martes, 21 de septiembre de 2010

La Guerra de Sucesión

La Guerra de Sucesión española supone una de los hitos más importantes del siglo XVII y de principios del siglo XVIII. Tras el efímero equilibrio continental definido en la Paz de Westfalia, con la que concluía la Guerra de los Treinta Años, se planteó en Europa un sistema de equilibrio que se basaba en la igualdad entre los diferentes estados, y en el respeto por el statu quo. No obstante, la Francia de Luis XIV, ansiosa de nuevos territorios, y ante la perspectiva de que la Monarquía Hispánica estaba dirigida por una persona enferma e incapaz, decidió iniciar una escalada de conflictos bélicos que tenían como objetivo deshacer progresivamente el Estado de los Austrias españoles. Pese a que sufrió algún revés, como la Paz de Ryswick, la Monarquía francesa iba estableciendo posiciones.
Los siguientes textos plantean los inicios de la Guerra de Sucesión y las consecuencias que tuvo para la Monarquía Hispánica.
Como sabemos, este conflicto sucesorio, de dimensiones civiles y continentales, tuvo consecuencias muy importantes para la configuración de la Monarquía española. Por una parte se perdieron territorios muy importantes, como se constata en la Paz de Utrecht, pero a nivel interior el Estado borbónico se cohesionó en virtud de los Decretos de Nueva Planta.
El primero de los aspectos comentados, la pérdida de territorios europeos, así como la concesión del derecho de comerciar con las Indias a Inglaterra, conllevó como consecuencia necesaria el debilitamiento político de la Monarquía española a nivel exterior.
Respecto a la estructuración interna, con los decretos de Nueva Planta el Estado borbónico uniformizó jurídicamente los territorios de la monarquía sobre la base de la legislación, usos, costumbres y lengua castellanos. Era la primera piedra en el proceso de construcción de España como país. En este aspecto cabe recordar el debate entre los partidarios de la idea de que Felipe de Anjou ya tenía pensado un modelo centralizado de Estado, y entre los partidarios de la premisa de que esta uniformización se debió tan sólo al derecho de conquista. Motivos no les faltan tanto a los partidarios de la primera postura, como a los partidarios de la segunda. En el primer caso, el decreto de 29 de junio de 1707 dejaba muy claro que en virtud del derecho de conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con el motivo de su rebelión, era un motivo militar, ya que, como sabemos, cuando accedió al trono Felipe de Anjou juró los fueros (como quedaba preceptuado en el testamento de Carlos II) e incluso permitió el comercio de Barcelona con las Indias. Además, Felipe V permitió a las provincias vascas y a Navarra el mantenimiento de las especificidades forales, puesto que no se habían rebelado contra él.
El segundo caso, el de los partidarios de la idea de que Felipe V trató desde el principio de introducir una legislación y un modelo de Estado similar al de Francia, se basaba, entre otros argumentos, en una frase del citado documento de 1707, que decía textualmente que considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes… Es decir, que el concepto que tenía el duque de Anjou de la monarquía y de la soberanía implicaba que como soberano estaba por encima de las leyes privativas, fueros y prerrogativas de cada uno de los diferentes territorios. De cualquier manera, la excusa para aplicar este concepto le vino dada por la rebelión de la Corona de Aragón.
Sea como fuere, hay autores que defienden el enorme perjuicio que supuso este proceso de castellanización, e incluso de afrancesamiento de las instituciones de gobierno (Carme Pérez…) pero otros como Vicens Vives, Pedro Voltees o Luis González Antón postulan que la castellanización no fue tan importante, y que como ciertas competencias de gobierno pasaron a las Audiencias de las cuatro capitales aragonesas, existía un cierto grado de descentralización. Otros como Domínguez Ortiz defienden que con los decretos de Nueva Planta, la Monarquía Hispánica modernizó y racionalizó sus instituciones de gobierno, iniciando una cierta centralización que no fue tan negativa. No obstante, es evidente que los historiadores e intelectuales catalanistas no comparten este punto de vista, y éste debe ser escuchado.

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