la composición de condensadores), berilio, níquel,

cromo, plomo, cadmio, mercurio, arsénico, oro o plata, y de compuestos como PVCs o retardantes de llama bromados1.

La extracción y procesamiento de estas substancias implica un movimiento total de materiales, lo que se conoce como “mochila ecológica”, que se puede estimar en un mínimo de 75 kg. por teléfono móvil. Esta cantidad de material de desperdicio se genera principalmente en la extracción de los metales escasos y de

minería difícil, que forman parte del teléfono móvil.

Por otra parte, se estima que entre el 40% y el 65 % de la energía consumida en el ciclo de vida de un teléfono móvil (sin tener en cuenta los costes energéticos de la estructura de comunicaciones) se consume en la fabricación y transporte del dispositivo. También dominan en dicha fabricación y transporte del móvil los indicadores correspondientes a la destrucción de la capa de ozono y el potencial de toxicidad humana.

Por último, hay que tener presente que algunas substancias utilizadas son recursos caros y escasos, motivo por el cual están relacionadas con diferentes problemáticas y abusos tanto sociales como ambientales. Ejemplos paradigmáticos de ello son la obtención de tantalio y la extracción de oro o petróleo.

A pesar de que los principales exportadores de tantalio son Australia y Canadá, una parte significativa de éste se obtiene en el centro de África, donde se extrae de minerales conocidos por el nombre de coltán. Su explotación en esta región se asocia a la financiación de las guerras existentes entre Rwanda, Burundi, Uganda y la República Democrática del Congo, y a la destrucción de los entornos protegidos del Kahuzi Biega Nacional Park, en donde vive el gorila de montaña.

La minería de oro se encuentra extendida por distintas zonas del mundo, y su extracción a menudo implica la utilización de compuestos de elevada toxicidad, como el mercurio o el cianuro. Sin las medidas de control adecuadas, las emisiones atmosféricas de mercurio y los cauces de aguas residuales con cianuro, son demasiado frecuentes; no hay más que recordar, por ejemplo, el desastre de Baia Mare en el año 2000 o la situación de los garimpeiros en la Amazonia brasileña.

En cuanto al petróleo, los accidentes de petroleros, las guerras del golfo Pérsico o la deforestación y la expulsión de los nativos en la Amazonia ecuatoriana, son conflictos bien conocidos.

¿Debemos cambiarlo? La creación de necesidades como estrategia

En marzo del 2006, las líneas de móviles (y, por lo tanto, el número de teléfonos móviles en circulación) se situaban, en España, en 44,3 millones, superando el propio número de habitantes (44,1 millones).

Este fenómeno se repite en otros países de nuestro entorno. Para el año 2006, las estimaciones de ventas de móviles en

1. Algunas de estas substancias (plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos policromados y difeniléteres policromados) están restringidas, en la UE, desde julio del 2006 por la entrada en vigor de la directiva RoHS. Esto implica

a) que dispositivos electrónicos introducidos en el mercado anteriormente a esta

fecha pueden contener estas substancias y b) que el contenido de estas substancias en dispositivos electrónicos introducidos con posterioridad, está restringido, de acuerdo con la normativa.

España se sitúan alrededor de los 19,1 millones de unidades. De éstas, la mayoría substituirán a otros teléfonos perfectamente funcionales. Se estima que el 80% de las compras de móviles son renovaciones.

A nivel mundial, los clientes del móvil suman 2,4 miles de millones, y han aumentado en 120 millones, en el segundo trimestre del 2006. Mientras la vida útil de un móvil (batería excluida) se estima en unos diez años, el tiempo medio de utilización se estima entre los 18 y los 30 meses. Este proceso, por el cual el producto deja de ser deseable con el paso del tiempo aunque su funcionalidad no haya cambiado y sus capacidades sigan intactas, recibe el nombre de obsolescencia. Se habla de obsolescencia técnica para indicar que las prestaciones del dispositivo ya han sido superadas; de obsolescencia funcional, para referirse a la aparición de nuevas funcionalidades no soportadas por el dispositivo obsoleto; y de obsolescencia psicológica, cuando el producto deja de ser deseable debido a cambios en la moda y en los estilos sociales propiciados y estimulados por el marketing y la publicidad.

A pesar de que una parte de esta obsolescencia y renovación excesivas es atribuible a los usuarios finales, cabe destacar algunas prácticas comerciales que favorecen este consumo desmesurado.

Una primera vía es la presión publicitaria, combinada con los cambios estéticos, el desarrollo de modas y la introducción gradual y continua de nuevas funcionalidades a un ritmo que responde más a intereses de marketing que a limitaciones técnicas.

Una segunda práctica que propicia el cambio de teléfonos es su bajo coste económico para el consumidor. El hecho de que los aparatos estén altamente subvencionados –ya sea a través de regalos o rebajas en programas de fidelización, de reembolso del coste en llamadas u ofertas en la formalización de los nuevos contratos– hace que el ciudadano tenga dificultades para percibir los costes materiales, sociales y ambientales de su consumo.

Una tercera dificultad con que se enfrenta el consumidor responsable es el anclaje de los aparatos en las distintas compañías de telefonía, de forma que el cambio de compañía de servicio suele implicar cambiar el equipo electrónico.

Por último, dificultan también la reutilización de los equipos electrónicos el relativo elevado coste de compra de componentes como transformadores o baterías, la baja compatibilidad de los componentes entre los distintos teléfonos (¿por qué deben ser distintos todos los cargadores?) y la imposibilidad de actualizar los programarios para adaptar los equipos a nuevas funcionalidades.

¿Y el otro? El problema de los residuos electrónicos

Se estima que, entre Estados y Europa, se tiran anualmente 235 millones de móviles. De éstos, son reciclados menos de un 10%. Con lo cual se incrementa el inmenso problema de los residuos electrónicos.

Se estima que en el mundo se producen anualmente entre 20 y 50 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. Estos residuos presentan dos características que los convierten en claramente preocupantes: su volumen y su toxicidad. Los residuos electrónicos suponen, en la Unión Europea, 14 kg. por persona y año, o un total de 6,5 millones de toneladas anuales. Esta partida de material de desperdicio es la de mayor crecimiento, estimándose en un 8% anual.

La toxicidad de los residuos electrónicos es el principal problema de cara a su destino final. Si se llevan a un vertedor, pueden liberar metales pesados y otros compuestos tóxicos en los cauces fluviales y en las aguas subterráneas. Si se incineran, la presencia de PVC, compuestos aromáticos policromados y metales volátiles, puede provocar la emisión, en la atmósfera, de tóxicos altamente peligrosos.

El reciclaje, por otro lado, es difícil y costoso, dada la complejidad y elevada compactación de los dispositivos electrónicos, en general, y de los teléfonos móviles en particular. Apesar de que existen procesos capaces de reciclar hasta 17 metales distintos de los residuos de la telefonía móvil, el coste económico resulta mucho menor transportándolos a los países pobres para su revaloración.

De este modo, una parte importante de estos residuos son enviados a países pobres para su reutilización, reparación, reciclaje o simplemente vertido. Se estima que alrededor de la mitad de los materiales enviados para su reparación o reutilización acaban vertiéndose, ya que su aprovechamiento no resulta posible ni rentable. Se han localizado vertedores de residuos electrónicos provenientes de Europa, de Estados Unidos o de Japón, en lugares tan dispares como Guiyu (China), Karachi (Paquistán) y Lagos (Nigeria).

Además de los vertidos, en algunos de estos lugares se llevan a cabo prácticas de reutilización de metales de elevado riesgo para la salud y el medio ambiente, sin las mínimas medidas de control y de seguridad. Y así, algunos residuos son quemados para la recuperación del plomo, hierro, cobre u otros metales; otros son tratados con soluciones ácidas para la recuperación del oro, o simplemente rotos para la recuperación del cobre; en todos los casos, esto facilita la liberación de más tóxicos en el ambiente.

Diferentes análisis, en las regiones donde se llevan a cabo estas prácticas de reciclaje, han dado resultados, en agua y en suelo, con concentraciones más de 100 veces más elevadas que los valores recomendados por agencias internacionales y gubernamentales tales como la Organización Mundial de la Salud o la EPA estadounidense.

Reflexión final

El mejor camino para el mantenimiento de nuestro mundo es reducir nuestro consumo y apoyar prácticas de consumo y utilización responsable de los recursos disponibles. Esperemos que las ideas aquí recogidas en forma breve, no sólo nos hagan pensar dos veces nuestro cambio de móvil, sino también todo cuanto esté relacionado con nuestro consumo (independientemente del coste económico inmediato para nuestros bolsillos).

Jordi Cuadros, Albert Florensa, Joaquim Menacho

Miembros de Cristianisme i Justícia

Institut Químic de Sarrià,Universitat Ramon LLull

Imprime: Edicions Rondas S.L. - ISSN 1135-7584 - D. L. B-45397-95

Primeros conflictos durante la II República

2011-02-28T02:50:00.000-08:00

Este video

muestra las dificultades del período constiuyente o inicial. Un período que muestra un anticipo de las medidas que posteriormente se desarrollarán durante el primer bienio.

Como en períodos anteriores, el proceso se diseña iniciando la creación de un Gobierno provisional que, amparado en los principios firmados en el Pacto de San Sebastián de 1930, y en el Estatuto Jurídico de la República, gobierna el país y prepara la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, que deberán legislar y promulgar un nuevo texto constitucional.

Electoralmente hablando, para las citadas elecciones a Cortes, los firmantes del Gobierno provisional, en su mayor parte, forman la Coalición republicano-socialista. Es la que resulta ganadora, y, de esta forma, se inicia el período legislativamente normalizado que se conoce como Bienio Azañista. Las medidas que se desarrollan en él, como es lógico, responden a la línea iniciada durante el período provisional y constituyente. Es decir, medidas que ahondan en el establecimiento de un sistema democrático, de derecho, y laico.

Reformas laborales de la II República

2011-02-28T02:43:00.000-08:00

Aquí tenéis un video sobre las medidas sociales de Largo Caballero durante su período al frente del Gobierno Provisional.

El video simplemente enumera estas medidas, y no entra a explicarlas o interpretarlas, pero es un interesante complemento de las clases.

Sobre la Constitución de la II República

2011-02-28T02:40:00.000-08:00

Aquí tenéis unos videos sobre la Constitución de 1931. Se trata, como sabemos, de un texto que implanta un sistema político democrático, laico, de soberanía popular, que propone medidas de calado social, que prevé la implantación de una cierta descentralización administrativa y política, etc.

Proclamación de la II República

2011-02-22T02:56:00.000-08:00

Aquí tenéis un video sobre la proclamación de la II República. Lo he encontrado en
http://www.youtube.com/watch?v=VoDMcvP43iY.

Aquí tenéis otro. Lo he encontrado en
http://www.youtube.com/watch?v=3JSI2gTtetQ&feature=related

Resume bastante bien los objetivos de los políticos republicanos burgueses. Es el caso de la legislación sociolaboral, desarrollada fundamentalmente por el socialista Largo Caballero, quien continua las medidas regeneracionistas en materia social de la dictadura de Primo de Rivera.

En
http://www.youtube.com/watch?v=1vzCNPzFuo4&NR=1&feature=fvwp he encontrado este otro video. En él aparecen diferentes personalidades políticas pronunciando discursos. Es bastante interesante, en mi opinión.

Otro planteamiento de la Dictadura de Primo de Rivera, y de su final

2011-02-11T04:52:00.000-08:00

En este video, que he encontrado en http://www.youtube.com/watch?v=iq0OZ2HvGHE, se puede observar otro punto de vista sobre la dictadura de Primo de Rivera. No es que plantee enfoques muy diferentes que en los otros videos que os he presentado, sino que aporta información complementaria.

Por ejemplo, incluye aspectos como la Unión Patriótica, aunque no la describe con detalle. Sobre la reforma administrativa, no especifica los instrumentos, pero es muy interesante.

También toca el movimiento obrero. Sobre los socialistas, nos relata que, tras la muerte de Pablo Iglesias, en 1925, el movimiento socialista se divide en sindicalistas, que defienden la colaboración de los mismos con el régimen (por ejemplo, participando en los comités paritarios) y el sector minoritario, o prietista (encabezado por Indalecio Prieto) que se opone al general. Respecto a comunistas y anarquistas, éstos son perseguidos por el sistema. Como consecuencia, los anarquistas se dividen entre los más radicales, que defienden la lucha armada (la futura FAI), y los más moderados.

También el video refiere el éxito del desembarco conjunto Francia-España, en Alhucemas, y la derrota de Abd-el Krim. Derrota en la que participan generales que posteriormente, en 1936, darían un golpe de Estado.

Como consecuencia de este hecho, Primo de Rivera consigue una enorme popularidad, y decide prolongar la provisionalidad de su régimen, institucionalizándolo mediante un nuevo texto constitucional que el video no describe con detalle, pero que tenéis en los textos propuestos. A raíz de ello, los socialistas empiezan a separarse del sistema, así como el rey.

Otro aspecto del que se habla en el video es la política de obras públicas (carreteras, vías férreas, embalses, canales de riego, tendido eléctrico que posibilita el uso de electrodomésticos...). La consecuencia es una mejora significativa del nivel de vida de la población (con matices) y, por ende, una reducción de conflictos sociales que tanto habían proliferado en los años de la I Guerra Mundial.

No obstante, como sabemos, el general empezó a sufrir la creciente oposición del ejército, de la burguesía, de los nacionalistas catalanes (por el centralismo del sistema). La tensión política crece, y, el 27 de enero de 1930 Primo de Rivera debe dimitir.

Le sucede el gobierno del general Berenguer, que es el que debería tutelar la transición política hacia la democracia. No obstante, la lentitud y superficialidad de los cambios que lleva a cabo van a conllevar el crecimiento de una oposición republicana que se materializa en el Pacto de San Sebastián y en la sublevación de Jaca. Las medidas represoras llevadas a cabo por el gobierno contra los sublevados conllevarán un crecimiento del republicanismo que, como sabemos, cristalizará en las elecciones convocadas por el almirante Aznar, el encargado de tornar al sistema parlamentario.

Período del general Berenguer

2011-02-11T04:32:00.000-08:00

Tras la dictadura del general Primo de Rivera, la monarquía acometió el primer intento de transición hacia un sistema político liberal, o liberal-democrático. Este intento se conoce como la dictablanda del general Berenguer.

Sobre ella, he encontrado, en http://www.youtube.com/watch?v=X6wcvmIT9Ms, el siguiente video:

Video sobre la Dictadura de Primo de Rivera 2

2011-02-08T04:05:00.000-08:00

En http://www.youtube.com/watch?v=aOWNKCPh9Rk&feature=related he encontrado este otro video sobre este interesante período.

Nos habla de las causas, y de ciertas propuestas económicas que acometió el régimen, así como de sus opositores.

Es mucho más breve, pero igualmente resume algunos aspectos interesantes. No os lo perdáis.

Video sobre la Dictadura de Primo de Rivera

2011-02-08T03:57:00.000-08:00

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que acaba con el régimen oligárquico de la Restauración.

La sociedad entera, incluidos algunos políticos como Romanones, apoyan el golpe. El objetivo es implantar un gobierno militar, durante 30 días. Disuelve el Parlamento y los ayuntamientos elegidos, así como suspende la Constitución de 1876.

Estos videos, que he encontrado en http://www.youtube.com/watch?v=1sybEJR0uHI nos hablan de este sistema.

Son una visión muy particular del asunto. Pensemos que proceden del programa España en la memoria, que tiene una ideología política muy concreta. Pero puede resultarnos muy interesante.

Sobre Joaquín Costa

2011-02-08T02:25:00.000-08:00

Acabo de encontrar, en la edición de EL PAÍS del 8 de febrero de 2011, un artículo sobre Joaquín Costa.
Me parece muy interesante su lectura. Plantea, de forma muy somera, quién fue ese intelectual, de talante regeneracionista, que tanta influencia ejerció sobre gran parte de los políticos españoles del primer tercio del siglo XX.

Pensemos que, por ejemplo, llegó a ser profesor de la Institución Libre de Enseñanza, esa institución educativa que trató de diseñar un sistema paralelo al oficial, y que se basaba en la autonomía de aprendizaje y en el rechazo de todo dogma, fuera el que fuera.

Como nos indica el artículo que os propongo, Costa defendió, por encima de todo, la modernización del país. Para ello era necesario regenerar las estructuras políticas y sociales, utilizando como modelo lo que se estaba haciendo en Europa. Y, como medios más concretos para esto, se tenía que potenciar la producción agrícola, y se tenía que alfabetizar a la población. Escuela y despensa, como decía el aragonés. Escuela y despensa, en la más genuina tradición ilustrada.

Para conseguir lo segundo, para fomentar la formación intelectual del pueblo, Costa defendía que eran los padres los que tenían que imbuir en sus hijos el interés por el conocimiento. La familia, por tanto, tenía un papel fundamental.

La cuestión no es qué hizo entonces Costa. La cuestión es si en este momento sus ideas se deben recuperar. Bien es cierto que todo ha cambiado mucho en un siglo. Las tasas de analfabetismo, por ejemplo, se han reducido hasta casi dejarlas en niveles irrisorios, y la estructura económica y política se ha modernizado. No obstante, a nivel educativo, funcionalmente el analfabetismo sigue existiendo.

Quizás deberíamos recordar a este intelectual aragonés y lo que pensaba, y rescatar lo que de su ideario aún está vigente, porque, aunque los accidentes sean diferentes, la sustancia sigue siendo la misma.

EL COLP D'ESTAT DE PRIMO DE RIVERA

2011-02-04T00:16:00.000-08:00

EL COLP DE PRIMO DE RIVERA

El colp que va donar el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, tingué lloc el matí del 13 de setembre de 1923. en aquell moment, el president del Consell de Ministres era el liberal García Prieto, i, com ja sabem, el rei era el monarca Alfons XIII.

Quan el general va decidir-se a donar aquell pas tan transcendental, ningú no sabia que s’havia de fer. De fet, tot el país estava pendent de l’actitud del cap de l’Estat, que era, en virtut de la Constitució de 1876, el citat sobirà.

Per exemple, mentre que la guarnició de Saragossa s’havia inclinat a favor dels insurrectes, tota la marina se situava al costat del govern de García Prieto. Al mateix temps, la resta de l’Exèrcit esperava les instruccions del seu cap constitucional, Alfons XIII. Recordem que el colp d’Estat s’havia dirigit en contra d’aquesta institució, i no en contra de la monarquia, per la qual cosa es respectava l’única institució política que estava per damunt de tot, la Corona.

El dia 14 de setembre Alfons XIII, per fi, es pronuncià, i decidí encarregar la formació d’un nou executiu a aquell general que, amb aires regeneracionistes es presentava com a la única possibilitat de salvar el país.

L’únic que era cert és que Espanya estava sofrint una crisi institucional de dimensions impressionants. L’espiral revolució- contrarevolució a què estaven assistint els carrers de les més importants ciutats; els nacionalismes perifèrics que pressionaven a favor d’una progressiva descentralizació de l’Estat (recordem l’Assemblea de Parlamentaris, per no anar més lluny); els xocs entre el poder militar i el poder civil, ja des de la Llei de Jurisdiccions, continuant-hi amb la Setmana Tràgica, les Juntes de Defensa o la repressió del moviment obrer arran de la crisi de 1917 o el Trienni Bolxevic, i el problema del Desastre d’Annual.

Davant aquests problemes, van desenvolupar-se diverses conjures. La primera d’elles va ser la protagonitzada per les Juntes de Defensa, però també la del general Francisco Aguilera (que es barallà amb el conservador Sánchez Guerra al Congrés), els africanistes, i, per descomptat, la dissenyada pel general Miguel Primo de Rivera.

Sobre el paper d’Alfons XIII en el colp, la historiografia ha debatut molt. Així, mentre alguns com ara Maria Teresa González Calvet l’han culpat, altres com ara Carlos Seco Serrano, l’han alliberat de tota responsabilitat. És necessari remarcar, però, que, d’acord amb el text constitucional de 1876, el monarca designava i substituïa lliurement els ministres, i, a més a més, era el cap de l’Exèrcit. Per tant, des d’un punt de vista constitucional, perfectament podria haver adoptat la decisió de prescindir del cap del consell de Ministres, García Prieto, i, en el seu lloc, haver designat el capità general Miguel Primo de Rivera. A banda de tot això, cal recordar que ja al juliol de 1923, Alfons XIII confessà a Antoni Maura que li agradaria una Junta de Defensa Nacional, de caire militar.

Tanmateix, també cal remarcar l’actitud de les institucions polítiques, institucionals i culturals del país. Ningú no va protestar, i, de fet, van adoptar-hi una mena d’indiferència benevolent.

Respecte als suports de Primo de Rivera, aquests hi foren les dretes antiliberals (com ara els mauristes), els tradicionalistes carlistes, els catòlics, els bisbes, fins i tot els vinculats amb la Lliga Regionalista, la patronal, i els mitjans de comunicació reformistes progressistes, com ara el diari El Sol.

Respecte als opositors, entre ells cal citar, per descomptat, els partits dinàstics, als que estaven desposseint del poder, o els sindicats d’esquerres, com ara el PSOE i la UGT, o el PCE i la CNT. No obstant això, l’actitud de les forces obreristes va ser més bé tèbia.

L’objectiu del general, per la seua banda, va ser escometre una tasca de neteja política profunda. No modificaria la Constitució inicialment, i les seues mesures s’hi prendrien al llarg d’un període de només 90 dies. A més a més, no serien de caire feixista, com passava a Itàlia, on Mussolini va implantar, en aquell moment, un règim autoritari feixista. Més bé serien mesures d’un tarannà autoritari, conservador i nacionalista, en la línia d’Hongria amb l’almirant Horthy, de Polònia amb el mariscal Pilsudski, de Portugal entre 1917 i 1926, de Bulgària, de Grècia, del Regne dels Servis, Croats i Eslovens...

ECONOMIA, SOCIETAT I ESTRUCTURA DE L'ESTAT AMB PRIMO DE RIVERA

2011-02-04T00:15:00.000-08:00

ECONOMIA I SOCIETAT I ESTRUCTURA DE L’ESTAT

La dictadura de Primo de Rivera va rebre, inicialment, el suport inicial dels industrials bascos i catalans. Les seues promeses d’ordre van afavorir el recolzament de la burgesia, i burgesia hi havia a Catalunya i a les províncies basques. No obstant, el règim va ser fonamentalment centralista, i en aquest punt caldria reflexionar sobre el tarannà real del possibilisme polític català i basc.

Respecte a les mesures concretes, la dictadura va perseguir la CNT. Així, al llarg de 1924 tingueren lloc una sèrie de proscripcions i detencions que decapitaren l’organització. Com a reacció, el 1927 els àcrates purs fundaren la FAI (Federació Anarquista Ibèrica) perquè el vessant sindicalista de la CNT, per tal de reconstruir el sindicat, va plantejar-se acceptar el sistema.

Pel que fa a la política social, dissenyada per Eduardo Aunós, es construïren cases barates, s’estengué el sistema de jubilacions, es creà la nova Sanitat nacional (el 1927), es respectaren les vagues (sota determinades condicions) i es dissenyaren les relacions laborals sobre un sistema corporatiu, de la mateixa manera que el sistema electoral. Aquest últim punt és relativament lògic: pensem que la dictadura, de caire paternalista, no deixava de banda el món obrer però negant amb fermesa la lluita de classes. Així, des d’una perspectiva integradora, va crear-se el 1926 l’Organització Corporativa Nacional.

Aquesta organització es basava en un sistema jeràrquic de baix a dalt. Baix del tot es trobaven, en les empreses industrials i comercials, els Comitès Paritaris de Patrons i Obrers, el president dels quals era un delegat del Govern. Aquests Comitès enviaven delegats a les Corporacions de Sectors professionals, configurant així un sistema en què es trobaven representats, per cossos professionals, tant els patrons burgesos, com els assalariats treballadors i obrers.

Aquestes organitzacions estaven suportats en els sindicats lliures i els sindicats catòlics, i també la UGT, que, sobretot arran de la mort de Pablo Iglesias el 1925, va estar dirigida per Largo Caballero, qui va arribar a ser vocal del Consell d’Estat el 1924. com a conseqüència, van créixer els sindicats legals, és a dir, els sindicats que acceptaven el sistema. Evidentment, la CNT, no.

Respecte a la política econòmica, el règim es va caracteritzar, com a sistema conservador que era, per un important intervencionisme de l’Estat, i per un acusat nacionalisme econòmic, tot en correlació amb el seu caire anti-liberal i nacionalista espanyolista. Per tant, les seues característiques foren la intervenció pública i el corporativisme, el nacionalisme proteccionista i l’antiliberalisme.

El corporativisme es materialitzà en organitzacions com ara el Consell d’Economia Nacional, més endavant Ministeri d’Economia. Aquesta institució estava organitzada per sectors econòmics, i, de forma vertical, per juntes i comitès, per tal de decidir sobre l’obertura de noves empreses...

La intervenció es feu palesa mitjançant una política de manteniment dels preus, de forma artificial. Així, es van mantenir a un nivell molt alt. A més a més, l’Estat va intervenir mitjançant la creació de monopolis, com ara la CTNE per a les comunicacions telefòniques, la CAMPSA per a l’explotació de derivats del petroli... i a través d’inversions en regs, carreteres (es va avançar en el disseny d’un traçat radial) i infrastructures hidràuliques (es van crear moltes Confederacions Hidrogràfiques).

Aquesta política d’intervenció de l’Estat no va poder desenvolupar-se sense una modificació dels impostos. D’aquesta manera, es van crear uns de nou, establerts directament sobre el nivell de riquesa personal.

Com a conseqüència d’aquestes inversions, la indústria va créixer considerablement (sobretot els ciments, per les obres públiques; la química i la elèctrica...) així com la banca privada i els bancs estatals. És a dir, es van transformar l’estructura econòmica del país, en un procés que, no obstant, ja venia d’abans. Tanmateix, no es va alterar l’estructura de la propietat de la terra, amb la qual cosa va quedar irresolt un dels problemes més greus de la societat, tot i el pretés caire paternalista del règim.

La societat sí que va experimentar canvis en altres aspectes. D’aquesta manera, va créixer la població, es va fomentar l’emigració i va augmentar la taxa d’urbanització. També es van desenvolupar noves pautes socials i familiars, i van aparèixer noves formes d’oci: es van generalitzar el cinema, els esports (el 1928 es va fundar la Lliga de futbol) els bous...

Respecte al paper de l’Església, l’Estat no estava sacralitzat, però el clergat rebia el suport de les institucions estatals, i aquestes rebien el recolzament del segment eclesiàstic de la societat. A més, el règim es caracteritzava pel seua caire conservador...i catòlic, és clar. Així, les ordes religioses van augmentar la seua influència en l’ensenyament universitari, per la qual cosa es va trencar el monopoli estatal en aquest nivell de l’ensenyament.

Tanmateix, va descendir el sindicalisme catòlic (per la pujada de la UGT) i el règim va donar suport a l’ensenyament secundari públic, a més de xocar amb el clergat nacionalista.

Pel que fa a l’estructura de l’Estat, com és lògic suposar, les estructures es van centralitzar encara més, sota un paraigües castellanista, i es van augmentar les competències determinades en la llei de jurisdiccions, el 1923. En aquesta línia centralitzadora, es van prohibir les manifestacions nacionalistes perifèriques, com ara les banderes no espanyoles.

Respecte a l’ensenyament, el règim, en la línia del regeneracionisme, va lluitar amb duresa contra l’analfabetisme. Així, van construir-se més escoles nacionals i va augmentar el nombre de mestres nacionals. No obstant, el centralisme del règim també es va fer notar en la manipulació de la història d’Espanya que s’ensenyava a les aules, i el 1926 es va reformar el batxillerat dotant els instituts de textos únics i continguts homogeneïtzats.

EL SISTEMA POLÍTIC DE PRIMO DE RIVERA

2011-02-04T00:14:00.000-08:00

EL SISTEMA POLÍTIC

Tot i la pretesa temporalitat del règim, amb el temps Primo de Rivera intentà institucionalitzar-lo, encara que va fracassar-hi. D’aquesta manera, el 1925 va substituir el Directori Militar per un Directori Civil, compost de diversos ministres i només cinc militars (el president, el sot-president, Governació, Guerra i Marina). Altra mesura va ser el increment del control dels jutges per part de l’executiu, mitjançant la suspensió de sentències dels tribunals si els ministres consideraven que allò era necessari.

En la línia amb el caire centralista, corporatiu i conservador de la dictadura, Primo de Rivera va convocar eleccions per a una Assemblea Nacional Corporativa. Evidentment, no es tractava d’una institució amb poder legislatiu, ja que no aprovava lleis, ni controlava el govern, ni era sobirana.

A ella van acudir representants dels municipis i diputacions, de l’Estat...però, al final, els procuradors que s’hi van asseure van ser, majoritàriament, designats per l’executiu.

Bàsicament, la seua tasca va consistir a redactar un avantprojecte de lleis constituents. Amb això, el dictador va tractar d’institucionalitzar, i de perllongar-se en el poder.

Aquestes lleis contenien les següents característiques: monarquia inviolable, estat militar, oficialització de la religió catòlica, intervenció de l’Estat en les relacions econòmiques, corporativisme en la representació política i laboral, sobirania de l’Estat (no de la Nació), restricció en la potestat legislativa del Parlament, i creació del Consell del Regne (òrgan assessor del Rei, qui, a més a més, el controlava sense restriccions). Com a conseqüència, es creava un nou sistema polític, una mena de dictadura monàrquica, amb la qual el dictador no va estar d’acord.

Aquest sistema, que no va poder desenvolupar-se, va haver d’enfrontar-se a diverses insurreccions, moltes d’elles com a resultat de la confluència de civils i militars. La primera va ser la Sanjuanada de 1926. Alguns militars (general Aguilera) i alguns civils (Comte de Romanones, Melquíades Álvarez, Sánchez Guerra...) van conspirar per tal de tornar a l’ordre constitucional de 1876. però van fracassar.

La segona, en la línia de l’anterior va datar de 1929, i va ser un intent de Sánchez Guerra, amb el suport d’altres militars, per tal d’implantar unes Corts Constituents que dugueren a terme una reforma de les estructures en un sentit democràtic de debò.

Els intel•lectuals, per la seua banda, també van protagonitzar diversos intents de manifestació de postures opositores. Unamuno, Blasco Ibáñez, Marañón, Ortega y Gasset, els professors i els alumnes de la Universitat... que van enfortir les fileres del republicanisme. D’aquesta forma, alguns d’ells van fundar partits polítics republicans com ara l’Acció Republicana de Manuel Azaña, o l’Aliança Republicana (formada pel Partit Republicà Radical, els federals, i els catalanistes d’esquerra).

Els socialistes també s’hi van oposar al règim. De fet, decidiren no entrar en l’Assemblea Nacional Consultiva, tot i el seu suport inicial.

Per últim, l’exèrcit, disconforme amb el sistema d’ascensos i per la fundació de l’Acadèmia General Militar de Saragossa (que posava fi als privilegis d’Artilleria...) també s’hi va oposar, per la qual cosa al dictador ja no li quedaven suports. D’aquesta forma, el 28 de gener de 1930 dimití, i el rei va cridar al poder el general Dámaso Berenguer, un africanista.

La funció d’aquest militar va ser, fonamentalment, preparar el país per a la tornada al règim de llibertats de la Restauració, i per a tal objectiu, la convocatòria d’unes noves Corts. D’aquesta forma, va decretar una important amnistia, va derogar la legislació anticatalanista i va posar fi a la construcció d’obres públiques (per tal de no endeutar-se més). També va renovar els ajuntaments tornant-hi als majors contribuents de les localitats i als regidors elegits entre 1917 i 1923. no obstant això, trigà excessivament a reimplantar un règim de llibertats.

El republicanisme estava creixent, i alguns polítics monàrquics van passar-se al bàndol republicà. Exemples com el de Sánchez Guerra, Alcalá Zamora, Miguel Maura o Ortega y Gasset demostraren l’escàs suport del rei i de les seues solucions. Molt prompte se signà el Pacte de Sant Sebastià per part d’un grapat important de republicans i de catalanistes, que decidiren com passar a l’acció, i quin tipus de règim implantar. I, en aquesta situació d’oposició política creixent, va sumar-se el grapat de conseqüències socials i econòmiques del Crack de 1929: atur, crisi econòmica...i el PSOE, la UGT i la CNT es pronunciaren a favor d’una república.

El 12 de desembre de 1930 va tenir lloc la sublevació dels capitans republicans Galán i García Hernández. Foren afusellats. La crispació política arribà a un nivell insostenible, i en gener es programaren eleccions. Davant el retraïment de moltes forces polítiques, el general Berenguer dimití, i fou substituït per l’almirant Aznar, qui formà un govern de concentració monàrquica, com el de 1918.

Aquest militar ideà un procés de retorn a la normalitat constitucional de 1876 mitjançant un cadenat de convocatòries electorals que s’encetaria amb eleccions municipals el 12 d’abril de 1931, seguint amb eleccions provincials per al 3 de maig, i, per acabar, eleccions generals, que es podrien plantejar com a constituents, el 7 i el 14 de juny. Fins i tot prometé un sistema d’autonomia per a Catalunya, però no va ser suficient.

LES MESURES REGENERACIONISTES DE PRIMO DE RIVERA

2011-02-04T00:13:00.000-08:00

LES MESURES REGENERACIONISTES DE PRIMO DE RIVERA

Les mesures que el general Primo de Rivera va adoptar en el moment del colp d’Estat van ser, com ja hem explicat abans, d’un caire conservador, autoritari i nacionalista espanyolista. El general es considerava hereter de 25 anys de regeneracionisme militar, i, d’aquesta manera, considerava que la institució militar encarnava les virtuts nacionals del país, i els polítics professionals eren una mena de pou de fem.

Totes elles eren molt semblants a les idees de Joaquim Costa, qui va parlar de la necessitat, temporal, d’un cirurgià de ferro que implantara una mena de règim dictatorial per tal d’extirpar els oligarques i cacics.

En aquesta línia, va redactar un manifest al país i a l’Exèrcit, en què manifestava els seus punts de vista del colp i de la situació de la nació. Aquests punts de vista eren fonamentalment masclistes i patriòtics, però poc més.

Tot seguit, va dissenyar un directori militar que, a l’estil d’una Junta de Defensa nacional, estiguera format per un general de brigada procedent de cada regió militar (no el cap de cadascuna d’elles) i un contraalmirant. Tots ells actuarien com a vocals, perquè no més hi havia un ministre responsable, Primo de Rivera.

Respecte a l’administració provincial, va cessar els governadors civils, i els va substituir per governadors militars, però tan sols per set mesos. Dins del control dels mitjans de comunicació, des de 1923 va adoptar una fèrria censura de la premsa i de les comunicacions telefòniques, però no la de llibres.

Pel que fa a l’administració en general, va establir amb rigidesa els horaris dels funcionaris, per tal d’evitar la pèrdua d’hores de treball públic. Així mateix, va legislar contra la simultaneïtat dels llocs de treball públic, una cosa molt comuna en l’època, i es va lluitar contra les recomanacions per a la provisió d’aquestes ocupacions.

Sobre l’administració de justícia, va depurar els jutges i va abolir els jurats populars, però va augmentar les intromissions del govern en el treball dels jutges, pel qual la el poder executiu es va solapar amb el judicial, tot limitant la de per sí dubtosa separació de poders.

Referent al caciquisme rural, va dissoldre els ajuntaments i va substituir els regidors per vocals associats, triats per sorteig entre els majors contribuents de la localitat. Així mateix, va designar un delegat del govern al front de cadascú dels partits judicials en què es dividien les províncies. Aquests delegats del govern serien militars, per la qual cosa l’Exèrcit, no sols a nivell central, sinó també a nivell provincial, passava a controlar els ressorts de l’administració. Així, esdevenia el principal instrument del regeneracionisme que encapçalava Primo de Rivera.

A l’altura de 1924, ja es feia palès que el pretés regeneracionisme temporal podia durar més temps del que s’havia pensat en un primer moment. D’aquesta manera, es definí una nova forma d’administració local i provincial, a través dels Estatuts Municipal de 1924, i Provincial de 1925. Aquests estatuts preveien una nova estructura i un nou paper, molt més autònom en les coses referents a l’autonomia financera i gestora, i que es basava en el projecte de Maura de 1907. com a conseqüència, es contemplava que un terç dels regidors dels ajuntaments serien triats mitjançant un sistema de sufragi corporatiu, i dos terços per sufragi universal (per als majors de 23 anys, incloses les dones que eren caps de família).

Respecte als diputats provincials, alguns serien triats per sufragi universal, mentre que altres, pel citat sufragi corporatiu.

Tanmateix, cap d’aquests projectes va tenir lloc, i les eleccions no van desenvolupar-se.

Pel que fa a l’altre dels instruments del caciquisme, el sistema de partits de la Restauració, va declarar dissolts els partits polítics dinàstics, i va fundar un de nou, el 1926, la Unió Patriòtica. Aquesta formació va incloure individus procedents de la burgesia mitjana ascendent, membres d’Acció Catòlica, membres dels Cercles d’Obrers, membres de l’antic Partit Social Popular...

Altre instrument en la seua tasca regeneracionista va ser el Somatén. L’origen d’aquesta institució va ser la guàrdia cívica d’origen burgés i voluntari, i ideologia conservadora, que va lluitar contra el moviment obrer a causa de l’efervescència social de finals de la segona dècada del segle.

La conseqüència de tot això és que, efectivament, el general va dissenyar un sistema administratiu centralista de caire conservador, però, a l’hora, regeneracionista. Era la seua versió del regeneracionisme. Efectivament pensava que el poble espanyol, d’essència naturalment conservadora, estava d’acord amb un sistema que intentava, des d’una perspectiva conservadora i centralista, arrencar els mals del sistema oligàrquic de la Restauració. No obstant això, bé per la pròpia idiosincràsia de la dictadura, bé perquè es van aprofitar d’ella les classes burgeses, estructuralment no va comportar el canvi quirúrgic que necessitava el país.

Sobre la Mano Negra

2011-02-03T04:14:00.000-08:00

Como sabemos, en palabras de Joaquín Costa, el sistema político de la Restauración era oligárquico y caciquil. Es decir, que respondía, como sostienen autores como Tuñón de Lara, a los intereses económicos y sociales de la clase burguesa. En este punto, sin embargo, otros como José Varela-Ortega difieren. De todas formas, es evidente que unas estructuras políticas doctrinarias no podían generar un sistema de relaciones sociales y económicas basadas en la igualdad.

Resultado obvio de todo ello, fue una situación social de una gran masa de población campesina, que se caracterízó por el pauperismo más exagerado. Sobre todo en aquellas zonas en las que los campesinos no eran propietarios, sino simples aparceros y temporeros. Estas zonas fueron las lastradas por un importante latifundismo, como la Mnacha, Andalucía, o Extremadura.

En 1.878, justo en los inicios de la Restauración, y con el Partido Conservador en el poder, Andalucía era una tierra que no podía seguir soportando la enorme polarización social. Se registraron quemas de cortijos, de olivares, se mata el ganado, se arrancan viñedos, etcy, en abril, estallaron importantes motines en Jerez.

El gobierno conservador sometió a una intensiva vigilancia a los campesinos e internacionalistas conocidos. Al año siguiente, los conservadores, más restrictivos en lo que a derechos de asociación se refiere, acometieron una campaña contra todo tipo de asociación que no se incluyera en la Ley de Asociación, apoderándose de documentaciones, listas de afiliados, estatutos, directrices, propaganda, etc. etc. No olvidemos que la legislación que regulaba los derechos individuales y libertades públicas, era muy restrictiva (leyes de 1877 y 1879).

En una de estas requisas de documentación que se efectuaron en Jerez, las autoridades encontraron una cantidad de información sobre una sociedad secreta que se auto denominaba "Sociedad de Pobres contra Ladrones y Verdugos. Jerez - Europa Siglo XIX" y que sus miembros, para referirse a ella, la llamaban, "La Mano Negra" y que dejaban como firma precisamente esa mano negra.

Francisco y Pedro Corbacho

Durante los cuatro años siguientes las autoridades acometieron una persecución contra los campesinos. Unos campesinos que vivían en la miseria; en Trebujena 400 jornaleros piden pan o trabajo, y asedian al alcalde; la gente subsiste mediante la caza furtiva, y la recolección de frutos y hierbas silvestres, caracoles, etc.

En el año 1883, las autoridades, atribuyeronn a La Mano Negra aberrantes crímenes, incluso los de dar muerte a niños, mujeres y ancianos. Se les acusó de querer derrocar al gobierno de la nación, destruir al Estado, y querer pasar a cuchillo a las clases dominantes del país. Las autoridades y la burguesía terrateniente se prestaron, junto con la Guardia Civil, a reprimir de la forma más brutal todo movimiento o inquietud campesina, y en consecuencia, las cárceles de Jerez y Cádiz, se abarrotaron de braceros y obreros.

En esta situación, en el cortijo de la Parrilla, una partida formada por Cristóbal Fernández Torrejón, Gregorio Sánchez Novoa, Manuel Gago, José León Ortega, Gonzalo Benítez, Antonio Valero, Salvador Moreno Piñero, Rafael Giménez y Roque Vázquez asesinó a Bartolomé Gago, más conocido como «Blanco de Benaocaz», y entierró su cadáver. Como consecuencia, el 29 de enero de 1883 fueron detenidos más de 600 jornaleros en San José del Valle bajo la acusación de haberlo asesinado en las cercanías del cortijo La Parrilla.

En el propio cortijo la guardia civil encerró a los trabajadores en la planta baja, y les torturó. Al no obtener la confesión que querían, les amenazaron con someter al tercer grado también a sus mujeres e hijos, con lo que los jornaleros se declararon culpables del asesinato. Acto seguido les llevaron a pie hasta el penal de Jerez de la Frontera, a 60 kilómetros y este hecho fue el que desencadenaría el proceso a la Mano Negra...

El 4 de febrero apareció un cadáver que fue levantado sin orden del juez. Los forenses informaron que no era posible identificarle por su avanzado estado de descomposición. Pero nada se supo del cadáver desenterrado. Ni siquiera consta en los archivos que fuese enterrado en el cementerio local. Pero aunque el presunto cadáver no fue identificado, el juez dio por bueno que era el del Blanco.

El día 5 de junio, coincidiendo con la huelga general, comenzó el juicio de La Mano Negra. La única prueba real fue el supuesto Reglamento de la sociedad secreta, hallado en unas ruinas en 1878. Se presentaron tres copias del mismo escrito, pero éstas discrepaban entre sí.

Estos procesos coincidieron con una huelga general agraria donde los trabajadores del campo reivindicaban una jornada de 9 horas diarias y un salario mínimo.

El nombre de la presunta sociedad secreta lo difundió Oliver, capitán de la Guardia Civil, que años antes había propuesto a Madrid detener a los sindicalistas bajo la acusación de pertenecer a una banda de delincuentes. Fue la primera vez que se aplicó el Código Penal y condenaron a los procesados a garrote vil.
La única prueba que se presentó fue un supuesto Reglamento de la Mano negra, encontrado por el propio Oliver.

En el juicio hubo 16 imputados y se escuchó el testimonio de 48 testigos. Estos testigos, sin embargo, no sirvieron para fijar la autoría del crimen. En realidad, ésta se estableció procesalmente porque los propios imputados quisieron. El anarquismo ibérico, en tanto que ideología rabiosamente individualista, ponía mucho el acento en la asunción de responsabilidades. Manuel Gago, uno de los imputados, confesó su participación casi fríamente. Confesó que había recibido la orden de matar al Blanco, que para colmo era su primo. Eso, sin embargo, no le supuso problema porque, declaró ante el juez, si le hubieran ordenado matar a su padre lo mismo lo habría hecho. El motivo del crimen no fue que el asesinado fuese un explotador. Era un antiguo miembro de la organización que se había apartado de la misma. Francisco y Pedro Corbacho, Manuel y Bartolomé Gago, Cristóbal Fernández Torrejón, José León Ortega, Gregorio Sánchez Novoa y Juan Ruiz fueron condenados a la pena de muerte por asesinato con los agravantes de nocturnidad, premeditación, alevosía, despoblado y cuadrilla. Por su parte Roque Vázquez, Gonzalo Benítez, Salvador Moreno Piñero, Rafael Giménez Becerra, Agustín Martínez, Antonio Valero y Cayetano Cruz fueron condenados a 17 años y 4 meses de reclusión. José Fernández Barrios fue condenado sólo por responsabilidad civil, sin cárcel.

Ante el escándalo que tal atrocidad desató, el Consejo de Ministros reduce las penas a 7 ejecuciones y el resto a cadena perpetua. El Rey se negó a firmar las penas de muerte pero fueron ajusticiados el 14 de junio de 1884 en la plaza del Mercado a garrote vil.
En los autos se afirma que Pedro Corbacho era el jefe de una asociación secreta en La Parrilla, lo que era verdad porque los procesados formaban un pequeño grupo sindicalista, unidos en defensa de sus derechos laborales.

Se afirma que Pedro Corbacho le debía 53 duros a Bartolomé Gago Campos y para no pagarle planeó su muerte. Pero también se dice que planeó su muerte porque había violado a una sobrina suya. Y asimismo que planeó su muerte porque Bartolomé era un borracho pendenciero que pegaba a sus propios padres. Y finalmente que planeó su muerte porque iba a denunciar la sociedad secreta a la guardia civil.
Un día después los jornaleros, apaleados, torturados, amenazados y asustados, vuelven a su trabajo abandonando la huelga general. En esas fechas todos los que se habían destacado ya están en la cárcel bajo la acusación de pertenecer a La Mano Negra.

Plaza del Mercado en donde fueron ajusticiados

Tras el proceso se justificó la más intensa represión por toda Andalucía (más de 10.000 detenidos).
El 30 de noviembre la Guardia Civil regresó a sus cuarteles, no quedaba nadie por detener. Se había hecho la paz de los muertos. Todos los participantes en estos hechos fueron ascendidos, el capitán Oliver es nombrado coronel del ejército. Se hizo el silencio en el campo jerezano, sembrando la leyenda de La Mano Negra, grupo de delincuentes que quemaban campos, talaban cepas, torturaban animales, incendiaban cortijos y asesinaban "señoritos". A partir de entonces toda idea reivindicativa fue catalogada de "terrorista" y su autor encarcelado y perseguido.

Aunque durante muchos años se ha discutido la existencia de tal supuesta organización, actualmente prácticamente todo el ámbito académico está de acuerdo en que fue un invento a modo de una imputación injustificada del gobierno de Sagasta para aplacar las revueltas en los campos del sur de España, como ya insinuó Vicente Bloasco Ibáñez en su novela “La Bodega” en 1905.

El catalanismo conservador: Prat de la Riba

2011-02-03T03:03:00.000-08:00

Aquí os presento unos textos que reflejan el ideario catalanista de finales del siglo XIX. Es muy interesanta el que comparemos su contenido con las características de las reivindicaciones particularistas precedentes, así como con los fundamentos del sistema político de la Restauración, y con las características del nacionalismo vasco. Puede que extraigamos conclusiones interesantes.

*.- “¿Por qué Castilla tiene tanto interés en gobernar todas las demás regiones?. Porque es un país pobre y sus hijos se dedican a la industria de la política, que es, ciertamente, más descansada que la de nuestras fábricas.
¿Cómo debemos poner fin a esta industria injuriosa para nosotros?. Estableciendo que todos los cargos públicos de Cataluña deben de ser desempeñados por catalanes”

*.- Además debemos reivindicar “el derecho indiscutible de Cataluña a constituirse y organizarse según sus necesidades y carácter, y a darse toda clase de leyes que más se acomoden a su forma de ser”.
Se nos ha de reconocer además otro derecho, “el uso de la lengua catalana, en todos los actos públicos y privados, como la única oficial de Cataluña”.
“¿ Cómo podemos armonizar estas justísimas reivindicaciones con la unidad política de España?. Por medio de la organización regionalista, que consiste en la unión federativa de las antiguas nacionalidades españolas”.
“¿Qué atribuciones tendría el poder central o deferal en esta organización?. Todas las que se refieren a las relaciones de España con otros Estados, y, en general, las relaciones con intereses comunes a todas las regiones de España, como el ejército, las aduanas, ferrocarriles generales, etc.”.
El “poder nacional catalán tendría todas las demás”.
Las Cortes Catalanas se formarían “por medio del sufragio universal de los cabezas de familia, por gremios y profesiones, a fín de acabar con el parlamentarismo que entrega el gobierno de los Estados a los charlatanes de oficio”.
Cataluña contribuiría al ejército español “por medio de voluntarios, o bien entregando una compensación de dinero previamente convenida con el poder federal, quedando abolidas las quintas”.
Enric Prat de la Riba y Pere Montanyola. “Compendi de la Doctrina Catalanista”. La Renaixensa. Sabadell (1894)

Ideario del nacionalismo vasco

2011-02-03T02:47:00.000-08:00

“Libre e independiente de poder extraño vivía Bizkaia, gobernándose y legislándose a sí misma, como nación aparte, como estado constituído; y vosotros, cansados de ser libres, habeis acatado la dominación extraña, os habeis sometido al extranjero poder, teneis a vuestra Patria como región del país extranjero y habeis renegado de nuestra nacionalidad para aceptar la extranjera.
Vuestros usos y costumbres eran dignos de la nobleza, virtud y virilidad de vuestro pueblo: y vosotros, degenerados y corrompidos por la influencia española, o lo habeis adulterado por completo, o lo habeis afeminado o embrutecido.
Vuestra raza, singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española ni con la francesa, que son sus vecinas, ni con raza alguna del mundo, era la que constituía a vuestra Patria Bizkaia; y a vosotros, sin pizca de dignidad ni de respeto a vuestros padres, habeis mezclado vuestra sangre con la española o maketa, os habeis hermanado y confundido con la raza más vil y despreciable de Europa, y estais procurando que esta raza envilecida sustituya a la vuestra en el territorio de vuestra Patria.
Poseiais una lengua más antigua que cualquiera de las conocidas, más rica que vuestros montes, más vigorosa y altiva que vuestras costas, más bella que vuestros campos, y era la lengua de vuestros padres, la lengua de vuestra raza, la lengua de vuestra nacionalidad, y hoy vosotros la despreciais sin vergüenza y aceptais en su lugar el idioma de unas gentes groseras y degradadas, el idioma del mismo opresor de vuestra Padtria.
Era antes vuestro carácter noble y altivo a la vez que sencillo, franco y generoso y hoy vais haciendoos tan viles y pusilánimes, tan miserables, falsos y ruínes como vuestros mismos dominadores. Bizkainos: Bizkaia perece... y vosotros la estais matando” (

(Fragmento de un escrito de Sabino Arana en “Bizkaitarra” del 30 de septiembre de 1894”)

Este texto es una muestra del planteamiento nacionalista de Sabino Arana, el fundador del PNV, al igual que los que os presento a continuación.

"Amenazada de muerte la nacionalidad vasca por el peligro que corre la raza a punto de desaparecer su idioma y adulterados su espíritu y Tradición, el nacionalismo vasco aspira a purificar y vigorizar la raza, a depurar y difundir el euzkera hasta conseguir que sea la única lengua de Euzkadi y a purificar el espíritu y esclarecer la Tradición del Pueblo Vasco, encaminándose sus trabajos en cuanto a este fin:
A que el pueblo vasco siga fervorosamente las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, como las siguió y observó en tiempos pasados, con exclusión absoluta de toda doctrina condenada por la Iglesia Católica.
A que vuelvan a imperar los buenos usos y costumbres olvidados, fomentando los que se conservan y combatiendo los exáticos y perjudiciales.
A que las instituciones políticas, jurídicas, económicas, etc, características del Pueblo Vasco, vuelvan a tener vigencia y acción amoldadas, en cuanto sea necesario, a la realidad de los tiempos actuales.
A que las letras y las Artes, que sean manifestación de la nacionalidad vasca, adquieran vida robusta.
(...) En cuanto a la tradición histórica de Euzkadi, pretende sea depurada con plena imparcialidad de los errores que en ella han introducido sus enemigos, y que se complete en cuanto sea posible.
Como medio eficacísimo para todo ello, procurará fomentar la solidaridad más firme y práctica entre los pueblos e individuos de raza vasca, en todos los órdenes de la vida, mediante la sólida enseñanza del pasado y del presente de Euzkadi, y la educación sinceramente patriótica de sus hijos, hasta lograr crear en nuestra tierra un ambiente en que sólo pueda desarrollarse lo netamente vasco.
Su terreno de acción es Euzkadi, o sea, las regiones todas del País Vasco que se denominan Araba, Guipuzkoa, Navarra, Bizcaya, Laburdi y Zuberoa, solar de la raza vasca; pero ello no quita que la acción de solidaridad abarque con sus beneficios y obligaciones a los individuos vascos naturales u originarios de ellas". (Aberri, 15 de diciembre de 1905 (Manifiesto del Partido Nacionalista Vasco).

Como es evidente, las conexiones con el carlismo son obvias.
"Mi patriotismo no se funda en motivos humanos, ni se dirige a materiales fines: mi patriotismo se fundó y cada día se funde más en mi amor a Dios, y el fin que en él persigo es el de conducir a Dios a mis hermanos de raza: a mi gran familia el pueblo vasco". (Seminario La Patria. 1901 ‑ 1903).
"Para ser nacionalista bizkaino basta con ser católico y patriota. Basta en rigor ser patriota, porque el lema patrio es Jaun ‑ Goikua eta Lag¡ Zarra. (Dios y Ley Vieja)". (Bizkaitarra).

Pero, además, nos encontramos ante una ideología fundamentalmente racista. Así lo atestigua este texto.

"Etnográficamente hay diferencia sustancial entre ser español y ser euskeriano, porque la raza euskeriana es sustancialmente distinta de la raza española (lo cual no lo decimos solo nosotros, sino todos los etnólogos), y el concepto étnico no es jurídico, sino físico y natural, como relativo a la raza: de suerte que etnográficamente, los euskerianos no pueden ser españoles aunque quieran, pues para ser españoles tendrían que dejar de ser euskerianos: por eso, al decir pueblo español, nación española, no podemos comprender dentro de esta dicción al euskeriano, a no ser por supina ignorancia de lo más conocido en etnología, porque pueblo y nación son vocablos que se refieren a la raza, y no al derecho. Decir, pues, que el euskeriano pertenece al pueblo o a la nación española sería tan solemne disparate científico como desconocimiento de los hechos revelaría el afirmar que en el estado español no está hoy comprendido de hecho el pueblo euskeriano de aquende el Bidasoa".

“¡Ya lo sabéis euzkeldunes, para amar el Euzkera tenéis que odiar a España!” (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)- nº 31) "Para ser patriota, es preciso amar la libertad de la Patria. Para amar la libertad de la Patria es preciso odiar a muerte a quien la esclaviza." (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)- nº 28)
"Nosotros odiamos a España con toda nuestra alma, mientras tenga oprimida a nuestra Patria” (...) No hay odio que sea proporcionado a la enorme injusticia que con nosotros ha consumado el hijo del romano. No hay odio con que puedan pagarse los innumerables daños que nos causan los largos años de su dominación" (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)-nº 16)
"Los euskerianos nacionalistas aborrecen a España, porque ha pisoteado sus leyes patrias, profanado y demolido su templo y uncido a su Patria al yugo de la esclavitud más infame, y está corrompiéndole la sangre, que es la raza, y va a arrancarle la lengua, que es el Euzkera, y acabará por estrujarle el corazón de sentimiento nacional" (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)-nº 5)
"Si a esta nación latina la viésemos despedazada por una conflagración intestina o una guerra internacional, nosotros lo celebraríamos con fruición y verdadero júbilo, así como pesaría sobre nosotros como la mayor de las desdichas, como agobia y aflije al ánimo del náufrago el no divisar en el horizonte ni costa ni embarcación, el que España prosperara y se engrandeciera" (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)-nº 5)
"Poco nos importa que España sea grande o chica, fuerte o débil, rica o pobre. Está esclavizando a nuestra Patria, y esto nos basta para odiarla con toda nuestra alma, así se encuentre en la cumbre de la grandeza como al borde de su ruina" (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)-nº 5)
"En odio al español como invasor andamos muy cortos los bizkainos patriotas de hoy, comparados con aquéllos de otros siglos que en su idioma llamaban extranjeros a los españoles y los recibían a flechazos y a tiros" (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)-nº 22)
"Por otra parte, ese camino del odio al maketismo es mucho más directo y seguro que el que llevan los que se dicen amantes de los Fueros, pero no sienten rencor hacia el invasor" (Periódico Bizkaitarra (1893-1895)-nº 4)
"Y no es propiamente hablando, que el corazón deba sentir odio al conquistador para ser patriota. Si el verdadero nacionalista debe odiar a su opresora, no es directamente, sino porque ama a su Patria y tanto más odiará uno a quien causa daño a la Patria, cuanto más amor le tenga" (El Partido Carlista y los Fueros Vasco-Navarros (1897).
"Preocupémonos de amar a la Patria, que este amor nos enseñará a odiar a sus enemigos, y aborrecerlos" (El Partido Carlista y los Fueros Vasco-Navarros -1897-)
"Amo a mi Patria y tengo que odiar a cuanto atenta contra ella" (El Partido Carlista y los Fueros Vasco-Navarros -1897-)

Las conclusiones que podemos extraer de estos documentos, en mi opinión, son muy claras. Pero el contenido de estas fuentes no lo debemos valorar únicamente desde nuestra perspectiva actual, sino desde las características del sistema político en el que se ubican, y, además, en comparación con la ideología catalanista. Es decir, que debemos analizar los cambios y permanencias que los planteamientos defendidos por Arana supusieron, en relación con ideologías políticas particularistas inmediatamente precedentes, y en relación con los fundamentos del sistema liberal-doctrinario de la Restauración. No sólo desde nuestra perspectiva actual, claramente condicionada por el sistema en el que vivimos.

Sobre el Desastre de Annual

2011-01-31T04:05:00.000-08:00

Os muestro un video sobre el Desastre de Annual. Puede que os sea útil.

Alternancia política en la Restauración tras la ley electoral de 1890

2011-01-20T02:57:00.000-08:00

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTIDOS DEL TURNO EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

AÑOS ELECTORALES	PARTIDO CONSERVADOR	PARTIDO LIBERAL	SUMA DE CONSERVADORES Y LIBERALES	TOTAL DE LA OPOSICIÓN DE FUERA DEL TURNISMO
1891	65’6	20’8	86’4	13’5
1893	15’2	70’2	85’5	14’5
1896	69’5	22	91’5	8’5
1898	21	66’3	87’3	12’8
1899	58’7	30’3	89’0	10’1
1901	21’7	61’1	82’8	17’2
1903	59’5	25’3	84’8	15’1
1905	30’2	56’6	86’9	13’1
1907	62’3	19’3	81’6	18’3
1910	25’2	54’2	82’7	17’3
1914	52’4	29’6	83’7	16’3
1916	27’6	56’2	84’9	15’1
1918	37’9	40’8	78’7	21’3
1919	49’3	32’5	83’1	16’9
1920	56’7	25’1	83’3	16’7
1923	26’4	54’5	84’9	15’1

FUENTE: MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel (1973): La burguesía conservadora (1874-1931). Madrid. Alianza universidad. Pág. 413

En esta tabla vemos representados la distribución de los escaños conseguidos por las diferentes formaciones políticas en la etapa de la Restauración, desde 1891, hasta el inicio de la dictadura de Primo de Rivera. Para ello, se ha tomado una división en seis columnas que abarcan prácticamente todos los años del período, excepto los de la dictadura de Primo de Rivera, y los primeros años del sistema canovista.

Respecto a la descripción de la tabla, en la primera columna comenzando por la izquierda, observamos los años en los que tienen lugar las elecciones. En la siguiente, el porcentaje de escaños que el Partido Conservador consiguió en los procesos electorales, y en la siguiente, los logrados por el Partido liberal. Más a la derecha, la suma de los escaños obtenidos por conservadores y liberales, y, en la última columna de la derecha, los escaños obtenidos por los partidos opositores al turnismo. Nótese que las cifras en negrita corresponden a los resultados del partido que está en el gobierno a la hora de la convocatoria de las elecciones.

Como podemos observar, aunque los porcentajes varían, las mayorías logradas por unos y otros siempre son absolutas, de manera que los diferentes gobiernos pueden desarrollar su labor sin problemas. De hecho, el gobierno en el poder siempre gana las elecciones, incluso en las de 1918, cuando éstas son convocadas por un gobierno de concentración. Excepto en este caso, el gobierno ha obtenido el acta de disolución de las Cortes y ha convocado nuevas elecciones, las cuales, en virtud de una serie de pactos y de hábiles maniobras, son siempre ganadas por el partido al que los ministros pertenecen. No hay cambios, y las cómodas mayorías permiten a los ministros no sufrir obstrucciones en su labor.

En principio, y según marcaba la Constitución, un gobierno podía estar en el poder un máximo de cinco años, pero este período nunca se llegó a agotar. De todas formas, en principio se respetó una relativa igualdad en los períodos en los que los ejecutivos disfrutaban del poder, excepto en el período entre 1910 y 1914. Este caso fue un poco atípico, ya que los liberales habían ascendido en octubre de 1909 al gobierno tras la Semana Trágica (gobierno de Moret), pero mantuvieron unos meses las Cortes con mayoría conservadora (propias del turno conservador) hasta que convocaron, como es lógico, nuevas elecciones en febrero de 1910, que, por supuesto, ganaron. Pero, pese a este hecho, no debemos pensar que los partidos dinásticos ejercían una auténtica oposición entre ellos, aunque sí que se diferenciaban.

Los resultados electorales de las opciones políticas de fuera del turnismo, fueron sistemáticamente reducidos. Es cierto que conseguían escaños, como algunos republicanos y carlistas moderados, pero en estos casos se debía a que éstos también se apoyaban en cacicazgos para llegar al Congreso y a la parte electiva del Senado. En definitiva, todos de alguna manera se beneficiaban de un sistema adulterado en el que cada uno sabía qué papel jugaba, y qué obtenía a cambio de aceptar el guión marcado. Evidentemente, los intereses de las masas populares estaban totalmente obviados, pese a los intentos de avance en materia social.

El sistema fue muy estable, pero para ello se tuvieron que manipular las elecciones. En un primer momento, en virtud de la ley electoral de 1878, esto fue relativamente sencillo, pero cuando en el turno liberal de 1890 se aprobó la ley de sufragio universal, con el aumento de electores esta práctica necesitó incluso el recurso a la violencia para conseguir domesticar al electorado.

El Rasgo

2010-12-01T02:32:00.000-08:00

Aquesta entrada és una còpia d'una que vaig redactar fa alguns anys.Es refereix a un article que va aparèixer en un diari de caire republicà, encara que el text no ho és explícitament. No obstant això, expressa la necessitat d'un canvi de sistema polític, donat que el moderantisme doctrinari estava esgotat, i ja no podia abastar les necessitats de la societat espanyola.

Un bon exemple d'aquest esgotament és la reacció subsegüent a la publicació de l'article, pròpia d'un sistema conservador que no mostrava molt de respecte per les llibertats. No oblidem que s'havia eliminat el judici per jurats que apareixia en els textos constitucionals progressistes (el de 1837 i el de 1856), i que l'Esglèsia, arran del Concordat, havia représ la capacitat de censura.

DOCUMENT 24: FRAGMENT DE EL RASGO. Castelar.
“[…] En els països constitucionals el Rei deu comptar per única renda […] l’estipendi que les Corts li decreten per a sostenir la seua dignitat. Impedint al Rei tenir una existència a banda, una propietat, com a Rei, a banda dels pressupostos generals del país.” […]
“Fa molt de temps que es veu encarint quant podien servir per a traure de compromisos a l’Erari els bens patrimonials de la Corona. […]
La Reina es reserva els tresors de les nostres arts, els territoris d’Aranjuez, el Pardo, la Casa de Camp, la Moncloa, Sant Llorenç, el Retir, Sant Ildefons: més de cent llegües quadrades, on no podrà donar els seus fruits el treball lliure, on l’amortització estendrà la seua lepra cancerosa. La Vall d’Alcúdia, que és la principal riquesa del Patrimoni, [...] no podrà ser desamortitzat […]. En igual cas es troba la molt rica finca de l’Albufera, […] Si després d’això es transmet a la Corona el vint-i-cinc per cent de quant ha de vendre’s, volguerem que ens digueren els periòdics reaccionaris, què resta sinó un gran i terrible desencant”.
“Els bens que es reserva el Patrimoni són immensos; el vint-i-cinc per cent, desproporcionat; la Comissió que ha de fer les divisions i la delimitació de les terres, tant de temps tarda com les que delimiten els bens del Clergat; i, en últim resultat, el que reste del botí que acapara sense dret el Patrimoni vindrà a engrosar una dotzena de traficants, d’usurers, en lloc de cedir en benefici del poble. Ha de veure’s, doncs, si tenim raó; [...] si tenim dret per a protestar contra aqueix projecte de Llei, que, des del punt de vista polític, és un engany; des del punt de vista legal, un gran desacatament a la llei; des del punt de vista popular, una amenaça als interessos del poble, i des de tots els punts de vista un d’aqueixos mànecs de què el partit moderat es val per tal de sostenir-se en un Poder que la voluntat de la nació rebutja; que la consciència de la nació maldiu”.
FONT: GÓMEZ URDÁNEZ, TUÑÓN DE LARA, MAINER, GARCÍA DELGADO (1985) Textos y documentos de historia moderna y contemporánea (siglos XVIII-XX). Madrid. Labor. Págs. 207-208 (Traducció i adaptació pròpies).

BREUS ANOTACIONS SOBRE EL DOCUMENT.

Aquest escrit és un intent d’oferir a l’abast dels lectors unes breus anotacions sobre el document que hem seleccionat. Per tal de redactar aquestes breus anotacions, en primer lloc tractarem d’ubicar el text en un moment concret, així com d’identificar l’autor i el destinatari. Així mateix, més endavant passarem a exposar el contingut del text. Tot això pertany a un primer nivell d’ubicació i identificació temporal i espacial del document. En aquest punt és important explicar a grans trets les característiques històriques del moment en què el text es troba, per tal d’aplicar-les després quan passem a explicar el seu contingut.

Referent a l’explicació del contingut, fent referències al document seleccionarem aquestos fets històrics que ens ajuden a explicar el que suposem que el text vol dir-nos.

Per últim, tractarem d’establir relacions amb altres períodes tenint en compte l’essència del document, el seu veritable sentit i objectiu. És molt important aprehendre el veritable sentit del document per tal de relacionar-lo amb moments i fets del passat i del futur, que tinguen alguna relació i que suposen pervivències o canvis. Aquest apartat és molt obert i en ell es pot afrontar la significació històrica de molt diverses maneres.

Pel que fa a la identificació del document, del seu contingut i del període en què es pot incloure, el document seleccionat és un fragment que En Emili Castelar va publicar en un diari de l’època, i que s’intitula El Rasgo.

Òbviament, es tracta d’un text públic perquè està dirigit al públic lector, i qui el signa va ser un catedràtic d’Història de la Universitat Central de Madrid. Més concretament podem afirmar que es tracta d’un document de caire periodístic publicat en el diari del professor, La Democracia. Per tant, és una font primària i històrica de primer ordre, com després observarem.

Respecte al contingut del text, l’autor es queixa d’una nova legislació que apareix el 1865, mitjançant la qual el govern ven una part de les possessions de la Corona, reservant per a ella el 25% del producte de la venda, i deixant per a l’Estat el 75% restant. L’autor afirma que en els països constitucionals la Corona viu de la part dels pressupostos de l’Estat que les Corts decideixen, però que en el cas espanyol no és així. De fet, la Corona disposa d’àmplies extensions de terreny que estan amortitzades. Si es té en compte que el 1865 el país pateix un important problema de Deute Públic, Castelar considera desproporcionat un percentatge d’un 25% per a la Corona. És més, l’autor denuncia que aquesta és una de les maniobres del Partit Moderat per tal de perpetuar un sistema polític i social en què monopolitza el poder en exclusiva.

De l’exposició del contingut del document podem deduir que el document es pot incloure dintre de l’eix temàtic del Segle XVIII i la construcció de l’Estat liberal, i més concretament dintre del procés de construcció de l’Estat liberal que succeeix en l’època isabelina.

En aquest període de la història d’Espanya el sistema polític que està construint-se és el doctrinarisme, entés, com ja hem dit altres vegades, com el sistema a mig camí entre el liberalisme pur que podia identificar-se amb la Constitució de 1812 i les Corts de Cadis, i l’Antic Règim. D’aquesta manera, tant a nivell polític com social i econòmic, les antigues elites de l’Antic règim, en un entorn com ara el doctrinarisme, continuen gaudint de unes quotes de poder i preeminència que en un sistema liberal pur no podrien tenir, com és el cas de propietats que no es desamortitzen, capacitat d’intervenció en la creació de les lleis, una concentració de poders que encara que no arriba a ser el que era en l’Antic Règim és massa densa com per a parlar de liberalisme, unes eleccions sotmeses a uns sistemes de sufragi massa restringits i censitaris que a més estan sent sistemàticament manipulades, etc.

Aquest sistema és el que va construir-se al llarg del període isabelí. No obstant això, en el cas que ens ocupa, en l’etapa més concreta en què s’inclou, el doctrinarisme està en declivi ja que el Partit Moderat, el més clar exemple d’aquesta ideologia i d’aquesta pràctica política, ja està molt desgastat. Massa temps en el poder, i adoptant mesures i pràctiques polítiques ja molt allunyades de l’evolució social i econòmica del país, creen les condicions per a un canvi de sistema. Es tracta del període entre 1863 i 1868.

Noves idees filosòfiques i polítiques estan començant a estendre’s pel país, com ara el krausisme, la democràcia, les teories republicanes (federalistes i unitàries) i fins i tot el marxisme i l’anarquisme (les idees que estan gestant-se dintre de la I Internacional). Totes elles comencen a arrelar més o menys en la població gràcies a les noves condicions econòmiques i al desenvolupament tècnic del país: la xarxa de telègrafs i ferrocarrils s’estén pel territori i contribueix a propagar les noves idees que estan desenvolupant-se en l’Europa del moment. El doctrinarisme tal i com està dissenyat en l’etapa isabelina té els seus dies comptats. És veritat que aquestes idees ja existien abans moltes d’elles, però no van arrelar tant. Les noves condicions econòmiques i socials van ser un camp abonat per a elles. A més, la ideologia política dels progressistes, que anteriorment havia sigut el refugi de les classes populars, després de l’assaig del Bienni Progressista, va demostrar que no defenia els interessos de les classes baixes.

Per altra banda, és aquesta una època en què la crisi econòmica contribueix així mateix a desgastar el sistema polític. Una crisi que té diferents variants i nivells. Així, a nivell alimentici es constata una manca d’aliments. La causa d’aquesta manca, que esdevé en crisi de subsistències, és, a més dels problemes estructurals del sistema econòmic espanyol, una política econòmica inadequada. Això s’explica perquè ja que en anys anteriors l’Estat espanyol va decidir exportar aliments, i en un moment de carestia i de baixes collites no va disposar de recursos alimenticis. A Espanya els mitjans de producció eren molt rudimentaris i obsolets, i per tant la productivitat era molt baixa. Per aquest motiu no es va poder afrontar un període de baixes collites, i va aparèixer la fam.

A tot això s’afegeix una important crisi industrial. L’escassa i obsoleta indústria espanyola va caure en una espiral descendent perquè a nivell internacional, arran de la Guerra de Secessió americana, les importacions de cotó van minvar i la indústria cotonera catalana va arruïnar-se. Com a conseqüència, els que van patir els efectes de la crisi van ser els treballadors. Uns obrers que van a poc a poc decantant-se per opcions polítiques més radicals, com ara el republicanisme i el moviment obrer exemplificat, com ja hem esmentat abans, en la I Internacional. També la indústria siderúrgica va patir els efectes de la crisi. La conseqüència social d’aquest conjuntura tan roïna va ser l’empitjorament de la situació laboral i vital dels treballadors, de les classes menys pudents, que comencen a radicalitzar el seu discurs polític.

Altra branca de la crisi que també va incidir en el proletariat va ser la crisi del ferrocarril, tot i la legislació que havia afavorit l’aparició d’una xarxa viària important, que depenia massa del capital estranger. Com a conseqüència de la crisi ferroviària, els productes es van encarir i el consum es va constrènyer. Si a això afegim els efectes de la crisi alimentícia i industrial, tenim un panorama econòmic difícil.

La caiguda i la ruïna d’alguns bancs europeus va contribuir també a la crisi financera del sistema bancari espanyol, de manera que aquest element va coadjuvar a l’empitjorament de la situació econòmica i social.

Per altra banda, com que el sistema impositiu des de la reforma de Mon es basava en els impostos indirectes, en els maleïts consums, que gravaven sobretot el poble ja molt perjudicat per la conjuntura econòmica del moment, el clima social començava a enrarir-se. A més, cal tenir en compte la crisi de l’Erari públic, que no podia recaptar recursos financers d’una població en una situació econòmica penosa. Evidentment no es podia esperar recaptar impostos indirectes basats en el consum si les classes populars perdien el seu treball per la conjuntura econòmica de crisi imperant. I tot això dintre d’un sistema polític que beneficiava massa les classes pudents i perjudicava les classes obreres, en una conjuntura com la descrita no podia sobreviure.

En aquest moment el govern va decidir desamortitzar algunes propietats de la Corona i la reina decidí vendre algunes joies. Per la llei que permetia aquesta venda, la monarquia percebia el 25% del producte, quedant el 75% restant per a l’Estat. Aquesta llei, de 12 de maig de 1865 determinava els bens que eren de la Corona i els que l’Estat podia vendre. Com a resultat, un catedràtic d’Història d’Espanya de la Universitat Central de Madrid, Castelar, va escriure una important sèrie d’articles per tal de denunciar no sols la mesura legislativa, sinó la situació d’un sistema polític caduc i obsolet, a més de repressiu.

El catedràtic defensava que una monarquia (sistema que per cert no criticava encara que va ser el que més endavant redactara el projecte de Constitució federal de la I República), en un país constitucional (línia 1) no havia de viure d’altres ingressos que l’estipendi que les Corts hagueren decidit per a ella. Però a Espanya els mitjans de vida de la Corona incloïen unes territoris massa extensos, com s’especifica en el paràgraf tres, en què enumera les possessions de la monarquia, que estan afectades per la seua lepra cancerosa, i siga, per l’amortització. És aquesta una de les característiques del doctrinarisme, entés no sols com a una ideologia d’un partit concret, sinó com a l’aplicació pràctica d’uns principis que no estan monopolitzats sols pel Partit Moderat.

Per tant, l’autor del text defensa un dels principis econòmics que començaven a estendre’s per la societat espanyola, el lliurecanvisme. Aquest terme, si bé és cert que ja s’havia plantejat com a un dels principis econòmics fonamentals dintre de la revolució liberal, al llarg del domini del Partit Moderat s’havia deixat de banda en recórrer-se a aranzels i en abandonar-se la desamortització. Aquest últim element era un instrument fonamental per tal de dissenyar un sistema econòmic liberal, com ja sabem.

En aquest moment, quan ja les propietats de l’Església havien sigut massivament privatitzades, i les dels municipis estaven venent-se, la desamortització de les propietats de la Corona era altre element important, però no s’havia discutit. Per a Castelar aquest instrument era molt important ja que tenia com a objectiu evitar que la monarquia continuara gaudint d’extensions de terres que podrien privatitzar-se, incloure’s dintre dels circuits comercials, i conrear-se. D’aquesta manera, augmentaria la producció agrícola, la qual cosa era molt important ja que en aquell moment, com ja sabem, estava patint-se una forta manca d’aliments. Però és que a més es donaria treball a camperols que vivien en situació de misèria. Per tant, l’autor defensava l’aplicació d’un principi bàsic de la revolució liberal. En el seu article no estava mostrant una postura republicana, que seria més radical, i que era precisament la seua ideologia. Estava defensant un principi elemental en la construcció d’un estat veritablement liberal, i no com el que estava construint-se a Espanya, que era doctrinari.

L’autor quan critica en el text, com ja hem exposat, la propietat d’extenses propietats per part de la Monarquia, en realitat no està propugnant només un aspecte econòmic, sinó el rerefons ideològic i polític d’aquesta mesura. Està propugnant que les Corts, com a representants legítims de la nació, haurien de ser les que decideixen els mitjans de vida de la Corona (l’estipendi que les Corts li decreten per a sostenir la seua dignitat. Impedint al Rei tenir una existència a banda, una propietat, com a Rei, a banda dels pressupostos generals del país). És a dir, en realitat està defensant la sobirania nacional entesa no sols com a un principi polític abstracte, sinó com a la potestat de la Nació d’utilitzar els seus recursos, que són seus, i no de la Corona. Aquest residu de propietat de la Corona és en realitat una reminiscència de l’Antic Règim, sistema en què la monarquia era la propietària de tots els recursos del territori. Un sistema en què la nació no era tal, sinó un patrimoni de la Corona.

Un altre aspecte que desenvolupa aquest article és l’especificat en l’últim paràgraf, on denuncia que el projecte de llei del Partit Moderat en què especifica que el producte de la venda del patrimoni de la Corona es dividiria en dues parts (el ja citat 25%, que seria per a la reina, i el 75%). En ell conclou que, a banda de ser il·legítim, en realitat contribueix a mantenir el Partit Moderat en el Poder (des de tots els punts de vista un d’aqueixos mànecs de què el partit moderat es val per tal de sostenir-se en un Poder que la voluntat de la nació rebutja; que la consciència de la nació maldiu), ja que, com que segons la Constitució de 1845, vigent fins el 1868, la Corona pot designar i separar lliurement els ministres, els governants, per tal d’assegurar-se que la reina sempre decidira recórrer a ells per a formar l’executiu, havien d’aconseguir la seua confiança. És el que es coneix com a la doble confiança, és a dir, la teòrica necessitat del govern de disposar de la confiança de les Corts i de la Corona per a governar, en un sistema de sobirania compartida. No obstant això, sabem que aquesta doble confiança era més bé una confiança simple, en la Corona, perquè les Corts eren fabricades pel Partit en el govern, i no el govern per les Corts.

De tot el que hem exposat podem deduir que l’objectiu del document no és només la denúncia d’una llei en particular (la de 12 de maig de 1865), sinó la denúncia d’un sistema, el moderat doctrinari, que retalla la llibertat del poble, que trepitja la seua sobirania, i que li condemna a la pobresa i a la misèria.

La conseqüència d’aquest escrit va ser l’intent per part del ministre de Foment, del fet que Castelar fóra separat de la seua càtedra en la Universitat. No obstant, el rector de la mateixa, Montalbán, es va negar. Per aquest motiu va perdre el seu treball i va ser substituït pel marquès de Zafra. Com a resposta, els dies 9 i 10 d’abril de 1865 alguns estudiants i companys de Castelar i de Montalbán es van reunir a la Porta del Sol de Madrid per tal de manifestar-se en contra. El govern va respondre traient la Guàrdia Civil al carrer, i va haver hi un conjunt de morts i de ferits. És el que es coneix com a la Nit de Sant Daniel, que va ser la primera manifestació dels intel·lectuals contra el règim polític. Va ser la primera qüestió universitària. La repressió d’intel·lectuals iniciada aquell 1865 va continuar, i el ministre de Foment anys més tard, el 1867, Orovio, va depurar altres catedràtics universitaris que estaven vinculats amb la ideologia kraussista, demòcrata i republicana. Aquestos intel·lectuals van iniciar el camí de posicionament polític de la intel·lectualitat en les darreries del règim, que va donar suport a plantejaments demòcrates i fins i tot republicans.

Però no sols això, també aquest fet va ser, juntament amb alguns intents de pronunciaments progressistes i demòcrates, l’inici de la formació d’una oposició general al sistema d’Isabel II que va desembocar en la revolució Gloriosa de setembre de 1868. D’aquesta manera, el Pacte d’Ostende (pacte entre els progressistes i els demòcrates per tal d’enderrocar Isabel II) i la Quarterada de Sant Gil a càrrec del general Pierrad, un demòcrata que es va revoltar, van continuar el procés iniciat en la Nit de Sant Daniel i van erosionar un règim ja molt deslegitimat. Aquest i altres fets van acabar de decidir i decantar l’actitud dels demòcrates. A més, les morts de O’Donnell i de Narváez van acabar d’eliminar els últims suports de la monarquia dels Borbons. La revolució acabaria esclatant en setembre de 1868. Isabel II, rere la formació per tot el país de juntes revolucionàries i rere la pèrdua de la Batalla d’Alcolea a mans del sublevats, va haver d’exiliar-se. Era l’oportunitat de la democràcia.

En altre ordre de coses, cal destacar que l’article de Castelar denunciava un fet que estava molt vinculat al caire del règim. D’aquesta forma, la tinença de propietats a banda dels pressupostos de l’Estat, en un sistema de propietat a mig camí entre el liberalisme i l’absolutisme, com ja hem explicat abans, és molt propi de sistemes polítics reaccionaris. No obstant, l’abolició d’aquest tipus de propietat i la definició de la sobirania nacional no sols com a un principi polític abstracte, sinó com a un principi d’ordenament econòmic, es va dur a terme en períodes més oberts. Per aquest motiu, el 19 de desembre de 1869, aprovada la Constitució democràtica de 1869, va aprovar-se una llei que declarava extingit el patrimoni de la Corona i que transferia els seus béns a l’Estat (deixant de banda algunes excepcions, és cert). Aquesta mesura era lògica tenint en compte el nou període, en el qual la sobirania nacional i l’assumpció de les propietats nacionals per part de l’Estat era una constant i una de les bases del sistema.

El 24 de juliol de 1873, ja dintre de l’experiment de la I República, les Corts van aprovar una llei per tal de confiscar tots els béns que quedaren en propietat de la monarquia. Lògica aquesta mesura pel caire republicà del sistema polític imperant en aquella època.

Continuant amb aquesta línia d’argumentació, en tornar al sistema monàrquic amb la Restauració dels Borbons, i amb un sistema, a més, doctrinari, encara que en una versió més perfeccionada i completa, van restituir-se a la Corona els béns no venuts el 14 de gener de 1875. Més endavant, el 26 de juny de 1876 va aprovar-se una llei que disposava que es tornara a constituir el patrimoni dels Borbons.

De tot el que hem exposat, podem afirmar que el document objecte del nostre anàlisi fa referència a la lluita per la sobirania nacional i per la democràcia, en un sistema que mancava d’aquestos principis. D’aquesta manera, les circumstàncies que denuncia es fan vigents en moments en què el sistema polític és més tancat i la sobirania és compartida. Per tant, el plantejament paral·lel a la sobirania compartida a nivell polític, és un sistema que a nivell econòmic i social siga també un sistema a mig camí entre l’Antic Règim i el liberalisme. Així, tornarà a ocórrer, com ja hem vist, al llarg de la Restauració dels Borbons, que comporta també la restauració de la sobirania compartida i del doctrinarisme. No obstant, s’eliminarà quan els principis polítics siguen democràtics, és a dir, al llarg de la monarquia democràica de la Constitució de 1869, i al llarg de la I República, períodes en què la sobirania és realment nacional (i en el cas de la I República, segons el projecte de Constitució de Castelar, precisament, de 1873, fins i tot popular).

Altre element que cal destacar és la reivindicació de la llibertat d’expressió de Castelar, que en el seu diari La Democracia tracta de desenvolupar. Només en els períodes democràtics abans al·ludits podrà materialitzar-se, perquè amb la Restauració dels Borbons tornen els mateixos protagonistes. De fet, de nou el ministre de Foment Orovio va atacar els professors que no apliquen els criteris i els conceptes de la doctrina catòlica en les seues classes, i va provocar així la segona qüestió universitària. A conseqüència d’ella, va crear-se una de les institucions més importants en la vida cultural i política de l’Espanya del segle XX, la Institució Lliure d’Ensenyament, on els criteris i principis kraussistes i democràtics van aplicar-se amb èxit. De fet, els governants i molts dels protagonistes de la II República van ser hereters d’aquesta institució d’ensenyament lliure.

Aquest document, per a concloure, no és sols la denúncia d’una mesura legislativa o l’inici de l’oposició dels intel·lectuals al sistema doctrinari isabelí. Tampoc és només l’inici d’una sèrie de fets que van desembocar uns anys més tard en la Revolució Gloriosa de 1868. Aquest document és la personificació de la llibertat d’impremta i d’expressió, la lluita per la sobirania nacional i pels principis de la democràcia, i l’inici de la presa de postura política dels intel·lectuals que va prolongar-se fins 1931.

Breves notas sobre la Constitución de 1856

2010-11-28T23:39:00.001-08:00

El texto que aparece a continuación es la Constitución que se aprobó en 1856, pero que no se llegó a promulgar, porque el general O’Donnell disolvió las Cortes Constituyentes.
En ella se pueden constatar los principios políticos del progresismo y de la Constitución de 1837, pero más maduros y más adaptados a los nuevos tiempos. De esta forma, la soberanía es nacional, como se observa en el artículo 1, a diferencia del texto de 1837 que simplemente dibujaba este principio en el preámbulo.
Respecto a la configuración de los derechos individuales y las libertades públicas, el texto de 1856 habla de la unidad de fueros e igualdad ante la ley (artículos 5, 6 y 7) pero el listado de derechos es simplemente político, y no social. Así, se vuelve a una libertad de imprenta más amplia, y al juicio por jurados, pero la igualdad ante el impuesto es muy genérica, y no será incompatible con las medidas de Alejandro Mon y de Ramón de Santillán, típicamente doctrinarias.
En cuanto a las relaciones con la Iglesia, el texto de 1856 no se declara católico, lo que supone, por primera vez en el constitucionalismo español, un avance hacia la laicidad. No obstante en ese artículo 14, el Estado se compromete a mantener el culto y el clero, con lo que mantiene una continuidad con la legislación moderada (artículo 11 de la Constitución de 1845 y Ley de mantenimiento de culto y clero de 1845).
En lo tocante a la separación de poderes, asistimos a una diferenciación mucho más clara que en los textos de 1837 y 1845, ya que, si bien es cierto que el legislativo está compartido entre las Cortes y el Rey (artículo 15), el Senado, que existe, está formado por senadores electivos (aunque en condiciones más restrictivas que para la elección de diputados) con lo que la Corona perdía un importante instrumento de control de este poder. además, si bien es cierto que el derecho de veto de la monarquía se mantiene, no es un privilegio exclusivo de la Corona, sino que también disfrutan de él el Congreso y el Senado (artículos 40 y 50).
Otros aspectos típicamente reivindicados por los progresistas también aparecen, como una administración local autónoma como es el caso de una administración provincial enteramente elegida por el pueblo, no como tras los Consejos provinciales moderados, o unos ayuntamientos libres de la legislación de 1840 y de 1845. En esta línea se retoma la Milicia Nacional, con lo que el ideario progresista, con algunas diferencias, vuelve, a nivel político, al poder.

DOCUMENTO 2: LA CONSTITUCIÓN NON NATA DE 1856.
Art.1 Todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo exclusivamente a la Nación el derecho de establecer sus leyes fundamentales. […]
Art.3 Todos los españoles pueden publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes.
No se podrá secuestrar ningún impreso hasta después de haber empezado a circular. La calificación de los delitos de imprenta corresponde a los jurados.
Art.4 Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey, como determinen las leyes.
Art.5 Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.
Art.6 Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.
Para ninguna distinción ni empleo público se requiere la calidad de nobleza.
Art.7 Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Art.8 No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
Los que contravinieran a esta disposición, como autores o cómplices, además de las penas que se les impongan por infracción de la Constitución serán responsables de daños y perjuicios y perderán sus empleos y todos los derechos a ellos anejos.
Art.9 Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspensión temporal en toda la Monarquía, o en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley. […]
Pero ni en una ni en otra ley se podrá en ningún caso autorizar al Gobierno para extrañar del Reino, ni deportar, ni desterrar fuera de la Península a los españoles.
Art.10 Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez o tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban.
Art.11 No se podrá imponer la pena capital por delitos meramente políticos.
Art.12 Tampoco se impondrá por ningún delito la pena de confiscación de bienes.
Art.13 Ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización.
Art. 14 La Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles.
Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión.
Art.15 La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art.16 Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. […]
Art.18 Los senadores son elegidos del mismo modo y por los mismos electores que los diputados de las Cortes. […]
Art.20 Para ser senador se requiere: ser español, mayor de cuarenta años y hallarse en uno de los cuatro casos siguientes:
1º Pagar con dos años de antelación 3.000 reales de contribución directa.
2º Tener 30.000 reales de renta procedentes de bienes propios.
3º Disfrutar 30.000 reales de sueldo de un empleo que no se pueda perder legalmente sin previa formación de causa.
4º Percibir o tener declarado derecho a percibir 30.000 reales anuales por jubilación, retiro o cesantía. […]
Art. 23 Los hijos del Rey y del inmediato sucesor a la Corona son senadores a la edad de veinticinco años. […]
Art.25 […] La elección será directa y por provincias.
Art.26 Para ser diputado se requiere ser español, de estado seglar, haber cumplido veinticinco años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral. […]
Art.37 El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.
Art.38 Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los Diputados; y si en el Senado sufrieren alguna alteración, sin que pueda obtenerse avenencia entre los dos Cuerpos, pasará a la sanción Real lo que aprobase el Congreso definitivamente.
Art.39 Las resoluciones en cada uno de los Cuerpos Colegisladores se toman en pluralidad absoluta de votos; mas para votar definitivamente las leyes, se requiere la presencia de la mitad más uno del número total de los individuos que le componen.
Art.40 Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechase algún proyecto de ley o le negare el Rey la sanción no podrá volverse a proponer otro proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura.
Art.41 Además de la potestad legislativa que ejercen las Cortes con el Rey, les pertenecen las facultades siguientes:
1. Recibir al Rey, al inmediato sucesor de la Corona y a la Regencia o Regente del Reino, el juramento de guardar la Constitución y las leyes.
2. Resolver cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en orden a la sucesión a la Corona.
3. Elegir Regente o Regencia del Reino y nombrar tutor al Rey menor cuando lo previene la Constitución.
4. Hacer efectiva la responsabilidad de los ministros, los cuales serán acusados por el Congreso y juzgados por el Senado. […]
Art.48 La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros.
Art.49. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior conforme a la Constitución y a las leyes.
Art.50. El Rey sanciona y promulga las leyes. […]
Art.52 Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde:
1º Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes. […]
9° Nombrar y separar libremente a los ministros. […]
Art.53 El Rey necesita estar autorizado por una ley especial:
1º Para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio español.
2° Para admitir tropas extranjeras en el Reino. […]
8° Para enajenar en todo o en parte los bienes del patrimonio de la Corona. […]
Art.55 La Reina legítima de las Españas es doña Isabel II de Borbón.
Art.56 La sucesión en el trono de las Españas será según el orden regular de primogenitura y representación, prefiriendo siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea del grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la hembra y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos.
Art.57 Extinguidas las líneas de los descendientes legítimos de doña Isabel II de Borbón, sucederán, por el orden que queda establecido, su hermana y los tíos, hermanos de su padre, así varones como hembras, y sus legítimos descendientes, si no estuvieran excluidos.
Art.59 Cuando reine una hembra, si marido no tendrá parte ninguna en el gobierno del Reino. […]
Art.65 Todo lo que el Rey mandare o dispusiere en el ejercicio de su autoridad será firmado por el Ministro a quien corresponda, y ningún funcionario público dará cumplimiento a lo que carezca de este requisito. […]
Art.67 A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras que las de juzgar y hacer que se juzgado. […]
Art.71 Los jueces son responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan.
Art.72 La justicia se administra en nombre del Rey.
Art.73 Las leyes determinarán la época y el modo en que ha de establecerse el juicio por jurados para toda clase de delitos y cuantas garantías sean eficaces para impedir los atentados contra la seguridad individual de los españoles.
Art.74 En cada provincia habrá una Diputación compuesta del número de individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los diputados a Cortes.
Estas corporaciones entenderán en todos los negocios de interés peculiar de las respectivas provincias y en los municipales que determinen las leyes.
Art.75 Para el gobierno interior de los pueblos no habrá más que Ayuntamientos compuestos de alcaldes o regidores, nombrados unos y otros directa e indirectamente por los vecinos que paguen contribución directa para los gastos generales, provinciales o municipales en la cantidad que, conforme a la escala de población, establezca la ley.
Art.76 La ley determinará la organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos.
Art.77 […] Los individuos de estas Corporaciones y los funcionarios públicos de todas clases que cometan abusos, faltas o delitos en la formación de las listas, o en cualquier otro acto electoral, podrán ser acusados por acción popular, y juzgados sin necesidad de autorización del Gobierno. […][…]
Art.81 No puede el Gobierno, ni las Diputaciones provinciales, ni los Ayuntamientos, ni autoridad alguna, exigir ni cobrar, ni los pueblos están obligados a pagar ninguna contribución ni arbitrio que no esté aprobado por ley expresa.
Los contribuyentes que afronten el todo o parte de sus cuotas ilegalmente exigidas, sin ser apremiados o ejecutados, perderán lo que hubieren entregado, quedando a beneficio del Tesoro público.
Los ministros, corporaciones y funcionarios públicos que a esto faltaren, y los empleados que obedecieren o transmitieren sus órdenes o intervinieren en la exacción de cantidades no aprobadas por las Cortes, perderán sus empleos y todos los derechos a ellos anejos, además de incurrir en las penas que se les impongan como infractores de la Constitución.
Art.82 También se necesítala autorización de una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.
Art.83 La Deuda pública está bajo la salvaguardia de la Nación.
Art.84 Las Cortes fijarán todos los años, a propuesta del Rey, la fuerza militar de mar y tierra.
Las leyes que determinen esta fuerza se votarán antes que la de presupuestos.
Art.85 Habrá en cada provincia Cuerpos de Milicia nacional, cuya organización y servicio se arreglará por una ley El Rey podrá, en caso necesario, disponga de esta fuerza dentro de la respectiva provincia, pero no fuera de ella, sin otorgamiento de las Cortes.
Art.86 Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales. […]

El régimen político de la Constitución de 1837

2010-11-28T23:37:00.000-08:00

I- EL RÉGIMEN POLÍTICO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1837

El progresivo distanciamiento entre los liberales más moderados, en el poder desde 1834, y los liberales más progresistas, que reivindicaban el establecimiento de un sistema plenamente liberal, generó una especie de guerra civil en el bando isabelino. Así, ya desde 1835 se detectan asonadas y levantamientos de carácter progresista. Sin embargo, no sería hasta 1836, cuando se forma el gabinete moderado de Istúriz, cuando unos sargentos, en la Granja de San Ildefonso, aprovechan la estancia allí de la Regente para obligarle a aceptar la Constitución de 1812, y convocar unas Cortes plenamente liberales.

Sin embargo, las Cortes elegidas modificaron hasta tal punto la Constitución de 1812, que acabaron por redactar, aprobar y promulgar una nueva. Pese a su formación predominantemente progresista, el espíritu moderado influyó de tal manera que la legislación subsiguiente recogería, en algunos aspectos, el pensamiento de moderados como Donoso Cortés, el principal teórico del moderantismo español.

Los textos que aquí se presentan son la manifestación de este sistema político, desde que se gesta el cambio y la ruptura con el Estatuto Real, hasta el momento en el que se perfila un progresismo de nuevo cuño, adaptado a la nueva realidad del país, y que, en lo esencial, se separa del tronco del liberalismo gaditano.

El primero de ellos, la proclamación de la Constitución de 1812 en Alicante, muestra las intenciones de los que se sublevaron en 1836 en la citada ciudad, a favor del texto constitucional de 1812, y de toda la legislación que emana de ese espíritu. No obstante, el siguiente documento muestra la opinión de un ilustre liberal, Calatrava, a favor de la reforma del texto gaditano. Pese a esta reforma, se pronuncia a favor de la soberanía nacional. una soberanía, que, sin embargo, pasó a cuestionarse en la nueva Constitución que generaron, la de 1837.

Esta nueva ley fundamental es el siguiente documento. En ella se percibe el intento de preservar la soberanía nacional de Cádiz, pero la no regulación del sufragio universal (que luego se eliminaría en la ley electoral de ese 1837, como se observa en el siguiente texto), la adopción de l veto absoluto y del Senado, así como la reducción de los derechos individuales y libertades públicas, redujeron la implantación de este principio, que, no obstante, aparece explicitado en el preámbulo del texto.

DOCUMENTO 13: PROCLAMACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 EN ALICANTE (AGOSTO DE 1836).

Oficio de la Junta auxiliar y gubernativa de Alicante, al presidente y vocales del Ayuntamiento de Alicante.

La Junta auxiliar y gubernativa formada en esta ciudad en el día de hoy por el voto unánime de la Junta General de Autoridades, SS. Generales, Jefes y Corporaciones de todas clases, reunidos de orden del S. Comandante general d. Gregorio Piquero Argüelles, con motivo de la grave situación del país y ocurrencias del día de ayer, ha acordado entre otras cosas, revalidar al m. Iltre Ayuntamiento actual en el lleno de sus funciones municipales, por hallarse análogas organización y circunstancias a las prevenidas en la Constitución política de la Monarquía española, publicada en Cádiz en 1812.

En la tarde de este día, hora de las cinco y media, se promulgue solemnemente esta, como ley fundamental del estado, en la plaza de Isabel II y forma de costumbre, […].

Que concluido el acto de promulgación, el pueblo y acompañamiento pasen a la Iglesia colegial a cantar un solemne Te Deum e invocar el auxilio de la Divina Providencia a favor de los nobles esfuerzos del pueblo español por la santa causa de la libertad.

De acuerdo con la Junta lo digo a VV.SS. para su gobierno, satisfacción y cumplimiento.

Alicante, 10 agosto 1836. Juan Bta. Lafora (gobernador civil interino).

CASTELLS, Irene; MOLINERA, Antonio (2000). Crisis del Antiguo Régimen y Revolución liberal en España (1789-1845). Barcelona. Ariel. Pp. 156-157

DOCUMENTO 14: DEFENSA DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812, POR CALATRAVA.

Las provincias, en su pronunciamiento, tomaron por bandera la Constitución política de 1812, […] , y reunir alrededor del trono de Isabel a todos los españoles que aman la independencia, la libertad legal y el honor de la nación.[…].

Nadie en España ahora ha aclamado ni aclama la Constitución de 1812, para que vuelva a regir en todas las disposiciones como ley permanente; nadie desconoce la necesidad que hayan de reformarla y acomodarla al estado actual de la nación y de la Europa; y nadie que no dé por sentado que esta reforma deben hacerla legítima y prontamente las Cortes generales del Reino, que van a reunirse el 24 del próximo octubre. Lo que, en realidad, proclaman los españoles al proclamar su Constitución de 1812, es solamente el gran principio que la Francia proclamó también de una manera más explícita al reformar su Carta en 1830, a saber, la soberanía que esencialmente reside en toda Nación para darse las leyes fundamentales que más le convengan…

CASTELLS, Irene; MLINER, Antonio. (2000). Crisis del Antiguo Régimen y Revolución liberal en España (1789-1845). Barcelona. Ariel. Pp. 162-163

DOCUMENTO 7: LA CONSTITUCIÓN DE 1837.

DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española […] que las Cortes generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado lo siguiente: Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución promulgada en Cádiz […] las Cortes generales […] decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía española

Art.2Todos los españoles pueden publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados.

Art.3 Todo español tiene derecho a dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey como determinen las leyes.

Art.4 Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales.

Art.5 Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.

Art.6 Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

Art.7 No puede ser de tenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.

Art.8 Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspensión temporal en toda la monarquía o en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley.

Art.9 Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban.

Art.10 No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización

Art.11 La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles.

Art.12 La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art.13 Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados [...]

Art.15 Los senadores son nombrados por el Rey a propuesta en lista triple, de los electores que en cada provincia nombran los diputados a Cortes [...]

Art.17 Para ser senador se requiere ser español, mayor de cuarenta años y tener los medios de subsistencia y las demás circunstancias que determine la ley electoral [...]

Art.19 Cada vez que se haga elección general de diputados por haber expirado el término de su encargo, o por haber sido disuelto el Congreso, se renovará por orden de antigüedad la tercera parte de los senadores, los cuales podrán ser reelegidos.

Art.20 Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la Corona son senadores a la edad de veinticinco años.

Art.21 Cada provincia nombrará un diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de su población.

Art.22 Los diputados se elegirán por el método directo y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art.23 Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral.[...]

Art.25 Los diputados serán elegidos por tres años.

Art.26 Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los Diputados; pero con la obligación, en este último caso, de convocar otras Cortes y reunirlas dentro de tres meses.[...]

Art.36 El Rey y cada uno de los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.

Art.37 Las leyes sobre contribuciones y crédito público se presentarán primero al Congreso de los Diputados, y si en el Senado sufrieren alguna alteración que aquél no admita después, pasará a la sanción real lo que los diputados aprobaron definitivamente.

Art.39 Si uno de los Cuerpos Colegisladores desechase algún proyecto de ley, o le negare el Rey la sanción, no podrá volverse a proponer un proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura.

Art.40 Además de la potestad legislativa que ejercen las Cortes con el Rey […]

2. Resolver cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en orden a la sucesión de la Corona.

3. Elegir Regente o Regencia del Reino y nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.

4. Hacer efectiva la responsabilidad los ministros, los cuales serán acusados por el Congreso y juzgados por el Senado.

Art.41 Los senadores y los diputados son inviolables por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo. […]

Art.44 La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros.

Art.45 La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.

Art.46 El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art.47 Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde: […]

10. Nombrar y separar libremente los ministros.

Art.48 El Rey necesita estar autorizado por una ley especial: 1. Para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio español. […]

Art.50 La Reina legítima de las Españas es doña Isabel II de Borbón. […]

Art.55 Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el gobierno del Reino. […]

Art.63 A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Art.64 Las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas, y las calidades que han de tener sus individuos.

Art.65 Los juicios en materias criminales serán públicos en la forma que determinen las leyes. […]

Art.69 En cada provincia habrá una Diputación provincial, compuesta del número de individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los diputados a Cortes.

Art.70 Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, a quienes la ley concede este derecho. […]

Art.73 No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribución ni arbitrio que no esté autorizado por la ley de presupuestos u otra especial. […]

Art.77 Habrá en cada provincia cuerpos de milicia nacional, cuya organización y servicio se arreglará por una ley especial; y el Rey podrá en caso necesario disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.

ARTÍCULOS ADICIONALES

Art 1º Las leyes determinarán la época y el modo en que se ha de establecer el Juicio por Jurados para toda clase de delitos.

Art 2º Las provincias de Ultramar gobernadas por leyes especiales.

Conforme a lo dispuesto en esta Constitución me adhiero a ella y la acepto en nombre de mi augusta hija la Reina Doña Isabel II. — MARÍA CRISTINA, Reina Gobernadora.

DOCUMENTO 9: EXTRACTO DE LA LEY ELECTORAL DE 1837

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas, y en su nombre, y durante su minoría de edad, la Reina viuda su madre Doña María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino, […] sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: […]

Art. 1. Todas las provincias de la Península e islas adyacentes nombrarán un diputado por cada 50.000 almas […] y propondrán por cada 85.000 tres candidatos para el Senado. […]

Art. 7. Tendrá derecho a votar en cada elección de Diputados a Cortes de cada provincia todo español de veinticinco años cumplidos y domiciliado en ella, que se halle […] en uno de los cuatro casos siguientes:

1º. Pagar anualmente 200 reales de vellón por lo menos de contribuciones directas […].

2º. Tener una renta líquida anual que no baje de 1.500 reales de vellón […].

Art. 19. Las Diputaciones provinciales procederán a dividir sus respectivas provincias en los distritos electorales que más convenga a la comodidad de los electores […].

Pese a todo lo dicho, como colofón de la selección de textos aquí presentada, se incluye este último documento, que versa sobre la devolución de los bienes nacionales (de lo que se deduce el intento de mantener vivo, al menos en los aspectos económicos, el espíritu de Cádiz y de las desamortizaciones de Mendizábal) que fueron vendidos durante el Trienio, pero repuestos a lo largo de la Década Ominosa.

De todo ello se deduce que el régimen político de 1837, si bien es cierto que a nivel político aumentó el papel de la Corona, difuminó la separación de poderes, y restringió los derechos de los ciudadanos, a nivel económico mantuvo la liberalización de los medios de producción adoptados en las Cortes de Cádiz. Buena muestra de ello fueron las desamortizaciones y desvinculaciones, así como la definitiva abolición de los gremios, que contribuyeron a liberalizar los recursos económicos y las relaciones económicas, en España.

La consecuencia social de este sistema es evidente: la Corona ampliaba su base social, con el apoyo de la burguesía capitalista, y se ahondaba la separación económica entre esta clase social, y los campesinos, que se sumían en una situación de pauperismo que arrastrarían durante todos los regímenes liberales.

DOCUMENTO 17: LEY DE DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL.

Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda Pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellas las ventajas que no podrían conseguirse por entero de su actual estado, o que se demorarían con notable detrimento de la riqueza nacional otro tanto tiempo como se tardara en proceder a su venta […] , en nombre de mi excelsa hija la Reina doña Isabel II he venido en decretar lo siguiente:

Art. 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo […]

Art. 10. El pago del precio del remate se hará de uno de estos dos modos. O en títulos de Deuda consolidada o en dinero en efectivo.

En El Pardo, a 19 de Febrero de 1836.- A don Juan Álvarez y Mendizábal.

GARCÍA ANDREU, Y SANTACREU (2000): Com estudiar la història contemporània d’Espaya. Valencia. La Xara. Pág. 45

DOCUMENTO 6: DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES NACIONALES VENDIDOS EN EL TRIENO.

Real Decreto mandando observar el de las Cortes por el que se devuelven a los compradores los bienes nacionales vendidos desde 1820 a 1823 como se expresa (enero de 1837).

Las Cortes, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado:

1. Todos los bienes nacionales comprados en virtud de la ley y reglamentos hechos en las Cortes del año de mil ochocientos veinte a mil ochocientos veinte y tres, se devuelven a los respectivos compradores, siempre que las compras fuesen hechas con arreglo a aquellas disposiciones, y los compradores hubiesen obtenido carta de pago, o no habiendo podido verificar éste, lo realicen inmediatamente, si quieren usar de éste derecho.

2. Los compradores de bienes nacionales a que se refiere el artículo precedente, hacen suyos los frutos de dichos bienes, desde la fecha del presente decreto. […]

3. Para que los compradores de bienes nacionales que por no haber satisfecho el precio de la venta usen del derecho que se les concede por el artículo primero de este decreto, puedan verificar el pago que en él se previene, el Gobierno de S.M. dispondrá que por las oficinas de la Caja de Amortización se forme en el término de quince días, o antes, si fuese posible, una escala o graduación que exprese la clase de papel corriente en el día con que habrán de cubrirse los pagos que se hubiesen hecho con el que circulaba en aquella época y se admitía para la compra de bienes nacionales; formada esta escala se remitirá a las Cortes para que obtenga su aprobación…

En Palacio, a 25 de enero 1837. –A.D. Juan Álvarez Mendizábal.

CASTELLS, Irene; y MOLINER, Antonio (2000). Crisis del Antiguo Régimen y Revolución liberal en España (1789-1845).Barcelona. Ariel. Pág. 161

El régimen político del Estatuto Real

2010-11-04T01:27:00.000-07:00

I- EL RÉGIMEN DEL ESTATUTO REAL.

El régimen político del Estatuto Real es el primer episodio que, sin solución de continuidad, desemboca en el sistema político doctrinario.

Este sistema político se implantó en el país en 1834, a raíz de las necesidades de la Corona de conseguir apoyos sociales y militares. Recordemos que en 1834 la guerra carlista ya era un conflicto bélico en toda su dimensión, y que militares como el general Llauder, capitán general de Cataluña, o el general Vicente Jenaro de Qusada, capitán general de Castilla la Vieja, se habían quejado del excesivo inmovilismo del gobierno de Cea Bermúdez, gabinete formado por ilustrados que provenían del reinado de Fernando VII.

Como ya hemos comentado, la Reina Gobernadora necesitaba el apoyo de los grandes propietarios y comerciantes, y de muchos ilustrados. Por ello, era necesario un cambio político, pero controlado y desde arriba. Había que conservar, por encima de todo, el trono de Isabel II. De esta manera, se inició un sistema caracterizado por un reformismo administrativo y económico, con ciertas dosis de aperturismo político, y que contó con el concurso y la ayuda de los liberales moderados que se habían exiliado durante el último período fernandino.

A nivel económico, por tanto, loa Corona emitió ciertos decretos liberalizadores, como la eliminación de los privilegios, fueros y monopolios que ejercían los gremios. No se abolían, pero sí su esencia tradicional. Sin embargo, estas medidas no satisficieron a todos, y algunos exigieron, en ese mismo 1834, la abolición definitiva, lo cual no ocurrió. Esta abolición definitiva tuvo lugar, por fin, en 1836, con la revolución auténticamente liberal de ese año.

Otros instrumentos económicos del régimen del Estatuto Real fueron la libertad de comercio e industria, y de trabajo, así como de movilidad de trabajadores por todo el territorio, así como decretos de libertad de comercio y de fin de privilegios de la ganadería. Todas ellas medidas que contenían ciertas dosis de liberalismo, pero no era un liberalismo total. Eso, sí, estas medidas, junto con la anterior, implicaban el fin de las trabas económicas del Antiguo Régimen, aunque en actividades económicas relativamente reducidas a los núcleos urbanos, por lo que la esencia de la estructura económica, el campo y sus relaciones jurídicas y económicas, continuaba indemne.

La consecuencia de todas ellas fue el apoyo progresivo de las elites económicas del país: los grandes propietarios, los comerciantes de entidad, los grandes productores…mientras que los campesinos, menestrales y artesanos, quedaban fuera de estos beneficios y sufrían las consecuencias de la liberalización del mercado y de las actividades industriales.

Estas clases sociales consiguieron su mayor victoria con la pieza fundamental del sistema, el Estatuto Real. Es éste un texto en el que se observa, en su artículo 1, que la Corona convoca Cortes en virtud de la tradición jurídica española, es decir, las Partidas y la Nueva Recopilación (Con arreglo a lo que previenen la ley 5.a, título 15, partida 2.a, y las leyes 1.ª y 2.ª, título 7.°, libro 6.° de la Nueva Recopilación[…]). Por ello, es la Historia, y no la soberanía nacional, quienes determinan el origen del poder. Se trata de una clara referencia a las ideas de Jovellanos y de la soberanía compartida, al menos.

En este línea, el artículo 33 hace referencia a un derecho de veto en el que no se observan limitaciones de ninguna clase. Además, la Corona dispone del poder ejecutivo (artículo 24), y de una función muy importante en el legislativo, ya que sólo la Corona puede convocar, disolver y suspender las Corte4es (artículo 38).

Respecto a la estructura de estas Cortes, se trata de un parlamento bicameral, en el que los Próceres o cámara alta, está formada por un número ilimitado de nobles, eclesiásticos y propietarios (en línea con los textos económicos antes comentados). Muchos de ellos son hereditarios (artículo 6) o nombrados por el rey (7).

En esta línea, debemos hacer notar que las Cortes sólo pueden discutir sobre un tema en virtud de un decreto de la Corona, que para legislar deben contar con la aprobación y con la sanción del Rey, que no disponen de iniciativa legislativa porque no pueden aprobar leyes, pero sí dirigir peticiones al Rey… y que la cámara baja está formada por los Procuradores, que son elegidos por una parte muy restringida de la población.

Como consecuencia, la influencia de la Corona sobre este poder es más que considerable, y, al no existir referencia alguna al tipo de soberanía, deducimos que se trata de soberanía real, por lo que el texto es una concesión de dicha soberanía. Así, se trata de una Carta Otorgada, en un sistema muy doctrinario, en línea con los textos franceses de 1814 (Carta Otorgada) y 1830, o el belga de 1831, o el sistema británico del período…

Así, nos encontramos con un régimen político que algunos autores han considerado como de un liberalismo muy limitado, y otros como una tercera vía entre el liberalismo (en cualquiera de sus variantes) y el absolutismo.

Los textos que aquí se presentan son un fiel exponente de este sistema. El último de ellos, en realidad, muestra las carencias políticas del sistema, ya que pide todos aquellos derechos individuales y políticos (libertad de imprenta, inviolabilidad del domicilio, etc.) que no aparecen en el texto constitucional de 1834.

Este documento, que apareció en El Eco del Comercio, publicación periódica en la que expresaban sus ideas futuros miembros de progresismo, como Joaquín María López, solicita la inclusión y el respeto de unos derechos que sí aparecían en la Constitución de 1812. No se atendió esta petición, y buena prueba de ello fueron las algaradas y las juntas que se formaron en 1835, así como la quema de algunos conventos, sospechosos de connivencia con los carlistas. Un año más tarde, en 1836, estas algaradas cristalizaron en el Motín de los sargentos de La Granja, que condujo a la jura, por parte de la Regente, del texto de 1812, y así la certificación del final de este régimen, y su sustitución por otro más liberal, pese a que los principios de Cádiz se matizaran sobremanera.

DOCUMENTO 1: EL ESTATUTO REAL.

Art.1 Con arreglo a lo que previenen la ley 5.a, título 15, partida 2.a, y las leyes 1.ª y 2.ª, título 7.°, libro 6.° de la Nueva Recopilación, Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija doña Isabel II, ha resuelto convocar las Cortes generales del Reino.

Art.2 Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino.

Art.3 El Estamento de Próceres del Reino se compondrá:

1. De muy reverendos arzobispos y dos obispos.

2. De Grandes de España.

3. De títulos de Castilla.

4. De un número indeterminado de españoles elevados en dignidad e ilustres por sus servicios en las varias carreras, y que sean o hayan sido secretarios del Despacho, procuradores del Reino, consejeros de Estado, embajadores o ministros plenipotenciarios, generales de mar o de ministros de los Tribunales Supremos.

5. De los propietarios territoriales o de fábricas, manufacturas o estamos mercantiles que reúnan a su mérito personal y a sus circunstancias relevantes el poseer una renta anual de sesenta mil reales, y el haber sido anteriormente procuradores del Reino.

6. De los que en la enseñanza pública o cultivando las ciencias o las letras hayan adquirido gran renombre y celebridad, con tal que disfruten una renta anual de sesenta mil reales ya provenga de bienes propios ya de sueldo cobrado del Erario.

Art.4 Bastará ser Arzobispo u Obispo electo o auxiliar para poder ser elegido, en clase de tal, y tomar asiento en el estamento de Próceres del Reino.

Art.5 Todos los Grandes de España son miembros natos del Estamento de Próceres del Reino; y tomarán asiento en él, con tal que reúnan las condiciones siguientes:

1 .a Tener veinticinco años cumplidos.

2. a Estar en posesión de la Grandeza y tenerla por derecho propio.

3. a Acreditar que disfrutan una renta anual de doscientos mil reales.

4. a No tener sujetos los bienes a ningún género de intervención.

5. a No hallarse procesados criminalmente.

6. a No ser súbditos de otra potencia.

Art.6 La dignidad de Prócer del Reino es hereditaria en los Grandes de España.

Art.7 El Rey elige y nombra los demás próceres del Reino cuya dignidad es vitalicia.

Art.8 Los títulos de Castilla que fueran nombrados próceres del Reino deberán justificar que reúnen las condiciones siguientes:

1. a Ser mayores de veinticinco años.

2. a Estar en posesión de Título de Castilla, y tenerlo por derecho propio.

3. a Disfrutar una renta anual de ochenta mil reales.

4. a No tener sujetos a ningún género de intervención.

5. a No hallarse procesados criminalmente.

6. a No ser súbditos de otra potencia.

Art.9 El número de próceres del Reino es ilimitado.

Art.10 La dignidad de Prócer del Reino se pierde únicamente por incapacidad legal, en virtud de sentencia por la que se haya impuesto pena infamatoria.

Art.11 El reglamento determinará todo lo concerniente al régimen interior y al modo de deliberar del Estamento de los Próceres del Reino.

Art.12 El Rey elegirá de entre los Próceres del Reino, cada vez que se congreguen las Cortes, a los que hayan de ejercer durante aquella reunión de Presidente y Vicepresidente de dicho estamento.

Art.13 El Estamento de Procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren con arreglo a la ley de elecciones.

Art.14 Para ser Procurador del Reino se requiere:

1. Ser natural de estos Reinos o hijo de padres españoles.

2. Tener treinta años cumplidos.

3. Estar en posesión de una renta propia anual de doce mil reales.

4. Haber nacido en la provincia que le nombre, o haber residido en ella durante los dos últimos años, o poseer en ella algún predio rústico o urbano, o capital de censo que reditúen la mitad de la renta necesaria para ser Procurador del Reino.

En el caso de que un mismo individuo haya sido elegido procurador a Cortes por más de una provincia tendrá el derecho de optar entre las que le hubieren nombrado.

Art.15 No podrán ser procuradores del Reino: […]

4. Los negociantes que estén declarados en quiebra o que hayan suspendido sus pagos.

5. Los propietarios que tengan intervenidos sus bienes.

6. Los deudores a los fondos públicos en calidad de segundos contribuyentes.

Art.17 La duración de los poderes de los procuradores del Reino será de tres años […]

Art.24 Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes.

Presidente del Consejo de Ministros.

Art.30 Con arreglo a la ley 2.a, título 7º, libro 6º, de la Nueva Recopilación, se convocarán las Cortes del Reino cuando ocurra algún negocio arduo, cuya gravedad, a juicio del Rey, exija consultarlas.

Art.31 Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un Decreto Real.

Art.32 Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercitado las Cortes de elevar peticiones al Rey, haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el reglamento.

Art.33 Para la formación de las leyes se requiere la aprobación de uno y otro Estamento y la sanción del Rey.

Art.34 Con arreglo a la ley 1ª, título 7°, libro 6º, de la Nueva Recopilación, no se exigirán tributos ni contribuciones, de ninguna clase, sin que a propuesta del Rey los hayan votado las Cortes.

Art.36 Antes de votar las Cortes las contribuciones que hayan de imponerse, se les presentará por los respectivos secretarios del Despacho una exposición en que se manifieste el estado que tengan los varios ramos de la Administración pública, debiendo después el Ministro de Hacienda presentar a las Cortes el presupuesto de gastos y de los medios de satisfacerlos.

Art.37 El Rey suspenderá las Cortes en virtud de un decreto refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros; y en cuanto se lea aquél se separarán uno y otro Estamento, sin poder volver a reunirse ni tomar ninguna deliberación ni acuerdo.

Art.38 En el caso que el Rey suspendiere las Cortes, no volverán éstas a reunirse sino en virtud de una nueva convocatoria.

En Aranjuez, a 10 de abril de 1834. A don Francisco Martínez de la Rosa, Presidente del Consejo de Ministros.

DOCUMENTO 30: LIBERTAD DE INDUSTRIA: R.D. DE 20 DE ENERO DE 1834.

Deseando remover cuantos obstáculos se opusieron hasta ahora al fomento y prosperidad de las diferentes industrias, convencida de que las reglas contenidas en los estatutos y ordenanzas que dirigen las asociaciones gremiales, formadas para protegerlas, han servido tal vez para acelerar su decadencia; […] he tenido á bien […] resolver, en nombre de mi amada Hija Doña Isabel II, que todas las ordenanzas, estatutos o reglamentos peculiares á cada ramo de industria fabril que rigen hoy, ó que se formen en lo sucesivo, hayan de arreglarse para que merezcan la Real aprobación a las bases siguientes:

1ª Las asociaciones gremiales, cualquiera que fuera su denominación o so objeto, no gozan de fuero privilegiado, y dependen exclusivamente de la autoridad municipal de cada pueblo. […]

3ª No podrán formarse asociaciones gremiales destinadas a monopolizar el trabajo en favor de determinado número de individuos.

4ª Tampoco pueden formarse gremios que vinculen a un determinado número de personas el tráfico de confites, bollos, bebidas, frutas, verduras ni el de ningún otro artículo de comer y beber. Exceptúanse de esta disposición los panaderos, visto que no pueden ejercer esta industria en cuanto posean un capital, que la autoridad municipal determine en cada pueblo para no temer en caso alguno falta de pan.

5ª Ninguna ordenanza gremial será aprobada si contiene disposiciones contrarias a la libertad de la fabricación, a la de la circulación interior de los géneros y frutos del reino, o a la concurrencia indebida del trabajo y de los capitales. […]

7ª El que se halle incorporado en un gremio podrá trasladar su industria a cualquier punto del reino que le acomode, sin otra formalidad que la de hacerse inscribir en el gremio del pueblo de su nueva residencia.

8ª Todo individuo puede ejercer simultáneamente cuantas industrias posea, sin otra obligación que la de inscribirse en los gremios respectivos a ellas.

9ª Toda ordenanza gremial […] habrá de conformarse a las reglas anteriores, y ninguna podrá ponerse en ejecución sin la Real aprobación. […] En Palacio a 20 de Enero de 1834.= A. D. Javier de Burgos.

FUENTE: GÓMEZ URDÁNEZ, TUÑÓN DE LARA, MAINER, GARCÍA DELGADO (1985) Textos y documentos de historia moderna y contemporánea (siglos XVIII-XX). Madrid. Labor. Págs. 175-176 (Adaptado).

DOCUMENTO 7: PETICIÓN PARA QUE SE FIJASEN LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS ESPAÑOLES agosto 1834

Art. 1. La libertad individual es protegida y garantizada: por consecuencia ningún español puede ser obligado a hacer lo que la ley no ordena.

Art. 2. Todos los españoles pueden publicar sus pensamientos por la imprenta sin previa censura; pero con sujección a las leyes que reprimen los abusos.

Art. 3. Ningún español puede ser perseguido, preso, arrestado, ni separado de su dominio sino en los casos previstos por la ley y en la forma que ella prescriba.

Art. 4. La ley no tiene efecto retroactivo; y ningún español será juzgado por comisiones, sino por los tribunales establecidos por ella antes de la perpetración del delito.

Art. 5. La casa de todos los españoles es un asilo que no puede ser allanado sino en los casos y forma que ordene la ley.

Art. 6. La ley es igual para todos los españoles; por lo mismo ella protege, premia y castiga igualmente.

Art. 7. Todos los españoles son igualmente admisibles a los empleos civiles y militares, sin más distinción que la capacidad y el mérito.

Art. 8. Todos los españoles tienen igual obligación de pagar contribuciones votadas libremente por las Cortes en proporción a sus haberes.

Art. 9. La propiedad es inviolable y se prohíbe la confiscación de bienes.

Art. 10. La autoridad o funcionario público que atacase la liberad individual, la seguridad personal o la propiedad comete un crimen, y es responsable con arreglo a las leyes.

Art. 11. Los secretarios del Despacho son responsables por las infracciones de las leyes fundamentales, por los delitos de traición y concusión, y por los atentados contra la libertad individual, seguridad personal y derecho de propiedad.

Art. 12. La Milicia Urbana se organizará en toda la nación en conformidad de los reglamentos y ordenanzas que discutie4ron y aprobaron las Cortes.

Eco del Comercio, 4 de agosto de 1834, núm. 95

FUENTE: MOLINER PRADA, Antonio (1988). Joaquín María López y el partido progresista. 1834-1843. Alicante, Instituto Joan Gil-Albert p. 130

Sobre el reinado de Fernando VII

2010-10-29T03:31:00.000-07:00

Acabo de encontrar un blog de Historia que me gusta mucho. Os recomiendo que lo visitéis, porque tiene cosillas interesantes sobre el reinado de Fernado VII, que es lo que estamos viendo. Aquí os ubico el enlace.

Sobre la Década Ominosa

2010-10-28T03:03:00.000-07:00

Ejemplos de lo acontecido en la Década Ominosa son los textos que a continuación presento y sobre los que ofrezco algunas notas aclaratorias.

Los documentos que a continuación se presentan, muestran, por un lado, la represión a que se dedicó la Corona durante el último período del reinado de Fernando VII, y, por otro, el inicio de un partido, si se quiere, carlista.

En realidad, el contenido del primero de los textos, es un anticipo del contenido del segundo. Recuérdese que, para la represión de liberales, Fernando VII no repone la Inquisición, sino crea las llamadas Juntas de purificación, ejemplo de lo cual es el documento 30.

Como consecuencia, se empieza a dibujar un cierto partido carlista, en torno a don Carlos, por los disconformes con la política del monarca, tendente a no restaurar el Antiguo Régimen, tal y como se había conocido hasta ese momento. De ahí que se publique el Manifiesto de los realistas puros, personas que se consideran a sí mismos, realistas auténticos, y por ello disgustados por la política relativamente reformista (por las exacciones extraordinarias que se plantean sobre el clero, por la no restauración de la Inquisición, por la represión de aquellos que, como el mariscal Bessières, consideraban que no estaba cumpliendo con los que habían conspirado contra los liberales del Trienio…).

El primer documento, por tanto, es un ejemplo de la represión que acometió Fernando VII tras la reasunción de la soberanía real, gracias a la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. De esta manera, como especifica en los artículos 1, 2 y 3, se depurará a todos aquellos sospechosos de ser liberales, y se examinará a los funcionarios públicos para deducir qué ideas políticas tienen. Para ello, se servirá, como dice el artículo 5, de los informes que sean recabados por los ciudadanos más notables de cada municipio.

La consecuencia de la promulgación de un texto de esta naturaleza fue la represión y la purga de liberales hasta extremos insospechados. No obstante, no todos los partidarios del Antiguo Régimen quedaron satisfechos con la política represiva fernandina. La no reposición de la Inquisición, y el intento de desarmar a los Voluntarios Realista (en muchas ocasiones bandas de analfabetos exaltados que nombraban a sus propios oficiales, y que exigían su independencia), sumado a nuevos impuestos, que en ocasiones debían pagar también los eclesiásticos, quienes, además, se veían postergados de los cargos de decisión política, hizo que se viniese gestando una especia de oposición ultra.

Esta oposición se materializa en el documento siguiente, el Manifiesto de los Realistas Puros, grupo opositor que se prefiguró como un antecedente del carlismo, como ya hemos comentado. En este texto, los firmantes se declaran fieles defensores del Trono y de la Iglesia, pero tal y como estaban diseñados por el Antiguo Régimen más rancio, no como lo ha restaurado Fernando VIII. Este monarca se planteó algunas reformas, y trató de, en lo posible, racionalizar el Antiguo Régimen, dentro de una línea reformista que algunos historiadores como Ángel Bahamonde han calificado como de tercera vía. La asunción de estas medidas reformistas, sumado a una ejecución en exceso autoritaria de las mismas, más la represión de los movimientos ultra-reaccionarios, hizo que éstos tomaran cuerpo y que se posicionaran claramente a favor de su hermano don Carlos.

DOCUMENTO 31: EL SISTEMA DE PURIFICACIONES 27 de junio de 1823
Art. 1. Cesarán inmediatamente todos los empleos civiles que no lo hayan sido por el Rey nuestro Señor antes del atentado cometido en 7 de marzo de 1820, quedando también sin efecto los honores conseguidos desde aquella fecha, cualquiera que sea su consideración.
Art. 2. Serán repuestos todos los empleados por S.M. antes del citad día, que hayan sido separados por desafectos al llamado sistema constitucional y conservado su buena opinión.
Art. 3. Se declaran que no han perdido ésta los dichos empleados que después de haber sido separados de sus destinos no consta hayan coadyuvado a las miras del gobierno revolucionario con sus escritos, hachos positivos o proclamación de sus máximas.
Art. 4. Quedarán sujetos a la purificación de su conducta política, a efectos de continuar o ser repuestos, los empleados nombrados por S.M. antes del 7 de marzo de 1820 que al restablecimiento del sistema constitucional no quedaron separados de sus destinos, los que desde esta época han obtenido ascenso de escala o extraordinarios o variando de destino.
Art. 5. Para esta purificación se tendrán por suficientes los informes reservados de su conducta política y calificación de la opinión pública que hayan gozado los pueblos de sus respectivos destinos, tomándose a lo menos tres personas y éstas bien marcadas por su adhesión a la sagrada persona de S.M. y al gobierno real y exigiéndose individuales, positivos y precisos, sin que sirvan los genéricos y meramente negativos y sin admitir las justificaciones voluntarias de testigos presentados por los interesados.
Gaceta de Madrid, 15 de abril de 1824.
CASTELLS, Irene; MOLINER, Antonio. (2000). Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845). Barcelona. Ariel. Pág. 113-114

Estos dos textos inician el alineamiento, en torno a don Carlos, de aquellos ultra-realistas que se mostraban insatisfechos por la política excesivamente concesiva del monarca para con personas sospechosas de liberalismo (que, en realidad, eran simples reformistas de tradición ilustrada, como Cea Bermúdez o Javier de Burgos o, quizás, liberales muy moderados). Los antecedentes se podrían rastrear ya desde la Restauración, con conspiraciones de aquellos voluntarios realistas que no vieron satisfechos sus deseos de promoción dentro del ejército, o de aquellos eclesiásticos escandalizados por la política impositiva del rey.

La plasmación práctica de este partido, es decir, el momento en el que empezó a dar la cara, podría ser durante los sucesos de la Granja, donde tuvo lugar la famosa bofetada de la hermana de la reina a Calomarde, el entonces posible líder de los ultra-realistas de la Corte.

DOCUMENTO 32: LA FEDERACIÓN DE LOS REALISTAS PUROS.
Españoles: [...] La mano tiembla al estampar sobre el papel el sinnúmero de horrores que se han seguido a este memorable libertamiento de la segunda cautividad de nuestro Rey. En vez de una justa consideración a los anteriores sufrimientos de esta nación magnánima y generosa, se ha entronizado una nueva especie de arbitrariedad que es mucho más intolerable que la tiranía. Los castigos han ocupado el lugar de las recompensas y la emigración al extranjero se ha hecho ya necesidad entre todas clases, siendo el común azote de todos los partidos. Nuevas exacciones han sido requeridas de los maltratados pueblos; repetidos sacrificios se han exigido como de por fuerza al estado eclesiástico, ya para mejorar la escuadra, ya para las expediciones militares contra la insurgente América [...]. ¿Para qué tantas pruebas heroicas de nuestra lealtad y de nuestro patriotismo? Para dejarnos reducidos a la nulidad vergonzosa en que nos hallamos […]
Todo es verdad, […] pero ¿qué pudierais esperar de un Rey que mientras lavabais con vuestra sangre las manchas que él dejara sobre el trono, mientras agotabais vuestros recursos en sostén de la santa causa que él mismo no osara defender, al mismo tiempo que oponíais el escudo diamantino de vuestros ideales pechos contra el torrente impetuoso de la revolución y del jacobinismo, y por último, cuando la emulación de la más acrisolada fidelidad produjera entre nosotros rasgos sublimes de virtud, entonces ese desagradecido Monarca, apático e insensible a nuestros sacrificios y sin dolerse de ellos, pasaba sus horas alegremente jugando a la cometa desde las azoteas de Cádiz? ¿Qué pudierais prometeros de un Príncipe, cuya debilidad, plegándose a las insinuaciones del último que le habla, no ha hecho escrúpulos de firmar a un tiempo o el destierro o el patíbulo de sus mejores amigos? [...].Sabed […] que el resultado de todo cuanto hemos hecho ha sido el de colocarnos, según dejemos referido, en unan condición mucho más espinosa que aquella en que nos vimos antes del pronunciamiento de la revolución [...].
He aquí el fundamento sobre el cual levantamos la voz a la faz de la nación y de la Europa, proclamando nuestro honor, nuestra religión y nuestra independencia. De aquí deducimos la absoluta necesidad de un simultáneo pronunciamiento que, reuniendo a la mayoría del pueblo español, concentre en un objeto único la concurrencia general de todos nuestros esfuerzos. […] la santa empresa a la cual os convidamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y de Pedro y Pablo, sus apóstoles, nuestro plan [es] salvar de un golpe la Religión, la Iglesia, el Trono y el Estado.
Para esto se necesita que ante todas las cosas deroguemos del trono al estúpido y criminal Fernando de Borbón, instrumento y origen de todas nuestras adversidades, y esta medida, por violenta que parezca, es absolutamente necesaria, pues está escrito que salus populi suprema lex est [...]. Pongamos en sus divinas manos los destinos futuros de nuestra amada patria con la zozobrante nave de la Iglesia y juremos como cristianos triunfar o morir en esta santa causa. Finalmente, españoles, proclamaremos como jefe de ella a la Augusta Majestad del Sr. D. Carlos V, porque las virtudes de este príncipe excelso, su conocido carácter y magnanimidad, y su firme adhesión al clero y a la Iglesia, son otras tantas garantías que ofrecen a la España bajo el suave yugo de su paternal dominación, un reinado de piedad, de prosperidad y de ventura.
He aquí lo que deseamos en Jesucristo. Nos, los miembros de esta Católica Federación con el favor del cielo y la bendición eterna. Amén.
Madrid, a 1 de noviembre de 1826.- (Adaptado)

DOCUMENTO 33: CAUSAS DE LA GUERRA DE LOS AGRAVIADOS.
Te equivocas grandemente al suponer que tendremos paz (le decía la religiosa al joven Tilín). No, hijo mío; guerra y guerra muy empeñada y tremenda no aguarda. Todo está por hacer: con la derrota de los liberales no se ha conseguido casi nada; todo está, pues, del mismo modo; la Religión por los suelos, la Inquisición por restablecer, los conventos sin rentas, los prelados sin autoridad. Ya no tenemos aquellos gloriosísimos días en que los confesores de los reyes gobernaban a las naciones; se publican libros que no son de Religión, o le son contrarios; en pocas materias se consulta al clero, y muchas, muchísimas cosas se hacen sin consultar con él para nada. ¡Qué vergüenza! Es verdad que no hay Cortes; pero hay Consejos y ministros que son todos seglares y carecen de la divina luz del Espíritu Santo. No gobiernan los liberales, es verdad, pero ello es que sin saber cómo, gobierna algo de su espíritu, y las sectas, las infames sectas masónicas no han sido destruidas. El ejército, que se compone absolutamente de masones, no ha sido disuelto y desbaratado, y en cambio están sin organizar los voluntarios realistas. Mil novedades execrables han subsistido después de aquella horrorosa tormenta, y en cambio no funcionan ya las comisiones de purificación que habían comenzado a limpiar el reino. […]
¡Cuánta ignominia! Es verdad que se han concedido mercedes al clero, pero los primeros puestos los han atrapado los jansenistas, y están en la oscuridad hombres que pelearon con la lengua y con la espada, en el púlpito y en los campos de batalla. Andan sueltos muchos, muchísimos que fueron milicianos nacionales y asesinos de frailes y monjas, y la masonería se extiende hasta el mismísimo trono, hasta el mismo trono, Tilín.
FUENTE: PÉREZ GALDÓS, Benito (1878). Un voluntario realista. En CANAL, Jordi. (1999) El carlismo. Madrid: Alianza. Págs. 44-45.

Ejemplos de la legislación liberal en el Trienio

2010-10-27T08:51:00.001-07:00

Los siguientes textos son ejemplos de las medidas de los liberales, concretamente de los liberales moderados, que ya se empiezan a perfilar, en lo referente a la economía y la sociedad. Ambos plantean, a nivel general, aspectos fundamentales que se desprenden de la Constitución de 1812, ahora repuesta, y del espíritu del resto de la legislación complementaria (abolición de señoríos, desamortización, desvinculaciones, abolición de gremios, decretos de libertad de comercio…). Son, por tanto, piezas básicas en el edificio liberal que se está construyendo.

Para ello, es fundamental el desmonte de la estructura jurídica del Antiguo Régimen que se repone en 1814, en virtud de un proceso político y jurídico iniciado con el Decreto de Valencia de mayo de 1814. En este sentido, la libertad económica y la limitación del poder político y económico de la Iglesia se revelan como piezas fundamentales.

El primer texto nos dice que las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente (líneas 1 y 2). Evidentemente, esto implica que las Cortes, que ya han sido convocadas, tras la actuación de la Junta Provisional, deciden hacer uso de la soberanía de que disponen. Así, aunque su formación sea eminentemente moderada (ya se estaba empezando a dibujar la diferenciación entre liberales moderados y exaltados, que con Isabel II cristalizaría en dos partidos políticos diferenciados) deciden reimplantar la legislación y los principios inspiradores del liberalismo gaditano.

En este texto, en concreto, las Cortes suprimen los beneficios eclesiásticos. Con ello, reducen enormemente la preponderancia económica que la Iglesia disfrutaba en el Antiguo Régimen (con las salvedades de todos conocidas de desamortización con los Habsburgo, con Carlos III, con Godoy…) y se permitía tan sólo el disfrute de los bienes necesarios para la supervivencia.

Además, estos bienes se destinaban a sufragar el crédito público, como se especifica en el artículo 24. Es parte, esta medida, de un paquete de decisiones que tienen como objetivo satisfacer las deudas que tenía contraídas el Estado, y que se arrastraban desde la centuria anterior. Deudas que se agravaron con la Guerra de la Independencia, y con la pérdida del imperio de Ultramar. Por ello, esta pieza es una más del engranaje diseñado ya desde el período de Godoy, con la desamortización de 1798, y que continuó con la de 1813, ya más general y masiva.

La consecuencias lógicas de este texto son varias: a nivel político, las Cortes hacen efectiva la soberanía de que disponen. A nivel económico, se trata de enjugar el crédito público, y de poner en circulación bienes que antes no lo estaban. A nivel social, se trata de eliminar los privilegios económicos de la Iglesia, haciendo efectiva la legendaria aspiración de los ilustrados más radicales del siglo XVIII. Incluso se podría interpretar que esta medida se incluye dentro del regalismo propio de los liberales, pese a la existencia del artículo 12 de la Constitución de Cádiz.

El segundo documento, por su parte, es la supresión de las vinculaciones de bienes a una familia. Lo que desde las leyes de Toro de 1505 se conocía como mayorazgos.

Para ello, Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente: es decir, los diputados, haciendo uso de la soberanía que en ellos ha delegado el pueblo, decide deshacer los vínculos que existían entre los lotes de tierras, y las familias que los detentaban, convirtiendo estos bienes en libres y sujetos a las leyes del marcado.

Como consecuencia, este decreto venía a sancionar la individualización en la propiedad de las tierras, frente al concepto colectivo de propiedad propio del Antiguo Régimen. Además, ponía en circulación mercantil bienes que estaban, hasta ese momento, apartados de las leyes del mercado.

Son todos ellos conceptos propios del nuevo sistema, del liberalismo, visto desde los ángulos político, social, económico, e incluso de las mentalidades. Por ello, estos dos textos son piezas básicas que contribuyeron a desmontar el Antiguo Régimen, y dos instrumentos dentro de este primer intento de ensayar un sistema liberal en España.

Como sabemos, este intento no cuajó. Los hechos acaecidos en 1823 frustraron esta segunda experiencia liberal, tras la de 1810-1814. Hasta mucho más tarde no se volvería a ensayar, y siempre a causa de unas circunstancias bélicas.

DOCUMENTO 22: SUPRESIÓN DE MONACALES Y REFORMA DE REGULARES.
Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente:
I. Se suprimen todos los monasterios de las órdenes monacales…
III. Los beneficios unidos a los monasterios y conventos que se suprimen por esta ley quedan restituidos a su primitiva libertad y provisión real y ordinaria, respectivamente…
XXIII. Todos los bienes muebles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se suprimen ahora, o que se supriman en lo sucesivo… quedan aplicados al crédito público, pero sujetos como hasta aquí a las cargas de la justicia que tengan, así civiles como eclesiásticas.
XXIV. Si alguna de las comunidades religiosas de ambos sexos que deben subsistir resultase tener rentas superiores a las precisas para su decente subsistencia y demás atenciones de su instituto, se aplicarán al crédito público todos sus sobrantes.
XXVII. Los jefes políticos custodiarán todos los archivos, cuadros, libros y efectos de biblioteca de los conventos suprimidos, y tramitarán inventarios al Gobierno, quien pasará los originales a las Cortes para que éstas destinen a su biblioteca lo que tengan por conducente, según el reglamento aprobado por las ordinarias.
CASTELLS, Irene; MOLINER, Antonio. (2000). Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845). Barcelona. Ariel. Págs. 103-104

DOCUMENTO 23: SUPRESIÓN DE TODA ESPECIE DE VINCULACIONES. Decreto de 27 de septiembre de 1820.
Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente:
II. Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualesquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, mueble, semovientes, censos, juros, foros, o de cualquier otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres.
III. Los poseedores actuales de las vinculaciones suprimidas en el artículo anterior podrán desde luego disponer libremente como propios la mitad de los bienes en que aquéllas consistieran, y después de su muerte pasará la otra mitad al que debía suceder inmediatamente en el mayorazgo, si subsistiese, para que pueda también disponer de ella libremente como dueño. Esta mitad que se reserva al sucesor inmediato no será nunca responsable a las deudas contraídas o que se posean por el poseedor actual.
IV. Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el artículo precedente, siempre que el poseedor actual quiera enajenar el todo o parte de su mitad de bienes vinculados hasta ahora, se hará formal tasación y división de todos ellos con rigurosa igualdad y con intervención del sucesor inmediato, y si éste fuere desconocido, o se hallare bajo a patria potestad del poseedor actual, intervendrá en su nombre el procurador síndico del pueblo donde resida el poseedor, sin exigir por esto derechos ni emolumento alguno. Si faltasen los requisitos expresados, será nulo el contrato de enajenación que se celebre.
XIV. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por vía de mejora ni por otro título ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pía ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes o derechos, ni prohibir directa o indirectamente su enajenación. Tampoco podrá nadie vincular accione sobre bancos u otros fondos extranjeros.

CASTELLS, Irene; MOLINER, Antonio. (2000). Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845). Barcelona. Ariel. Pág. 106

Video sobre el Trienio Liberal

2010-10-26T03:56:00.000-07:00

Aquí tenéis un video sobre el Trienio Liberal, que complementa las entradas anteriores. Lo he encontrado en http://www.youtube.com/watch?v=A-Y_4eHJPSM

El Trienio Liberal II

2010-10-26T03:46:00.000-07:00

Con la reunión de las Cortes el 9 de julio en el palacio de doña María de Aragón, (de mayoría moderada), se inició la segunda etapa. Lo primero que hicieron las Cortes fue afrontar el problema del Ejército de la Isla, que con sus jefes ascendidos al generalato, exigía una recompensa por su labor en la revolución, y que preveía que se le concediera cuando llegara a Madrid desde Andalucía. Por ello, algunos moderados pensaron con miedo que podrían dar golpe de Estado.

Como consecuencia, se mandó disolver el ejército, pero las algaradas que se produjeron en Cádiz y San Fernando obligaron a dimitir al ministro de Guerra, marqués de las Amarillas, y tuvo que ser llamado Riego a Madrid para separarlo de sus tropas con el pretexto de concederle la capitanía de Galicia.

El flamante general con su falta de discreción y su incontinencia verbal, en un homenaje que le dio en Madrid la Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, se enfrentó directamente con el jefe político de Madrid en una función que organizó en su honor en el Teatro Príncipe.

Por ello, Riego fue inmediatamente destituido como capitán general de Galicia. La reacción fue fulminante: algaradas y motines callejeros contribuyeron al enturbiamiento del ambiente festivo liberal. Empezaba así a ahondarse el abismo entre las dos formas de entender la revolución.

La lucha se trasladó a las Cortes cuyas sesiones adquirieron un tono violento planteándose el dilema entre la libertad sin orden y el orden sin libertad, entre los moderados y exaltados.

La destitución de Riego (fue trasladado a Oviedo), supuso a partir de ese momento que los liberales dejasen de ser un bloque monopolítico para dividirse en dos tendencias: los primeros llamados doceañistas, por haber participado en las Cortes de Cádiz, y los segundos veinteañistas. Para éstos últimos la revolución no había llegado a su fin, por lo que había que seguir luchando y cambiarlo todo. La institución monárquica era puramente accidental, aunque no pensasen en su supresión, buscaban el apoyo popular, comenzaron a ser llamados exaltados.

El problema de las Sociedades patrióticas fue otro foco de conflictos. Eran reuniones de liberales en lugares públicos, normalmente cafés, donde los ciudadanos subidos en sillas, improvisaban arengas encaminadas a celebrar el advenimiento de la libertad. Para evitar manifestaciones y algaradas como las ocurridas durante la estancia de Riego, las Sociedades patrióticas fueron suprimidas porque no eran necesarias para el ejercicio de una libertad que los moderados consideraban suficiente. No obstante, permitieron formar grupos de oradores, mientras que no se constituyan en sociedades.

Los exaltados, hicieron caso omiso a la prohibición y algunas sociedades como La Fontana y la Gran Cruz de Malta continuaron existiendo y La Landaburiana se creó después.

Más influyentes que las sociedades patrióticas fueron las Sociedades secretas como la masonería, que tuvo una participación en la preparación del pronunciamiento de Cabezas de San Juan. Estas sociedades trataron de conseguir cotas de poder político mediante el dominio de ciertos ministerios. También en estas sociedades se manifestó la división entre exaltados y moderados, ya que se escidieron los más radicales que formaron la sociedad secreta de los comuneros e hijos y vengadores de Padilla: la Comunería debía ser considerada como un movimiento en defensa de la Constitución con claro matiz nacionalista donde el supremo jerarca se llamaba el Gran Castellano y ejercía su poder sobre comunidades, merindades, castillos, fortalezas y torres.

En lo tocante al tema económico, en la etapa moderada se sentaron las bases del sistema hacendístico y de la política económica que iba a regir durante el Trienio Liberal. Como es evidente, se iban a seguir las premisas de lo que había ocurrido en Cádiz.

El plan de Hacienda presentada a las Cortes tenía dos objetivos: aumentar los ingresos del erario sin recargar los impuestos y equilibrar el presupuesto. Esto sólo se podría alcanzar aumentando la riqueza interna con la colaboración de la propia Hacienda y de la acción gubernamental.

El primer programa económico del Trienio Liberal contempló los siguientes puntos: necesidad de conocer la verdadera situación del país, para lo que se imponía la recopilación de datos fiables (con la reforma de Martín de Garay, que no cuajó, se adulteraron muchos datos), reparación de las pérdidas ocasionadas por la guerra y consiguiente sacrificio del erario, reconocimiento propio como potencia de segundo orden (y, por ello, asunción de la pérdida de las colonias) y mantenimiento de la paz, tanto exterior e interior como con las posesiones ultramarinas; protección al trabajo; cotización sobre el producto líquido de las rentas (lo cual era claramente revolucionario) y elaboración de un presupuesto de gastos de acuerdo con las posibilidades de los contribuyentes.

Con este programa se estableció el sistema que iba a regir durante el Trienio Liberal. De él se deduce una notable disminución de los ingresos, en parte debida al retroceso de la actividad económica, en parte deliberada para aliviar al

contribuyente y favorecer la producción. Este proyecto sólo podía llevarse a cabo con un momentáneo endeudamiento previsto en el presupuesto de 1821 en 200 millones de reales.

Con estas medidas los liberales intentaron resolver el problema de la acuciante Deuda, y sanear la situación económica. Pe3ro para ello el país debía dejar de lado las estructuras del Antiguo Régimen, lo cual fue imposible en tan breve tiempo. Recordemos, por ejemplo, que la Desamortización de Madoz, legislada en 1855, duró hasta 1924.

Las Cortes continuaron las reformas inconclusas en la etapa gaditana, destacando la legislación socio-religiosa con la supresión de las vinculaciones, la prohibición a la Iglesia de adquirir bienes inmuebles, la reducción del diezmo, la supresión de la Compañía de Jesús y la reforma de las comunidades religiosas.

Esta ley suprimía todos los monasterios de las órdenes monacales, prohibía fundar nuevas casas y aceptar nuevos miembros, al mismo tiempo que facilitaba 100 ducados a todos aquellos religiosos o monjas que abandonasen su orden. Los liberales buscaban con estas reformas aumentar los ingresos del Estado y quebrantar cualquier

oposición religiosa a su política. En este segundo objetivo consiguió un efecto contrario: el rey y sus partidarios decidieron hacer frente de modo activo al proceso revolucionario, y el rey con el apoyo del nuncio, se negó en principio a sancionar la ley.

El enfrentamiento entre el rey y los liberales (tanto exaltados como moderados) fue constante, comenzando siempre con una actitud de firmeza por parte del monarca y terminando con su claudicación. Tal vez la crisis más famosa ocurrió cuando en el discurso, escrito por Argüelles, de apertura de las Cortes el 1 de marzo de 1821, Fernando VII introdujo, la coletilla, quejándose de la falta de autoridad del

Gobierno ante los ultrajes y desacatos de todas clases cometidos a mi dignidad y decoro contra lo que exige el orden y el respeto que se me debe como rey constitucional.

De la crisis de la coletilla salió un nuevo Gobierno moderado que marcó una segunda etapa en el Trienio Liberal y que se caracterizó por el desbordamiento de los moderados tanto por los liberales exaltados como por los realistas.

El nuevo Gobierno decidió ser eminentemente realizador, que en plano económico se concretó en un ajuste del presupuesto con un déficit previsto de más de 550 millones de reales, en un crédito extranjero por importe de 300 millones, en la devaluación monetaria y en la emisión de un empréstito nacional que no logró a cubrirse.

Por su parte, las Cortes llevaron a cabo dos importantes reformas administrativas que tenían en común la imposición de un centralismo muchos más exigente que el borbónico. La 1ª de ellas fue la división de España en 52 provincias, y el

robustecimiento de los correspondientes organismos, diputaciones y tesorerías que debían permitir una mejor y mayor recaudación tributaria. La 2ª, La Ley de Instrucción Pública, que, como sabemos establecía tres etapas de enseñanza que se hicieron clásicas, primaria, media y superior, fijaba en 10 el número de universidades y cercenaba la autonomía universitaria al establecer unos planes de estudios idénticos en todo el país. Con ello, se continuaba con la línea centralizadora iniciada en la división administrativa, y que estaba en total consonancia. Recordemos que el jefe político, que era el cargo que se situaba al frente de cada provincia, era un representante del poder central que precisamente tenía, entre sus atribuciones, la gestión de la educación en su ámbito de actuación.

Otro problema muy serio que tuvo lugar en este momento fue la revolución exaltada. Ésta se manifestó mediante una serie de alzamientos a lo largo de toda

España, a partir de octubre de 1921. Los centros principales fueron Cádiz y La Coruña, al igual que la habían sido a comienzos de 1820, y sus líderes- Riego, Quiroga y Espoz y Mina- los mismos que se alzaron ese año.

Esta revuelta se inició en Zaragoza donde Riego, que había sido nombrado capitán general de Aragón, estaba relacionado con dos conspiradores franceses republicanos.

El general Riego fue destituido a causa de un informe del jefe político de Zaragoza. El nuevo capitán general, Ricardo Álava, logró restablecer precariamente el orden público y en Madrid, a pesar de haberse clausurado una vez más la Sociedad patriótica La Fontana de Oro, otra asonada se produjo la noche del 18 de septiembre, siendo reprimida enérgicamente por el jefe político Martínez San Martín mediante cargas de caballería y, pasada la medianoche el Gobierno controlaba la situación.

Cádiz y La Coruña se mantuvieron al margen del Gobierno, desarrollándose auténticas escenas de anarquía. En Galicia, la rebelión fue encabezada por el propio capitán general, Espoz y Mina, que publicó un manifiesto denunciando el “feroz absolutismo del Gobierno servil que había en Madrid”. Sin embargo, los exaltados no consiguieron el triunfo total en Galicia por la decidida intervención del general Latre que pudo atrincherarse en Lugo e impedir el avance de Mina hacia el interior.

Aunque no llegó a una situación de guerra civil, el Gobierno tuvo que transigir con los rebeldes exaltados concediéndoles paulatinamente lo que en el fondo buscaban: una participación en los resortes del poder.

Los menos extremistas de los exaltados negociaron con algunos moderados y en medio de un clima de entendimiento lograron prácticamente todo los que pedían. Cuatro ministros abandonaron el Gobierno, y poco después una nueva crisis ministerial dio entrada a un nuevo Gabinete de los moderados presidido por Martínez de la Rosa, llamado Rosita la Pastelera por su espíritu conciliador, que proyectó una reforma constitucional con Cortes bicamerales, claro anticipo del Estatuto Real Isabelino.

La pérdida de las elecciones de 1822 por los moderados y el que la intentona de la Guardia de Infantería de palacio fuera abortada por la Milicia Nacional y no por el Gobierno el 17 de julio hizo saltar el gobierno moderado de Martínez de la Rosa.

A partir de julio de 1822 el poder ejercido por los exaltados con el Gobierno de Evaristo de San Miguel primero y posteriormente cuando ya había comenzado la intervención francesa con el Álvaro Flórez de Estrada. Pero este triunfo no supuso resolver los problemas que acuciaban al país.

La falta de autoridad vino, en primer lugar por la incapacidad de los ministros, reconocida posteriormente por el propio San Miguel.

El apoyo incondicional y absoluto de la masonería trajo consigo la oposición de los moderados; una oposición a todos los niveles porque el Gobierno removió a la mayor parte de los empleados de la Administración. Finalmente las potencias de la Quíntuple Alianza amenazaron con intervenir. La falta de autoridad del Gobierno se tradujo en un endurecimiento de la vida política, que adquirió las connotaciones propias de un ambiente de guerra civil con posturas irreconciliables y acciones extremistas como matanzas, deportaciones y destrucciones.

El problema que definitivamente acabó con este período liberal fue la contrarrevolución realista que, comenzando con pequeños alzamientos, terminó convirtiéndose en la primera guerra civil de la historia contemporánea en España.

En esta contrarrevolución actuaron tres elementos diferentes que normalmente no estaban conjuntados sino dispersos. El 1º El rey, que a lo largo de todo el Trienio vivió su experiencia de monarca constitucional sin la menor voluntad de entendimiento con las Cortes y con el Gobierno. En el ejercicio de sus funciones favoreció las opciones políticas más moderadas, toleró, si no estimuló, las iniciativas subversivas de la Guardia Real y usó el veto hasta el límite permitido por la Constitución.

Además, Fernando VII conculcó la Constitución que había jurado y por la que había prometido marchar francamente, con medidas como el nombramiento de un capitán general para Madrid sin el preceptivo refrendo ministerial, la protección que brindó en el palacio real a los guardias rebeldes a la autoridad militar y la demanda de una intervención militar de las potencias legitimistas como única solución para recuperar el poder autoritario que había practicado a su regreso de Francia.

En 2º lugar, está la resolución armada de forma de partidas, con precedente en las guerrillas de la Guerra de la Independencia, sin organización entre ellas ni unificación de mandos. Las proclamas muestran una oposición frontal al régimen liberal, pero no una vuelta pura y simple al pasado sino más bien la edificación de un nuevo régimen con un carácter renovador, en el que la soberanía de Fernando VII sea algo más que un símbolo.

Estas protestas se manifestaron en la creación de dos Juntas realistas: una, en Bayona, capitaneada por el general Eguía, y otra, en Toulouse, dirigida por el marqués de Mataflorida, que por exigencia francesa conquistó la plaza fuerte de Urgell, estableciendo una Regencia que logró reunir a 13.000 hombres con el fin de rescatar al rey de manos de los liberales.

Esta regencia fue incapaz de vencer a las tropas liberales al mando de Espoz y Mina, por la carencia de recursos económicos. El triunfo de las armas liberales llevó a la Regencia a refugiarse en Llivia y posteriormente a internarse en Francia.

La impotencia de los realistas para vencer al liberalismo, junto con la petición de ayuda de Fernando VII, forzó la intervención militar extranjera en los asuntos internos españoles decretada el 20 de octubre de 1822 en el Congreso de Verona. La invasión, que se encomendó a Francia por la desconfianza que provocaba en la cancillería austriaca la posible participación rusa, se inició el 7 de abril de 1823.

A diferencia de lo ocurrido años antes, no se produjo la resistencia popular que esperaba el Gobierno liberal y los tres ejércitos formados precipitadamente al mando de Espoz y Mina, Ballesteros y el conde de La Bisbal se rindieron sin apenas combatir. Los Cien Mil Hijos de San Luis al mando del duque de Angulema, encontraron poca oposición. Esto fue debido por el descontento con la política económica y sobre todo en los medios agrarios, que repercutió en el deterioro del sistema político constitucional del Trienio, incrementado por la mala cosecha de 1822 creando condiciones adecuadas para un gran levantamiento rural.

A finales de la primavera de 1823, el Gobierno liberal tuvo que evacuar Madrid y se trasladó a Sevilla junto con las Cortes y con el rey, a pesar de que éste había alegado un ataque de gota. La derrota de las fuerzas gubernamentales en Despeñaperros, obligó un nuevo traslado a Cádiz, que se pudo hacer declarando loco al rey, hecho que Fernando VII nunca perdonaría y creando una Regencia encargada del poder ejecutivo.

Una vez en Cádiz, tuvo lugar el único combate de las tropas francesas: el asalto al poco defendido fuerte del Trocadero. El 29 de septiembre las Cortes decidieron dejar libre al rey y negociar con el duque de Angulema. Con ello finalizó el segundo episodio de la REVOLUCIÓN LIBERAL española y se abrió el último período de existencia del Antiguo Régimen en España.

El Trienio Liberal I

2010-10-26T03:12:00.000-07:00

El segundo ensayo liberal se inicia el 7 de marzo de 1820, cuando Fernando VII promete respetar la legislación y los principios básicos liberales. De esta forma, jura la Constitución de 1812 el día 9, y así se inicia un interesante período de tres años, en el que se intentó de nuevo, e infructuosamente, implantar en España el liberalismo.

Este período de tres años se puede dividir en diferentes etapas. La primera de ellas, es conocida como la etapa de la Junta Provisional, que dura hasta la reunión solemne de las Cortes el 9 de julio. En este momento, el Trienio liberal entra en una nueva etapa.

Respecto a la Junta, ésta fue impuesta por Fernando VII el 9 de marzo, y su objetivo fue asegurar el éxito de la sublevación de signo liberal iniciada el 1 de enero en Cabezas de San Juan por el ejército expedicionario destinado a combatir los movimientos independentistas de las colonias americanas. Como consecuencia, podemos deducir que, en principio, la imposición del rey hizo que fuera relativamente moderada.

Estuvo presidida por el cardenal Borbón y formada por diez reconocidos liberales, pero no los más

relevantes, puesto que los más importantes de las Cortes de Cádiz estaban encarcelados, desterrados o exiliados.

Fue, en su origen, un órgano consultivo. No obstante, con el paso del tiempo ejerció amplísimos poderes y gobernó el país en la sombra, ya que sus dictámenes, acordados generalmente por unanimidad, nunca tuvieron carácter público. Sin embargo, las decisiones importantes pasaron por sus manos y necesitaron su aprobación en una suma de facultades propias de una Regencia Provisional.

A nivel de conceptos políticos, debemos recordar que en ella se depositó la soberanía nacional hasta que unas nuevas Cortes elegidas por el pueblo la ejercieran. Por este motivo, tenía más autoridad que las Juntas provisionales que se crearon a partir de febrero (que eran mucho más radicales), y que incluso estuviera por encima del Gobierno y de Fernando VII. De esta forma, ejerció el poder sin Cortes, pero recordemos que de forma interina.

Tras la firma de la Constitución de 1812 por Fernando VII se legalizaba toda la obra legal de las Cortes de Cádiz, y por ello se volvía a intentar, como ya hemos comentado, la implantación del liberalismo. Se promulgaron, por tanto, los decretos que deshicieron el Antiguo Régimen a nivel social, económico y político. No obstante, esta vuelta a lo que ocurrió en Cádiz no era posible, ya que el propio Rey había sido el protagonista de una muy intensa represión de los liberales. Además, en principio, constitucionalmente este período era ilegal, porque no fue el rey el que eligió al Gobierno, sino la Junta, porque el monarca, pese a lo que había publicado en 1820, no aceptó a ministros claramente liberales, como Agustín Argüelles.

Como consecuencia, la Junta cedió ante las presiones de liberales más extremistas como eran los que formaban las Juntas provinciales y las Sociedades patrióticas. Éstos se negaron a aceptar a ministros como Amarillas (guerra), Salazar (Marina) y Parga (Gobernación de la Península). Ministros que eran nbombrados por la Junta Porvisional, y que eran de marcado carácter moderado.

Esta etapa provisional, muy tensa entre la Junta y Fernando VII, sólo podía cerrarse con la convocatoria de Cortes, que se hizo de forma que fueran ordinarias. De esta manera, se imposibilitaba que se reformara la Constitución de 1812, lo cual habría ocurrido si se hubieran convocado Cortes Constituyentes.

El Nuevo Régimen contó en la cúspide del poder con el rey, poco dispuesto a colaborar en su implantación, el Gobierno, primero a la medida del monarca y del régimen derrocado, después a la del sistema constitucional, y con la Junta provisional encargada de realizar la transición. Esta Junta, como ya hemos visto, se vio muy presionada por las Juntas Provinciales y por las Sociedades Patrióticas y el ejército más imbuido de ideas liberales, con lo que su actuación se fue radicalizando poco a poco.

Sobre la conducta del rey, hay que decir que en los primeros meses pasó por dos fases. La primera hasta el 22 de marzo, se caracterizó por la resistencia total a medidas que desembocaran en lla implantación efectiva de la soberanía nacional. No obstante, con la formación del nuevo Gobierno y con la convocatoria a Cortes, y sin apoyo interior ni exterior, a Fernando VII no le quedó más remedio que resignarse.

La Junta, por su parte, fue respetuosa pero firme con el rey, de modo que en la diaria discusión de los asuntos de Estado dejó testimonio patente de la desconfianza en la intención y actuación real, mientras que transmitió a la opinión pública un convencimiento de su buena voluntad que estaba lejos de sentir.

El Gobierno, tanto el antiguo como el provisional o el llamado constitucional, careció casi por completo de autoridad. Quien tenía el poder efectivo era la Junta, y su competencia quedó reducida, a las cuestiones de trámite, a la preparación de trabajos para las futuras Cortes y a la consulta y cumplimiento de las

resoluciones de la Junta Provisional.

Un problema muy serio fueron las Juntas provinciales, muy radicales, que debían disolverse automáticamente en el momento en que la soberanía pasase a las Cortes. Estas Juntas no sólo funcionaron como entes autónomos en sus propios territorios antes del juramento del rey, sino que pretendieron continuar en la misma línea después de él. Siguieron manejando los fondos de las rentas, con grave perjuicio para el erario y pusieron en vigor normas como la supresión del derecho de puertas que el Gobierno central no había sancionado. En cambio se resistieron a obedecer aquellas medidas que de alguna manera socavasen su autoridad, como reposición de las Diputaciones de 1814 o la reorganización de sus respectivos ejércitos, y presionaron para que se formase un nuevo gobierno y se destituyese a los ministros sospechosos (Amarillas, Salazar y Parga), persecución de no adictos etc.

Respecto a las Sociedades patrióticas, eran asociaciones de ideología liberal que disponían de una importante fuerza política. Esta fuerza se debió a que u fuerza radicó en la influína considerablemente en la opinión pública (de los que sabían leer, claro está). Como en el caso de las Juntas provinciales, el poder central utilizó su influencia para respaldar su propia política, pero se negó a admitir cualquier propuesta que socavase su autoridad, máxime si iba acompañada de una manifestación pública como la petición de dimisión del ministro de guerra, el marqués de las Amarillas.

Otro problema al que se tuvo que enfrentar esta Junta fue el Ejército de la Isla, el que se había sublevado con Riego. Estos militares habían conseguido la revolución, y por ello tenían mucho prestigio.No obstante, la Junta no contó con sus jefes para tareas de gobierno, por lo que se enfrentaron a ella. Así se inició la espiral que llevaría a la toma del poder a la fracción exaltada. De esta forma, dentro de la familia liberal empezó a gestarse la división entre éstos, exaltados, y los moderados.

Los moderados trataron de contener a los realistas y uniformar al país bajo el credo liberal pero no consiguieron la unidad de pensamiento. Discutieron con los exaltados por cuestiones como la exigencia generalizada de juramento a la Constitución, enseñanza de la Ley fundamental desde el púlpito y la escuela, la separación de empleados de sus puestos por razones políticas...

Otro elemento opositor fue la Iglesia, que perdió su enorme influencia, y que se oponía a la disminución de las atribuciones de la Corona, que mermaba su propio poder. La supresión del Tribunal de la Inquisición y la ley de Libertad e Imprenta supusieron para la Iglesia un serio recorte a su ascendiente cultural y político. Otras medidas como la obligación de predicar la Constitución no estuvieron exentas de revanchismo, y otras relativas secularizaciones y prohibición de nuevas profesiones, así como venta de fincas, con el fin de disminuir el clero regular en número y poder económico. Las protestas de la Santa Sede y hostilidad del alto clero aumentaron a la vez que se ponía en vigor la legislación gaditana. Esto alimentó un creciente anticlericalismo durante el Trienio.

A los problemas existentes hay que añadir el temor a una intervención europea, de tal modo que la política exterior se redujo prácticamente a un aspecto más de la política interior. En consecuencia, los principales esfuerzos se dirigieron a mitigar toda impresión desfavorable sobre el Nuevo Régimen y así evitar la injerencia exterior. De momento se conjuró un ataque armado y una advertencia oficial a las Cortes, a una política intervencionista por falta de apoyo de Londres y Viena, pero sin descarar una acción posterior a tenor de los

acontecimientos.

A los problemas existentes se vino a sumar la precaria situación económica heredada de épocas anteriores y los costes derivados de la propia coyuntura revolucionaria. El legado de Carlos IV se agudizó con el empobrecimiento general causado por la guerra de la Independencia, el mantenimiento de un ejército para sofocar los movimientos independentistas de las colonias y la ausencia de caudales americanos. Los gastos extraordinarios por el retorno de Napoleón a Francia y la fiebre amarilla en Andalucía aumentaron todavía más las penalidades.

A esta crisis interna se superpuso la crisis internacional de precios y la falta de un adecuado mercado nacional que colocaran al país en una posición favorable al cambio político y viceversa: la situación económica no fue buena aliada para la consolidación del nuevo sistema. La propia revolución aportó en los primeros meses más factores desfavorables: debido a la autonomía de las regiones donde se iba proclamando la Constitución, a la falta de confianza en un gobierno provisional erigido al margen de ellas y a la escasez crónica del erario, la nación estuvo al borde de la suspensión de pagos.

La Junta se trazó una política de supervivencia que permitiese llegar hasta la reunión de las Cortes. Infundir confianza en la transición era primordial, para que las provincias aportasen sus caudales y Tesorería. Para ello se llevó a cabo la reforma administrativa de la Hacienda señalada por la legislación gaditana y se tendió al ahorro del gasto público, el control de los funcionarios y de los ingresos, así como el pago de los gastos más urgentes. Para recabar fondos recurrieron a solicitar un préstamo a los comerciantes y a mantener el sistema tributario del Antiguo Régimen para evitar el colapso de la Hacienda. Objetivos que no llegaron a alcanzarse, por los enfrentamientos con los conservadores.

Con ello, se pasó a un nuevo período, el período moderado.

Sobre la reforma de Martín de Garay

2010-10-25T03:32:00.000-07:00

Como sabemos, tras el golpe de Estado que supuso el Decreto de Valencia de 1814, Fernando VII repuso las instituciones propias del Antiguo Régimen. No obstante, a los problemas intrínsecos derivados de la propia esencia de este sistema, había que añadir los problemas coyunturales del período, muy convulso tras la Guerra de la Independencia, y agravados por la progresiva pérdida de las colonias.

En este contexto, el problema del déficit de la Hacienda crecía y crecía. La única solución parecía ser la creación de un sistema impositivo en el que hubiera un solo impuesto. No obstante, la contribución única, a pesar de ser equitativa, engendraba serias dificultades para evaluar la riqueza, con lo que la cantidad recaudada disminuía y daba origen además a un descontento popular, mientras que el sistema tradicional, el sistema propio del Antiguo Régimen, de imposiciones indirectas, aseguraba los ingresos del Estado por la experiencia con que contaban y gozaba de la aceptación del pueblo, por lo tanto resultaba eficiente.

Por todo ello, se necesitaba buscar un sistema que combinase ambas formas de impuestos. A lo largo del siglo XIX se experimentaron sucesivas reformas que conducirían en 1845 al sistema mixto de Mon. Garay fue un episodio más en es proceso.

De esta forma, en marzo de 1817 presentó su plan de reforma de la Hacienda, que sería aprobado después de un amplio debate en el Consejo de Estado, el 30 mayo. Había partido de la labor realizada por la junta de Hacienda presidida por Ibarra que le había precedido. Garay recortó el gasto público, a través de un presupuesto anual - era la primera vez, después de haberlo planteado las Cortes, que se afrontaba un plan presupuestario de un modo efectivo en España- que fijaba una determinaba cantidad inalterable para cada ministerio, y reducción de los empleos a cargo del Estado, límite de los sueldos de los funcionarios y otras medidas encaminadas a saldar el déficit presupuestario. Era, por tanto, una medida muy interesante encaminada a reducir el agobiante déficit que se arrastraba desde Carlos IV, y que se había agravado tras las últimas guerras.

Proponía a continuación una reforma del sistema fiscal. Consistía ésta en la supresión de las rentas provinciales (de las cuales se beneficiaban según Garay los poderosos que se libraban de pagarlas y los empleados que vivían de ellas) a cambio de la imposición de impuestos directos a través de una contribución general similar a la “única” de Aragón (aquella que se había creado a raíz de los Decretos de Nueva Planta), a la que se había de añadir un impuesto de 30 millones de reales que debía pagar la Iglesia y otra serie de contribuciones como las que se aplicaban sobre los salarios de empleados. Por todo ello, nos encontramos ante medidas novedosas, sobre todo dentro del Antiguo Régimen.

Estos medidas se combinaban con imposiciones indirectas en las ciudades y pueblos importantes como los derechos de puertas, las rentas de aduanas y puertos y las estancadas o monopolios fiscales. Además, Martín de Garay eliminaba con su sistema las aduanas interiores, lo cual debía producir necesariamente el desarrollo del comercio, la industria y la agricultura. Como es evidente, esto estaba inspirado en los principios de libre mercado de los liberales, un avance enorme en esta época.

Sin embargo, por esto mismo Garay se enfrentaba a las desigualdades derivadas de la estructura social del Antiguo Régimen, así como a los privilegios de las provincias exentas y recoge las palabras de Garay en las que manifiesta su incomprensión hacia lo que consideraba que originaban las desigualdades, es decir, el beneficio de la mitad de los españoles a costa del sacrificio de la otra mitad.

Para hacer efectivo el plan era preciso establecer unos cupos provinciales que repartiesen la carga impositiva. El repartimiento general correría a cargo de la Dirección General de Rentas, que lo remitiría a la Contaduría General. Ésta, partiendo de una cifra aproximada basada en las recaudaciones anteriores, marcaría el reparto por provincias. En cada una de ellas el intendente se lo haría saber a los pueblos donde una junta formada por el regidor, alcalde mayor, el obispo o párroco más antiguo, el regidor decano, el síndico personero o del común y el secretario del ayuntamiento elegirían a dos de entre ellos para proceder al repartimiento individual. Se contemplaba un procedimiento estadístico de evaluación de la riqueza que debía sufrir ajustes según marcase la experiencia del primer año. ES decir, el procedimiento requería que cada localidad publicase una especie de Cuadernos de Riqueza, donde se reflejasen los recursos de que disponía cada población, y así aplicar en ella el cupo correspondiente.

Sin embargo, Martín de Garay se enfrentó a importantes problemas: las juntas formadas por los notables de las ciudades o pueblos no tenían demasiado interés en resolver la tarea que se les presentaba y se les pidió que elaborasen unos cálculos sobre el rendimiento de cada actividad económica que estaban muy lejos de sus capacidades.

Después de acabar su plan de reforma de la Hacienda se aplicó en estudiar el problema del Crédito Público. Para ello, definió la deuda pública como un contrato recíproco entre el Estado y el individuo acreedor, que con justicia tendría que reclamar su cumplimiento cuando la nación estuviese en disposición de efectuarlo. Este aspecto también era novedoso, ya que con anterioridad, la Corona no siempre había satisfecho sus obligaciones con los tenedores de deuda pública.

Consideraba, por tanto, esencial abordar la amortización de una deuda, de la cual, además de haberse dejado de pagar réditos, no se hacían efectivas las amortizaciones de un modo regular desde la época de Carlos IV. Tendrían que emprenderse los pagos de un modo progresivo, ya que con ello retornaría la confianza en la Deuda pública y se destinaría menos cantidad a este sector, lo cual redundaría en la consecución del equilibrio presupuestario.

Su plan implicaba la renuncia de los acreedores a parte de sus créditos en beneficio del Estado lo que realmente constituía una bancarrota parcial. Para afrontar los pagos se efectuaría una parte en metálico pero otra en papel valedero para la adquisición de propiedades de la corona y de la iglesia, por lo que inició un sistema que luego seguiría Mendizábal.

Como consecuencia, se trataba por tanto de un proyecto desamortizador que desagradó en gran manera al estado eclesiástico y contó con la clara oposición del rey. Hualde, capellán de honor y ardiente defensor del absolutismo, expresó con su dictamen en el Consejo de Estado las claves que explican los motivos que las clases privilegiadas tenían para discrepar de los intentos de reforma.

Utilizaba en primer lugar como argumento contra Garay las dificultades que se estaban encontrando para ejecutar el plan del 30 de mayo y el malestar que éste había creado, y se negaba a aceptar la desamortización de fincas de los maestrazgos y de encomiendas, así como la separación de las rentas de prebendas y beneficios, dejando entrever que ello constituía una grave ataque a la religión.

Vinculaba la reforma con los decretos desamortizadores de las Cortes a los que acusaba de intentar causar la ruina del Trono y del Altar y a los que calificaba de antimonárquicos. Además, advertía al rey de que se le estaba tratando como a un ciudadano más, puesto que se le extendía una imposición contributiva humillante. Por lo tanto el proyecto de Garay resultaba contrario a la religión, a la monarquía y a la nobleza, a la que se trataba de equiparar al resto del pueblo.

De esta forma, Martín de Garay se vio bloqueado por los elementos más conservadores, la Iglesia y la nobleza, que lucharon por evitar que cualquier intento de reforma socavase sus privilegios.

Sobre los afrancesados

2010-10-20T05:02:00.000-07:00

Los afrancesados, como sabemos, eran los españoles que juraron fidelidad a José I y colaboraron con el
régimen político que éste intentó implantar en España.

Ideológicamente eran herederos de la tradición ilustrada que tuvo su apogeo en el reinado de Carlos III, y que en el reinado de Carlos IV, a raíz de la Revolución francesa, remitió ya que Carlos IV defendió la monarquía absoluta y el sistema económico y social del más puro Antiguo Régimen, frente a las medidas reformistas que se acometieron durante el reinado de su padre.

Estos ilustrados reformistas, con la llegada de los Bonaparte, comprobaron que gran parte de sus proyectos, que con Carlos IV, y sobre todo a raíz de los sucesos de las jornadas revolucionarias en Francia, se había
cerrado a todo tipo de cambio, podían materializarse. Por ello, aceptaron el nuevo régimen y juraron fidelidad a José I. Se convirtieron así en afrancesados.
El sistema político que defendieron se materializó en la Asamblea de Bayona y en el Estatuto aprobado en esa ciudad, mediante los cuales pretendieron volver a un sistema más moderno, aunque sin llegar al liberalismo radical de posiciones más extremas. Este planteamiento era lógico, teniendo en cuenta que los principios herederos de la Revolución Francesa, los principios que aspiraban a transformar el Antiguo Régimen, estaban encarnados por un sistema, el de Napoleón Bonaparte, que era quien estaba triunfando en una Europa bañada en sangre. Por tanto, a nivel ideológico se encontraban a medio camino entre el liberalismo de Cádiz y el absolutismo rígido de Carlos IV y de Fernando VII.

Defendieron medidas económicas innovadoras y claramente reformistas como la supresión de las aduanas interiores, la abolición del sistema señorial y de los mayorazgos y los privilegios de la nobleza y el clero. Sin embargo, sólo lograron transformar la educación y abolir las penas difamantes. Entre ellos destacaron Azanza, O’Farrill, Cabarrús, Urquijo, Leandro Fernández de Moratín…

Fueron muy perseguidos por el liberalismo inicial y por Fernando VII, pese a que éste había firmado el Tratado de Valençay, que le obligaba a respetarlos. Por ello, se tuvieron que exiliar. Sin embargo, volvieron al país de su exilio con Isabel II e influyeron ideológicamente en la creación del Partido Moderado.

Un texto típico de los afrancesados es el siguiente:

No temáis que nuestras tareas filantrópicas sean interrumpidas o perturbadas por el genio maléfico que tantos y tan graves daños ha causado a nuestra amada patria. Nuestro pensamiento es libre, como nuestras personas y propiedades. El brazo invencible del gran Napoleón derrotó el monstruo odioso, el abominable tribunal que con eterno oprobio de la razón humana ha violado impunemente por tantos siglos el derecho más sagrado del hombre, Gloria inmortal al gran Napoleón, vengador de los ultrajes hechos a la España por una canalla detestable que había establecido su tiránico imperio sobre el entendimiento del hombre. Gloria inmortal al Emperador filosófico que ha querido darnos un Rey ilustrado, bajo cuyos auspicios volverán los españoles a ser hombres, y destruidos los monumentos funestos de la superstición, se levantarán sobre sus ruinas los verdaderos templos de la razón, las glorias de los francmasones.

Como se puede comprobar, en este documento aparecen las lineas de pensamiento de los afrancesados. Por ejemplo, en la línea 2 el autor defiende la libertad de pensamiento tan típica de los ilustrados del XVIII (y de los liberales de Cádiz, aunque, en este caso, de forma más radical) y de los masones. Libertad también a nivel económico, lo cual planteaba la ruptura de los vínculos y amortizaciones que caracterizaron las estructuras económicas y sociales del Antiguo Régimen. Y odio a instituciones tan típicas de sistemas anteriores, como la Inquisición, a la que califica como monstruo odioso, el abominable tribunal que con eterno oprobio de la razón humana ha violado impunemente por tantos siglos el derecho más sagrado del hombre.

Por tanto, ruptura con la mentalidad del reinado anterior, el de Carlos IV, y ruptura con sus estructuras económicas y sociales. También defensa del imperio de la razón (destruidos los monumentos funestos de la superstición, se levantarán sobre sus ruinas los verdaderos templos de la razón) y cierto atisbo de defensa de la soberanía de los ciudadanos, o por lo menos, conversión de los súbditos en tales (bajo cuyos auspicios volverán los españoles a ser hombres). Por ello, un texto muy representativo de la forma de ser y pensar de aquellos que apoyaron el régimen de José I, pensando que apoyaban al caballo ganador.

El sistema político de José I

2010-10-19T04:03:00.000-07:00

El siguiente documento es una muestra del sistema político que se implanta en España con José I, y sirve como complemento del Estatuto de Bayona, cuyo comentario general se ofrece en la entrada anterior.

Es cierto que el autor no es el nuevo monarca Bonaparte, sino su hermano, pero precisamente por ese motivo, porque fue Napoleón Bonaparte el que impuso a la llamada Asamblea de Bayona ese citado documento pseudo-constitucional, por el que se puede considerar como un ejemplo ilustrativo de lo que se iba a intentar implantar.

Napoleón, emperador de los franceses, rey de Italia, etc. […]
Españoles: después de una larga agonía, vuestra nación iba a perecer. He visto vuestros males y voy a remediarlos. Vuestra grandeza y vuestro poder son parte del mío.

Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las Españas; yo no quiero reinar en vuestras provincias; pero sí quiero adquirir derechos eternos al amor y al reconocimiento de vuestra prosperidad.

Vuestra monarquía es vieja; mi misión se dirige a renovarla; mejoraré vuestras instituciones y os haré gozar de los beneficios de una reforma sin que experimentéis quebrantos, desórdenes y convulsiones.
Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las diputaciones de las provincias y de las ciudades. Yo mismo quiero saber vuestros deseos y vuestras necesidades. Entonces depondré todos mis derechos, y colocaré yo mismo vuestra gloriosa corona en las sienes de otro, asegurándoos una Constitución que concilie la santa y saludable autoridad del Soberano con las libertades y privilegios del pueblo.

Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros antepasados y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra culpa, sino del mal gobierno que os regía. Tened suma esperanza y confianza en las circunstancias actuales, pues quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria.
Dado en nuestro palacio imperial y real de Bayona, a 25 de mayo de 1808, Napoleón.
Gaceta de Madrid, 3 de junio de 1808.

En este documento observamos que Napoleón es el autor. Se trata del nuevo monarca francés, que ha impuesto en casi toda Europa los principios sociales y económicos de la Ilustración del siglo anterior, y de la Revolución, pero bajo la cobertura de un sistema político autoritario. Así lo vemos en este texto, en el que el Emperador de los franceses a causa del descrédito y crisis interna de la dinastía de los Borbones, y a raíz de los hechos acaecidos en Bayona (como expresa en las líneas 2, 3 y en el penúltimo párrafo), sustituye a dichos reyes por la dinastía de los Bonaparte. Pero no será él el que reine, como manifiesta en el tercer párrafo, sino que ofrece primero la Corona a su hermano Luis, quien la rechaza, y, posteriormente, a José, quien sí la acepta.

Con estos hechos se inicia el proceso de sustitución no sólo de una dinastía por otra, sino de un sistema de relaciones económicas, sociales y políticas, típico del Antiguo Régimen, por otro más moderno. Autoritario, es cierto, pero de nuevo cuño, más racional. Así lo expresa en el cuarto párrafo. De hecho, inicia el proceso de sustitución institucional con la Asamblea de Bayona, especia de parlamento (que no fue tal) convocado en la citada localidad francesa, a la que tiene la intención de conceder, en ejercicio de su autoridad, un Carta Magna, en la que, como manifiesta en el antepenúltimo párrafo, concilie la santa y saludable autoridad del Soberano con las libertades y privilegios del pueblo.

La conclusión es evidente: modernización en lo social y económico, como veremos en el Estatuto de Bayona, pero en lo político, una suerte de soberanía compartida que, si bien rompe con las estructuras del Antiguo Régimen, instaura uno nuevo, pero sin sobresaltos ni hechos revolucionarios violentos.

Esta circunstancia hizo que muchos ilustrados, ante la posibilidad de que el sistema josefino fuera el único que garantizara magros logros y avances en el sentido de la filosofía ilustrada, abrazaran la causa de José I. Lo más lógico es que ésta, apoyada por el ejército napoleónico, triunfante en toda Europa, triunfara, y no las exiguas armas españolas, si bien es cierto que apoyadas, sobre todo, por los ingleses y por la inefable guerrilla.

Por todo ello, podemos afirmar que, em el transcurso de la Guerra, se desarrollaron dos modelos que tenían como objetivo acabar con el Antiguo Régimen: el de José I, y el de las Cortes de Cádiz. Fue éste último el que al final se impuso, pero, cuando Fernando VII volvió con la intención de recuperar el trono, dio un golpe de Estado desde arriba, y restauró el Antiguo Régimen en toda su dimensión.